Presenta el PRI iniciativa para poner tope en
participación de papeles gubernamentales
Ilimitadas inversiones de las Afore en bonos del gobierno
ponen en riesgo las finanzas públicas
Los elevados rendimientos que pagan las autoridades
podrían disparar el endeudamiento, expresa Samuel Aguilar, legislador
del Revolucionario Institucional
ROBERTO GARDUÑO Y CIRO PEREZ
De los 250 mil millones de pesos que los 26 millones de
trabajadores mexicanos ahorraron durante los pasados cuatro años
para garantizar su retiro, 90 por ciento se encuentra en bonos gubernamentales
para cubrir los déficits del gobierno federal, propiciar el sano
desarrollo del mercado de valores, pagar las indemnizaciones del rescate
carretero y financiar al IPAB. Sólo el 10 restante se ha invertido
en proyectos de infraestructura, desarrollo regional, construcción
de vivienda y generación de empleo, como establece la Ley de los
Sistemas de Ahorro para el Retiro, advierte un análisis elaborado
por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
en la Cámara de Diputados.
Creadas desde 1997, las Afore (Allianz, Banamex, Bancomer,
Banorte, Garante, Inbursa, ING, Principal, Profuturo, Santander, Tepeyac,
Siglo XXI y Zurich) han descubierto el negocio del siglo, al invertir los
ahorros de los trabajadores mexicanos en bonos gubernamentales, algo que
si bien la ley no lo prohíbe, implica un riesgo para las finanzas
públicas, porque propicia el endeudamiento gubernamental y "es un
negocio de viudas, en el que la autoridad emite papeles y paga mucho en
rendimientos que han promediado 8.5 por ciento anual", señala el
diputado del PRI Samuel Aguilar, responsable del estudio que pone de relieve
la complejidad en el manejo de esos cuantiosos recursos.
Y es que el artículo 43 de la Ley de los Sistemas
de Ahorro para el Retiro establece que "el régimen de inversión
deberá otorgar la mayor seguridad y la obtención de una adecuada
rentabilidad de los recursos de los trabajadores. Asimismo, el régimen
de inversión tenderá a incrementar el ahorro interno y el
desarrollo de un mercado de instrumentos de largo plazo, acorde con el
sistema de pensiones. Para tal efecto, proveerá que las inversiones
se canalicen preponderantemente a través de su colocación
en valores para fomentar la actividad productiva nacional, mayor generación
de empleo, construcción de vivienda, desarrollo de infraestructura
y desarrollo regional".
Además, el citado ordenamiento señala que
el ciento por ciento del activo total deberá estar representado
por efectivo y valores, y en el segundo caso la cartera de valores de las
sociedades de inversión estará integrada de la siguiente
forma: instrumentos emitidos o avalados por el gobierno federal; instrumentos
de renta variable; instrumentos de deuda emitidos por empresas privadas;
títulos de deuda emitidos, aceptados o avalados por instituciones
de banca múltiple o de banca de desarrollo; títulos cuyas
características específicas preserven su valor adquisitivo
conforme al Indice Nacional de Precios al Consumidor, y acciones de otras
sociedades de inversión, excepto sociedades de inversión
especializadas en fondos para el retiro.
No obstante, el gobierno federal ha absorbido casi en
su totalidad los 250 mil millones de pesos, producto del ahorro de 26 millones
471 mil 301 trabajadores, con objeto de financiar la mayoría de
los 35 mil millones de pesos que se destinan, año tras año,
al Instituto de Protección para el Ahorro Bancario (IPAB) y para
nueve instrumentos gubernamentales.
El dinero en papeles de gobierno
Por el lado contrario, las empresas que han utilizado
10 por ciento de los fondos de las Afore son: Cemex, Televisa, Ford, Telmex,
Desc y Pan-Mex, con un monto total del 9 mil 904.3 millones de pesos.
