La CNDH solicita que atraiga el caso ante anomalías del Ministerio Público de Jalisco

Piden a la PGR investigar adopciones irregulares

El gobierno estatal no ha brindado la atención que merece este grave asunto, dice

ROBERTO GARDUÑO

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que atraiga la investigación de los procesos irregulares de adopción de menores de edad que el Ministerio Público del estado de Jalisco atendió con parcialidad, y se "evite la impunidad".

En respuesta a las declaraciones del gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, quien rechazó las aseveraciones del titular de la CNDH acerca de que no había cumplido con las recomendaciones que hizo la comisión en los casos de irregularidades en diversas adopciones de menores y maltrato a los internos en los reclusorios de la entidad, y de paso acusó al ombudsman de "faltar a la verdad", la institución nacional de los derechos humanos consideró que la petición al Ministerio Público Federal obedece a la siguiente argumentación:

"El gobierno de Jalisco a la fecha no ha brindado la atención que merece este grave asunto, y no ha cumplido los puntos en la recomendación que se le dirigió el 19 de septiembre de 2001".

Desde entonces a la fecha, la CNDH ha tenido conocimiento, por medio de la Fundación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos, que las investigaciones han tenido periodos largos sin práctica de diligencias, y que la Procuraduría General de Justicia de Jalisco ha negado a los afectados el acceso a los expedientes de esas indagatorias.

"La CNDH rechaza enérgicamente las declaraciones del gobernador de Jalisco, Francisco Javier Ramírez Acuña, publicadas en varios medios de comunicación, según las cuales el 'presidente de la CNDH, José Luis Soberanes Fernández, falta a la verdad' cuando señala que el gobierno de esa entidad no ha dado cumplimiento a la recomendación 20/2001.

"Existen pruebas de que el gobierno de Jalisco no ha brindado la adecuada atención a hechos tan graves que involucran a menores de edad. Por ello, con base en las facultades que le confiere la Constitución, la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó la intervención de la Procuraduría General de la República para que realice las investigaciones correspondientes".

Las diferencias

El 19 de septiembre de 2001 la CNDH emitió la citada recomendación por la violación de los derechos humanos cometida por funcionarios públicos de Jalisco en perjuicio de nueve niños y sus familiares, en el perioodo comprendido entre septiembre de 1997 y marzo de 1999.

El señalamiento obedecía a que servidores de la Procuraduría estatal, del Registro Civil y del Consejo Estatal "incurrieron en irregularidades en trámites de adopción internacional en seis casos de los nueve mencionados. En el total -nueve- los funcionarios violaron el derecho de legalidad y seguridad jurídica de los niños. Tampoco observaron diversos ordenamientos legales de carácter nacional e internacional en materia de protección y defensa de los derechos de las niñas y los niños".

La conclusión de la comisión es que esos servidores públicos impidieron que los menores disfrutaran de las prerrogativas más elementales a que tienen derecho, como el permanecer en su entorno familiar, recibir un nombre y su identidad, misma que se encuentra reconocida por el sistema jurídico nacional en los artículos 16 y 21 de la Constitución Política, y por esa razón era necesario, entre otras cosas, formar una comisión especial que investigara la denuncia.

Días más tarde, el 4 de octubre del 2001, el gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, comunicó a la CNDH la aceptación "parcial" de la recomendación, porque adujo que él estaba impedido para solicitar al Congreso del estado la conformación de una comisión especial que vigilara y supervisara las actuaciones de las dependencias administrativas relacionadas con los trámites de adopción, así como la guarda y custodia de menores. No obstante, anunció que ya existían siete indagatorias sobre el particular.

La explicación del gobernador redundó en que su administración estaría en posibilidad de aceptar la solicitud de fincar responsabilidades administrativas en contra de funcionarios, una vez que la CNDH especificara las faltas en que habían incurrido, mismas que ya se encontraban expuestas en el cuerpo de la recomendación 20/2001.

El 23 de noviembre de 2001 la CNDH hizo saber al subsecretario de Asuntos Jurídicos del estado que los artículos 19 fracción III y 20 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo local sí facultan al gobernador en turno para solicitar, con carácter propositivo, la constitución de comisiones especiales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Jalisco.

A pesar de los argumentos expuestos por ambas partes, el 21 de enero del presente año el subsecretario de Asuntos Jurídicos del gobierno estatal, León Figueroa, manifestó a la CNDH que el gobernador seguía sosteniendo el mismo criterio sobre el punto para la petición al Poder Legislativo local de una comisión especial.

Además, la administración de Francisco Ramírez Acuña envió a la CNDH algunas constancias de actuaciones realizadas en seis averiguaciones previas, de las cuales solamente una había sido puesta en conocimiento de la autoridad jurisdiccional.

Ya que el cumplimiento de la recomendación se alargaba, el ombudsman nacional respondió a las descalificaciones de Ramírez Acuña con la solicitud para que la Procuraduría General de la República atraiga la investigación.