Legisladores del PRD interpondrán controversia constitucional contra el Presidente
Enmendó Fox la reforma fiscal aprobada por el Congreso
Suspensión temporal de la aplicación del impuesto especial a los refrescos endulzados con fructosa; cedió a presiones del gobierno de EU
ALONSO URRUTIA Y ROBERTO GONZALEZ
Finalmente, este martes el presidente Vicente Fox enmendó la reforma fiscal aprobada por el Congreso de la Unión a finales de 2001 y emitió un decreto en el que echa atrás el pago de algunos nuevos impuestos. La disposición del Ejecutivo determina también la suspensión temporal de la aplicación en el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) de 20 por ciento a los refrescos endulzados con fructosa, con lo que se plegó a las presiones del gobierno de Estados Unidos en contra de este gravamen.
En el decreto, publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, el gobierno federal determinó la suspensión temporal hasta septiembre próximo del cobro del IEPS para los refrescos endulzados con fructosa, aun cuando los productores de la bebida ya trasladaron al consumidor en las últimas dos semanas el impacto de este gravamen, con un incremento de 10 por ciento en el precio final de las gaseosas.
Oficialmente, la Secretaría de Hacienda estimaba recaudar por los impuestos a los refrescos mil 375 millones de pesos este año. La eliminación del gravamen a las bebidas endulzadas con fructosa había sido solicitada por autoridades de Estados Unidos, principal proveedor del sucedáneo a México.
En el decreto publicado ayer, el titular del Ejecutivo establece la necesidad de evitar que con la aplicación del IEPS a los refrescos se otorgue un trato desfavorable a esta rama de la industria, por lo cual estima indispensable eximir del pago del impuesto. En el mismo documento también se elimina el pago del impuesto al valor agregado por concepto de consumo de agua potable.
De igual forma se reduce en una sexta parte el monto del impuesto que los consumidores deberán pagar por bebidas alcohólicas hasta de 20 grados, que disminuirá de 60 a 50 por ciento.
El decreto realiza otras acotaciones, entre las que sobresale el hecho de que los residentes de Baja California y quienes vivan a menos de 20 kilómetros de las fronteras norte y sur quedarán exentos de pagar el impuesto de 5 por ciento a la venta de bienes suntuarios. El argumento presidencial para adoptar esta determinación es impedir que los consumidores de esta franja fronteriza se desplacen al otro lado de la frontera para adquirir artículos como salmón, caviar, angulas, motocicletas, televisores de más de 25 pulgadas, computadoras con valor de más de 25 mil pesos, entre otros.
El decreto presidencial, que cita como base en la fracción primera del artículo 89 constitucional -que faculta al Presidente de la República a promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia- justifica la suspensión del pago del impuesto que el Congreso de la Unión había aplicado a todas aquellas bebidas que no fueran endulzadas con azúcar.
A juicio del Ejecutivo es necesario evitar que por la aplicación de este impuesto especial sobre producción y servicios a la enajenación o importación de aguas gasificadas o minerales, refrescos y bebidas hidratantes ''se otorgue un trato desfavorable a esta rama de la industria en el país y estima necesario eximir totalmente el pago de dicho impuesto, de manera temporal''.
Con ello quedan eximidas del impuesto la producción, importación y enajenación, además de las ya mencionadas, los polvos, jarabes o concentrados para preparar refrescos que se expendan en envases abiertos. Sin embargo, en los artículos transitorios el decreto presidencial hace una excepción e indica que esta exención estará vigente hasta septiembre de 2002.
Sobre los gravámenes al consumo de bebidas alcohólicas, el Ejecutivo federal estima que es inconveniente la tasa de 60 por ciento del impuesto especial sobre producción y servicios a la importación o enajenación de bebidas con graduación alcohólica de más de 20 grados, pues afectaría a la industria alcoholera.
De elevarse el valor en el mercado nacional, dice el decreto, ''se hace más lucrativo su contrabando, además de que se podría propiciar la elaboración clandestina o adulteración de las mencionadas bebidas alcohólicas con el consiguiente riesgo a la salud de los contribuyentes, siendo por ello necesario eximir parcialmente el pago de la mencionada contribución''.
El artículo segundo del decreto presidencial establece la reducción de una sexta parte del pago del impuesto especial sobre producción y servicios que se cause por la importación o la enajenación de bebidas con graduación alcohólica de más de 20 grados, aunque en el caso del tequila y el mezcal esta reducción es hasta de 50 por ciento. A este tratamiento especial a las bebidas nacionales, el decreto añade una ''ampliación en el estímulo fiscal" para la producción del agave.