Los bonos que el gobierno ha utilizado para absorber la
mayoría del ahorro interno, mediante papel gubernamental, son:
Bonos de Desarrollo (Bondes), que se emitieron como títulos
del gobierno federal, los cuales tienen como objetivo la obtención
de recursos de financiamiento a largo plazo para cubrir los déficits
del gobierno federal. El monto de esos documentos alcanza 167 mil 233 millones
de pesos.
Bonos de Desarrollo con Pago Trimestral de Interés
(Bondest), los cuales forman parte de la familia de valores de tasa flotante.
Ahí se encuentran 9 mil 886.74 millones de pesos.
Certificados de la Tesorería (Cetes). Se emitieron
con el objeto de influir en la graduación de la masa monetaria,
financiar la inversión productiva y propiciar un sano desarrollo
del mercado de valores. Ahí se encuentran invertidos 6 mil 100.3
millones de pesos.
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal denominados en
unidades de inversión (Udibonos), cuyos títulos se colocan
por medio de subastas, en las que los participantes presentan posturas
por el monto que desean adquirir y el precio que están dispuestos
a pagar. En ese renglón, el gobierno federal emitió papeles
por 21 mil 245.98 millones de pesos.
Pagarés de Indemnización Carretero (Pic).
Pertenecen al Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas.
Son documentos avalados por el gobierno federal por conducto del Banco
Nacional de Obras y Servicios. El monto para ese capítulo es de
4 mil 838.19 millones de pesos.
Bonos de Regulación Monetaria (Brems). Son emitidos
por el Banco de México para regular la liquidez en el mercado de
dinero y facilitar con ello la conducción de la política
monetaria. Ahí se encuentran mil 51.78 millones de pesos.
Papel comercial y acciones comunes. Son instrumentos de
deuda a corto plazo emitidos por empresas mexicanas conocidas, cuyas acciones
están cotizadas en la Bolsa. Hasta ahora se han destinado 16 mil
147.50 millones de pesos.
Pagarés bancarios y bursátiles, y certificados
de depósito. Son bonos de deuda bancaria tradicional con rendimientos
liquidables al vencimiento, generalmente a un plazo inferior a un año.
El monto alcanza 6 mil 22.6 millones de pesos.
Y los llamados reportos, que son instrumentos del mercado
de dinero cuyo funcionamiento es el siguiente: la casa de Bolsa o el banco
pacta con el inversionista para venderle Cetes en un monto determinado,
acordando simultáneamente su recompra a un plazo determinado, garantizándole
un rendimiento durante el plazo convenido. El total de los recursos destinados
a los reportos alcanza 2 mil 164.4 millones de pesos.
De los 250 mil millones de pesos que a la fecha han ahorrado
los trabajadores del país, el gobierno ha dispuesto mediante bonos
gubernamentales de 234 mil 690.7 millones de pesos.
La reticencia de la Consar
El beneficio mutuo que se han garantizado el gobierno
y las Afore ya fue considerado en la Cámara de Diputados, donde
la bancada del PRI, por conducto del diputado Samuel Aguilar, presentó
una iniciativa con el propósito de poner un tope a la participación
de los bonos gubernamentales, que dejaría en 50 por ciento la inversión
en los diferentes tipos de papeles de gobierno, y la mitad restante se
destine a las empresas privadas que inviertan en el desarrollo regional,
infraestructura y vivienda.
No obstante, la Consar se opuso a la intervención
de la Cámara, porque el pasado 25 de febrero emitió una adecuación
al régimen de inversiones, buscando ampliar el universo de los instrumentos
mediante topes de inversión. Es decir, ese día la junta de
gobierno tomó el acuerdo de cambiar los regímenes de inversiones,
oponiéndose a modificar la ley. De esa forma, el cambio sólo
quedó en una atribución reglamentaria del Ejecutivo federal,
dejando de lado la intervención del Poder Legislativo.
Además, otras perversiones en el Sistema de Ahorro
Interno son: elevadas comisiones que obtienen las empresas mediante el
cobro por operaciones sobre el flujo de recursos, movimientos y manejo
de saldo. Esto ocurre sin considerar que cada Afore no es independiente,
sino que forma parte de grupos financieros que son los dueños de
los bancos.