Visitará México relator de la comisión interamericana
Juan Méndez, relator para México y presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), visitará este país en mayo próximo para dar seguimiento a la actuación de las autoridades en el caso de las muertas de Ciudad Juárez.
Lo anterior es resultado de la audiencia que el jueves pasado se realizó en la sede de la CIDH en Washington, y en la que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) presentó una serie de propuestas encaminadas a evitar que ocurran más crímenes en esa ciudad fronteriza y, por otro lado, garantizar seguridad e integridad de las mujeres y sus familias cuando decidan interponer y dar seguimiento a su denuncia.
Estas acciones, que el gobierno mexicano se llevó para analizar, se darían en el contexto de la mesa interinstitucional, creada como mecanismo de colaboración entre el gobierno, los legisladores, las instituciones públicas de mujeres y las organizaciones civiles, explicó Adriana Carmona, directora del Area de Defensa de la CMDPDH.
Desde 1993 han sido reportados más de 269 asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, pero ninguno se ha documentado a cabalidad y en otros los familiares ni siquiera han interpuesto una denuncia penal por temor a las represalias. Carmona mencionó que incluso han sabido que los familiares reciben amenazas para desistirse de la investigación.
Por eso las organizaciones civiles que forman parte de la campaña "Alto a la impunidad: ni una muerta más" propusieron ante la CIDH que la mesa interinstitucional realice campañas nacionales contra todas las formas de violencia hacia las mujeres; cree mecanismos de alerta rápida en los que participen la sociedad civil y las autoridades encargadas de aplicar la ley. Además, los integrantes del mecanismo diseñarían un programa de protección y rehabilitación para los familiares que hayan sido amenazados y hostigados, y estructuren acciones para mejorar las condiciones laborales de las maquiladoras.
Respecto a las condiciones de la investigación, las organizaciones sociales propusieron el establecimiento de un plan de trabajo con tiempos e indicadores de avances, mecanismos para investigar actos de negligencia de los servidores públicos que han propiciado la impunidad y presentación de un informe mensual a la CIDH, familiares y organizaciones sobre los avances de las indagatorias.
A fin de fortalecer a la fiscalía especializada, el gobierno deberá otorgar los recursos necesarios, garantizar una respuesta expedita y eficiente, así como establecer los mecanismos necesarios para proteger a los representantes legales de las víctimas y testimonios involucrados en la investigación. También deberá promoverse una vinculación con los servicios de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.
En relación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el comité impulsor de la campaña, integrado por una decena de agrupaciones, propuso que presente un informe actualizado sobre el seguimiento de la recomendación 44/98 emitida por ese organismo. Luego de que en febrero la relatora sobre derechos de la mujer de la CIDH, Marta Altolaguirre, conoció de primera mano la falta de respuestas y acciones concretas para encontrar y sancionar a los responsables de 269 muertes de mujeres, tuvo lugar la audiencia en la comisión.
ANGELES CRUZ