La Secretaría de Hacienda reconoce que el cultivo del agave ha tenido problemas importantes en los últimos años, pues bajó su cultivo por los cambios climatológicos y se ha incrementado el costo de producción del tequila.
Es por ello, agrega, que se requiere ampliar los estímulos a la producción del agave. Así, el Ejecutivo determinó que el monto máximo establecido como apoyo a los productores de agave tequilana weber azul utilizado exclusivamente para la elaboración de tequila, pase de 4 pesos por kilo a 6 pesos por kilo.
El decreto presidencial también corrige una de las decisiones del Congreso de la Unión más cuestionadas: la aplicación del IVA al consumo de agua potable. El Poder Ejecutivo establece que la aplicación de esta disposición fiscal afectaría a la economía de las familias y por ello es necesario atenuar su impacto económico eximiendo totalmente a los contribuyentes del pago de dicho impuesto.
Por lo que corresponde a los impuestos sobre bienes suntuarios que aprobó el Legislativo, el presidente Fox redujo su aplicación eximiendo a todos los residentes del estado de Baja California y a quienes habiten en un rango de 20 kilómetros de la frontera norte o sur a pagar dicho impuesto. De ahí que para quienes habiten en zonas fronterizas no serán artículos de lujo el salmón ahumado, el caviar o las angulas; tampoco les impactará fiscalmente cuando adquieran motocicletas de más de 350 centímetros cúbicos de cilindrada o bien la compra de esquís acuáticos.
Otros artículos que podrán comprar sin impuesto, a diferencia del resto de los mexicanos, son: televisores de más de 25 pulgadas; equipos de cómputo con valores superiores a 25 mil pesos, agendas electrónicas, videocámaras, equipos de sonido con precios superiores a los 5 mil pesos.
Prepara el PRI movilizaciones
ANDREA BECERRIL, CIRO PEREZ Y LA JORNADA MORELOS
Los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en las cámaras de Senadores y Diputados interpondrán una controversia constitucional en contra del presidente Vicente Fox por invadir atribuciones del Congreso, al haber modificado parte de la miscelánea fiscal aprobada en diciembre, en especial en el caso de la fructosa. En tanto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) prepara movilizaciones en todo el país.
''Es un agravio en contra del Congreso y una vergüenza que el presidente Fox se deje presionar y proteja a los productores estadunidenses de fructosa y no a los azucareros mexicanos'', señaló Jesús Ortega, mientras el diputado Martí Batres se preguntó para quién gobierna Fox.
El senador del PRI Fidel Herrera Beltrán dijo que analizarán en su fracción medidas legales, como la controversia constitucional, o modificaciones legislativas para suprimir ''facultades metaconstitucionales al Ejecutivo'', pero sobre todo encabezarán junto con trabajadores y cañeros una gran protesta por esa ''decisión unilateral y arbitraria'' de retirar por siete meses el gravamen de 20 por ciento a aquellos refrescos que no utilicen el azúcar como materia prima.
Presidente de la comisión senatorial encargada de dar seguimiento a la situación de la industria azucarera, Herrera advirtió que con tal medida se pone en riesgo a ese sector, ya que los refresqueros iban a adquirir 400 mil toneladas de azúcar. Afirmó que el gobierno foxista cede a todas las presiones estadunidenses y no ha sido capaz de pelear por el respeto al TLCAN en lo que se refiere a la compra de excedentes del dulce mexicano.
Quedarán sin comercializar 650 mil toneladas de azúcar
La zafra está en su mejor momento, señaló, y todo indica que habrá un excedente de 650 mil toneladas de azúcar que quedarán sin comercializar, ''porque está claro que no accederemos al mercado estadunidense''; de ahí que, insistió, el PRI va a encabezar, junto con cañeros y trabajadores de los ingenios, una protesta social en todo el país.
Martí Batres, a su vez, comentó que da la impresión de que el gobierno foxista está interesado en restringir sus propios ingresos. ''Se la pasa diciendo que necesita fortalecer las finanzas públicas y ejerce una presión sobre el Congreso de la Unión sin precedentes con objeto de que se amplíen los recursos, y el Congreso lo hace, pero ahora el Ejecutivo toma decisiones para restringir sus propios ingresos y lo hace por encima de la ley''.
