El reporte amerita una nota diplomática de protesta, considera el ombudsman

Inadmisible, el informe de EU sobre los derechos humanos en México; es una intromisión: Soberanes

VICTOR BALLINAS Y JESUS ARANDA

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, aseveró ayer que el informe sobre la situación de esas garantías en México, realizado y difundido por el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos, constituye una inadmisible forma de intromisión en asuntos de los mexicanos.

Ese hecho, apuntó, debería ameritar incluso una nota diplomática de protesta formal por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues, precisó, ningún gobierno puede erigirse como certificador en materia de derechos humanos. Esa función le corresponde a los organismos internacionales y nacionales en la materia.

El presidente de la CNDH señaló lo anterior en entrevista ?realizada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)?, al término de la presentación de su informe de labores ante el Poder Judicial. Ahí, el ombudsman resaltó: "No podemos permitir que ningún gobierno extranjero nos califique".

Para que se respeten los derechos humanos en el país, destacó Soberanes, "debe haber voluntad política no sólo de los más altos servidores públicos, sino de todos los funcionarios, porque hoy, es un hecho, muchos servidores aceptan las recomendaciones que emite la CNDH, pero no los cumplen. No exigen las responsabilidades a los violadores de los derechos humanos", destacó.

Y abundó: "La situación y mejoría de los derechos humanos en el país es un tema que preocupa a todos los mexicanos, y al respecto hay todavía muchas cosas por hacer. Por ejemplo, falta una toma de conciencia en la población, porque muchas veces no conocen sus derechos fundamentales y por ello no los exigen. Además, hay autoridades que no las conocen (las garantías individuales) y tampoco las respetan, aunado a que falta voluntad política de todos los servidores públicos para respetar los derechos humanos".

?¿Qué tanto puede influir ese informe para que las autoridades respeten los derechos humanos? ?se le interrogó.

?Debería ser por decisión propia que se respetaran esos derechos, y no porque otros países nos lo digan. Debe haber, al respecto, una decisión política no sólo de los más altos funcionarios, sino de todos los servidores públicos. Ahí está el quid.

Preocupa la creciente inseguridad

Durante la lectura de su informe, ante el pleno de ministros de la SCJN, el ombudsman nacional insistió en que a la CNDH le preocupa la creciente irritación social por la permanencia, si no es que el incremento, de la inseguridad y la violencia criminal, que con frecuencia se expresa en la tendencia a "hacerse justicia por propia mano" y a realizar actos de linchamiento que, de continuar aumentando, conducirían a la descomposición social y a un tobogán de violaciones a los derechos humanos.

Ante el Poder Judicial, Soberanes dio cuenta, en una apretada síntesis, de las recomendaciones que por violaciones a los derechos humanos emitió el año pasado. Resaltó la 26/2001, referente a las 532 quejas sobre desaparición forzada de personas en la denominada guerra sucia; la concerniente al Centro Federal de Readaptación Social Número Dos, en Puente Grande, Jalisco, por las violaciones a los derechos de 194 servidores públicos durante el proceso de investigación tras la fuga del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, El Chapo Guzmán.

De igual forma, refirió la recomendación por la posible responsabilidad de los médicos que intervinieron en el caso de la señora Luz Divina Castillo López, quien careció de atención médica de calidad durante su parto, lo que tuvo como resultado la extracción de la matriz y un ovario, y la muerte del bebé.

El ombudsman explicó a los magistrados que hizo referencia a esa recomendación en virtud de que "se repiten este tipo de casos en las instituciones de salud", donde se han registrado muertes de parturientas y sus bebés, por la deficiente atención médica.

Las recomendaciones

Otras recomendaciones de las que el ombudsman dio cuenta fueron: la dirigida a la PGR por el delito de tortura, cometido contra el señor Norberto Jesús Suárez Gómez, y por el incumplimiento en las medidas cautelares que la CNDH le solicitó a esa instancia durante el arraigo del ex funcionario; la dirigida al gobierno de Jalisco, por irregularidades en trámites de adopción internacional de nueve menores, y la relativa a la contracepción forzada en agravio de habitantes de las comunidades indígenas de La Fátima, Ojo de Agua y Ocotlán, del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero.

También se refirió a las recomendaciones generales uno y dos de 2001, emitidas, la primera, por las revisiones de que son objeto en reclusorios los familiares de los detenidos, especialmente las mujeres ?madres, esposas, hermanas e hijas de presos?, a quienes se toca en sus partes íntimas y se les obliga a colocarse en posturas indignas para que revisen sus cavidades. La segunda, por las frecuentes detenciones arbitrarias que los agentes de las diversas policías del país cometen contra presuntos delincuentes.

Al detallar los resultados obtenidos en los programas especiales, el presidente de la CNDH destacó que además de los 532 casos de personas desaparecidas en las décadas de los 70 y 80, se concluyeron otros 67 casos, de los cuales 15 personas se encontraron con vida y una fallecida.

Insistió en que las condiciones en que se encuentra el sistema penitenciario nacional son deplorables. "Las violaciones a los derechos humanos en los centros de reclusión son una constante, sin que desafortunadamente se vislumbre alguna solución para el futuro inmediato, pues al cuadro de problemas crónicos que caracterizan su funcionamiento debe agregársele la insuficiencia de los presupuestos públicos en la materia".

En las cárceles del país, reiteró Soberanes, persisten los autogobiernos de los reclusos, con la complacencia de las autoridades; la insuficiencia de elementos de seguridad y custodia; instalaciones deterioradas; sobrepoblación y hacinamiento; corrupción de servidores públicos; tráfico de drogas e imposición arbitraria de sanciones. "En las prisiones imperan condiciones que degradan y vulneran la dignidad de las personas en reclusión", apuntó.