Denuncian que se planea crear un cuerpo de "guardianes" para legalizar el despojo

Comunidades zapatistas asentadas en Montes Azules advierten que no permitirán un desalojo

ANGELES MARISCAL Y JUAN BALBOA CORRESPONSALES

Tuxtla Gutierrez, Chis., 26 de febrero. Autoridades del municipio autónomo zapatista Ricardo Flores Magón denunciaron intentos de desalojo o reubicación contra 49 comunidades asentadas en la selva Lacandona que obstaculizarían el Plan Puebla-Panamá (PPP).

En un documento reconocen que se encuentran asentados dentro de la reserva ecológica Montes Azules, la zona de amortiguamiento de la misma y parte de los terrenos ejidales de Ocosingo, donde también están instalados "desplazados de guerra". Advirtieron a los gobiernos estatal y federal que no permitirán "ni el desalojo ni la reubicación de nuestras comunidades. No va a haber PPP en la zona".

Según los zapatistas, dentro del área en disputa se encuentran más de 50 posiciones del Ejército federal y aproximadamente 30 mil efectivos, y desde 1998 el gobierno autorizó la entrada a grupos empresariales para realizar proyectos de bioprospección, en particular a Pulsar y Conservación Internacional, "claramente unidas a los intereses de las grandes empresas multinacionales relacionadas con el negocio de los recursos biológicos y genéticos".

En otra parte del documento dan a conocer un presunto plan del gobierno para crear los llamados "Guardianes de la reserva, es decir, grupos paramilitares legalizados para el desalojo".

Actualmente el gobierno del estado tiene instalada la llamada mesa ambiental, en la que confluyen representantes de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Desarrollo Social federal y estatal, la Procuraduría Agraria e incluso la Procuraduría General de la República.

Según las autoridades autónomas, dichas instancias "en sus reuniones recomiendan que si los pobladores muestran conductas no amigables se levanten las denuncias correspondientes y se pongan en marcha demandas legales sobre delitos por daños ecológicos y despojo, es decir, hostigar a la población y preparar legalmente el desalojo".

Luego de plantear dicho panorama, los pobladores de Ricardo Flores Magón advierten: "que se hagan a la idea de que en estas tierras y territorios no habrá Plan Puebla-Panamá ni proyectos de bioprospección, ni proyectos ecoturísticos, ni explotaciones de fuentes de agua dulce, de petróleo, de uranio, de maderas, de animales, de recursos genéticos, ni nada de lo que ya han comprometido con empresarios y fundaciones nacionales e internacionales".

Por otra parte, un grupo de la Comisión Civil Internacional de Observadores por los Derechos Humanos (Cciodh) acudió desde el viernes pasado a La Realidad, ubicada en el municipio de Las Margaritas, con la intención de entrevistarse con la comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), pero el grupo armado no los recibió, se informó hoy.

La docena de observadores regresó la madrugada de este martes a su sede ubicada en San Cristóbal de las Casas sin haber logrado su objetivo, aun cuando dialogaron con los habitantes de esa comunidad, considerada el principal cuartel del EZLN.

Este mismo día, otra misión de le Cciodh se entrevistó con los zapatistas encarcelados en el penal de Cerro Hueco, mientras un grupo semejante se reunió durante más de cuatro horas con el gobernador Pablo Salazar.

Al término de la entrevista, Sigfrido Mirales indicó que el mandatario informó que durante el año que lleva en el gobierno local no ha encarcelado más zapatistas. "También dijo que no existían presos políticos en Chiapas, esas y otras opiniones habremos de valorarlas en nuestro análisis final", explicó el observador.

Añadió que a su juicio ha habido mejoras en cuanto al acceso a información y a las propias comunidades a las que han acudido. Sin embargo, será hasta marzo cuando den a conocer un informe final sobre la situación que guardan los derechos humanos en la entidad.