De acuerdo con estimaciones, por el impuesto al uso de alta fructosa, los artículos suntuarios eliminados de la lista original aprobada por el Congreso y por concepto de alcoholes, el gobierno federal dejará de percibir 16 mil millones de pesos.
La medida, consideró por separado el senador perredista Demetrio Sodi de la Tijera, ''pinta a un gobierno débil, con negociadores inexpertos, miedosos, que doblan las manos ante la menor molestia de Estados Unidos''.
En Morelos, donde se lleva a cabo una gira proselitista, el senador Jesús Ortega dijo que al modificar las disposiciones fiscales aprobadas por el Congreso, Fox ''ha trastocado'' el sistema de representación social en el país y la división de poderes, porque se ha atribuido facultades que no le corresponden.
Sin embargo, la mayoría de los panistas no coinciden con este punto de vista. Manuel Minjares Jiménez sostiene que el Presidente está haciendo uso de las facultades que la ley le otorga. ''Y creo que habrá que atender muy puntualmente las consideraciones que en su momento pueda darnos el propio Ejecutivo'' sobre esta decisión.
Explicó que en semanas anteriores se entablaron pláticas con la Secretaría de Economía, en las que se explicaron las dificultades que enfrentaba el gobierno para destrabar negociaciones en el Tratado de Libre Comercio, como la molestia que podía estar causando el impuesto a los refrescos que no utilicen como edulcorante la caña de azúcar.
En ese sentido, dijo, se analizó la posibilidad de emitir un decreto del Congreso de la Unión que dejara sin efecto temporalmente -como establece el decreto del Ejecutivo- este impuesto. ''No pudo haber acuerdos en esos momentos y el Presidente de la República está haciendo uso de sus facultades'', destacó el panista.
Sin embargo, en la misma bancada existen divergencias. El diputado por Morelos, Fernando Martínez Cué, destaca que es ''interesante'' que en un país haya diferentes opiniones, ''pero echar abajo una decisión del Congreso no es positivo. El Poder Legislativo tomó la decisión de establecer el impuesto con base en beneficios de los cañeros por la crisis que atraviesa el sector, y para impulsar el consumo de la caña de azúcar. Si la decisión se tomó con base en lo que opinan algunas trasnacionales, están en su derecho, pero no lo comparto''.
Para el priísta Jorge Chávez Presa, uno de los autores de las modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), desde antes de publicarse en el Diario Oficial la miscelánea fiscal aprobada por el Congreso en diciembre, el Ejecutivo tuvo la opción de haber vetado las modificaciones a los impuestos especiales sobre producción y servicios (IEPS), como hace ahora, y haber interpuesto una controversia constitucional.
''Con ello hubiera quedado manifestado su desacuerdo evidente con el Congreso. Sin embargo, tuvo que esperarse al desgaste con la sociedad, y lo peor del caso es que el anuncio surge en una reunión con las cámaras industriales. Quienes manifestamos en tribuna nuestra oposición al impuesto a los artículos suntuarios vemos ahora que la decisión del Ejecutivo nos da la razón. Sin embargo, aunque tiene las facultades para hacer modificaciones, no contribuye a la construcción de una relación productiva y creativa con el Congreso'', apuntó el priísta.
El coordinador de los diputados del PRD, Martí Batres, recordó que su bancada ha planteado cuando menos tres temas importantes como el de la industria editorial, cambios al régimen de pequeños contribuyentes y no gravar derechos autorales, en los que se deben hacer correcciones a lo aprobado en ambas cámaras.
''Estos temas no importan al gobierno de la República, y con el decreto que aparece hoy nos preguntamos para quién gobierna el Ejecutivo federal, porque lo que digan los mexicanos no tiene repercusiones en sus decisiones, pero lo que dicen los gringos tiene repercusión inmediata.
''Si los intelectuales y escritores señalan que debe haber una exención fiscal a los derechos autorales, eso no le importa al Presidente de la República, pero si los productores de fructosa de Estados Unidos se molestan por el impuesto a la alta fructosa, eso sí le preocupa'', insistió.
Por separado, el priísta Herrera Beltrán precisó que llevará el tema a la reunión de la fracción del PRI que se llevará a cabo este jueves y viernes en Cuernavaca. ''Vamos a plantear la posibilidad de interponer una controversia constitucional, una iniciativa para reformar el acuerdo del Ejecutivo en torno a la fructosa o elaborar un proyecto de reforma al artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, para eliminar esa facultad metaconstitucional de veto a las resoluciones del Poder Legislativo''.
