Hizo suya la queja presentada por el Partido de la Revolución Democrática

El IFE, parte acusadora en el presunto desvío de recursos de Pemex a la campaña priísta

Presenta denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales

MIREYA CUELLAR

El Instituto Federal Electoral (IFE) se convirtió ayer en parte acusadora en el proceso judicial que se sigue (contra quien resulte responsable) por el presunto desvío de recursos de Pemex a la campaña presidencial de Francisco Labastida.

Ello, luego de que el IFE hizo suya la queja administrativa y ''solicitud de investigación'' que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) entregó en enero pasado para que el órgano electoral investigara la Operación crudo, y que ayer presentó como ''denuncia de hechos'' ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

La comparecencia de la autoridad electoral ante la fiscalía se sustenta en sus facultades para revisar todo lo relativo a los derechos y prerrogativas de los partidos y a su obligación de ''vigilar que las actividades de los partidos políticos se desarrollen con apego a la ley''.

En 71 cuartillas (además de diversos anexos y un video), el órgano presidido por José Woldenberg transcribe la denuncia perredista del 23 de enero y señala: ''Vengo a presentar formal denuncia de hechos que pudieran ser constitutivos de delito, cometidos en agravio del Instituto Federal Electoral por quien o quienes resulten responsables''.

La denuncia se funda en los artículos 17, 21, 41 y 102 apartado A, párrafo segundo, de la Constitución. Los primeros se refieren a la equidad en los procesos electorales y el financiamiento de los partidos, y el último establece que ''incumbe al Ministerio Público Federal la persecución ante los tribunales de todos los delitos del orden federal; por lo mismo, a él corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita...'' Hay que recordar que el IFE, ante quien el PRD presentó la denuncia, es una autoridad administrativa con escasas facultades de investigación.

Alude al artículo 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) -donde se fijan las modalidades del financiamiento a los partidos políticos-, junto con una serie de artículos del Código Penal Federal, donde se establecen sanciones a quienes violen la legislación electoral.

Se recupera la denuncia

formulada por el PRD

El documento del IFE -que recupera textualmente la denuncia del PRD- refiere las investigaciones que hacen la Secretaría de la Contraloría y la Procuraduría General de la República, ''de las que se desprenden un desvío y transferencias monetarias realizadas'' desde Pemex ''por la cantidad de un mil cien millones de pesos a favor del PRI, cantidad que (según las investigaciones) distribuyó en diversos distritos electorales y durante la campaña presidencial de su entonces candidato Francisco Labastida''.

También retoma la información proporcionada por el senador Eduardo Bours -quien fue enlace del labastidismo con los empresarios- en el sentido de que él sólo consiguió 890 millones de pesos para el candidato, 394 millones más de lo que el partido tricolor reportó al IFE haber recibido como financiamiento privado.

Además, el tope de gastos para una campaña presidencial en 2000 fue de 473.1 millones de pesos. En su reporte elaborado por la Comisión Nacional de Financiamiento, y aprobado por el Consejo Político Nacional (CPN), el PRI refiere que en las actividades de Francisco Labastida se erogaron 486.5 millones.

La denuncia de Pablo Gómez Alvarez, representante del PRD ante el IFE, señala que el artículo 36 del Cofipe establece que el incumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos se debe sancionar administrativamente, ''con independencia de las responsabilidades civil o penal que en su caso pudieran exigirse en los términos de la ley a los partidos políticos...''

El IFE entregó a la Fepade copias certificadas, no sólo del alegato del PRD para solicitar la investigación, sino de los periódicos donde se ha venido dando seguimiento a la Operación crudo, dada a conocer en exclusiva por La Jornada el 19 de enero pasado.

Solicitud formal para que se investigue

Fiel a lo solicitado por el perredista Gómez Alvarez, el Instituto Federal Electoral demanda una investigación y la debida integración del expediente para que de determine la responsabilidad y se aplique la sanción que en derecho proceda al Partido Revolucionario Institucional, por presuntamente haber incurrido en conductas prohibidas.

El abogado Juan Carlos Ruiz Espíndola firma la denuncia presentada ayer por la tarde, en su carácter de ''apoderado legal'' del IFE, personalidad que le confirió el secretario ejecutivo del instituto, Fernando Zertuche, quien por ley representa al órgano electoral en cualquier disputa o denuncia.

Y solicita ''tenerme por presentado formulando denuncia en los términos del presente escrito con la personalidad con la que me ostento, la cual acreditaré al momento de ratificar esta denuncia de hechos''.