Iván Restrepo

Energía para Baja California, pero sin daño ambiental

Grupos científicos, arqueólogos y defensores de la naturaleza de Baja California esperan que las autoridades exijan a las empresas estadunindenses Sempra y CMS Energy estudios de impacto ambiental

México necesita incrementar la generación de energía para cubrir la demanda de su economía y su crecimiento demográfico. Ante la carencia de recursos públicos, el gobierno impulsa la apertura del sector eléctrico y la iniciativa privada ya tiene presencia en éste, mientras algunas empresas hacen planes para instalarse en diversas partes del país, por ejemplo, en Baja California, entidad que ocupa el segundo lugar en crecimiento de demanda de energía, lo que contrasta con su aislamiento del sistema nacional de gasoductos y electricidad. El gas natural que consume proviene de Estados Unidos, pero ahora se pretenden construir obras para la conducción y almacenamiento del energético a fin de cubrir la demanda actual y futura. Se sospecha que la idea es mandar buena parte de ese gas a Rosarito, donde se generaría energía destinada a la ciudad de San Diego, California.

Así las cosas, dos empresas se aprestan a construir una terminal de gas natural líquido en la zona denominada Costa Azul, a 30 kilómetros de Ensenada.

Se trata de las estadunidenses Sempra y CMS Energy, que opera la mayor terminal de dicho energético en el vecino país. El gas se importaría de Bolivia a través de buques tanque que zarparían de la costa chilena. Con el proyecto se crearán 2 mil empleos durante la construcción de la terminal (se reducen a 80 en la etapa de operación) y la entidad, dicen las empresas, tendrá asegurado el abastecimiento de energía eléctrica y diversos beneficios económicos y ambientales. Mas lo que se anuncia como un proyecto "limpio" tiene, sin embargo, inconvenientes ambientales.

Y es que la terminal Costa azul se ubicaría en el mejor y más grande matorral costero que existe entre Los Angeles y Ensenada, que es característico de la región mediterránea de las Californias.

En el caso que nos ocupa, por su riqueza florística figura en la lista de conservación mundial de especies. El World Wildlife Fund y otras agrupaciones internacionales han declarado a la península de California y sus mares adyacentes "lugar de prioridad mundial para la conservación", por su biodiversidad y los riesgos de que un falso desarrollo la afecte irremediablemente. Además, la costa en la que se propone instalar la planta de conversión de gas está llena de "concheros", las más antiguas evidencias de presencia humana en la penín-sula. En esos "concheros" las diferentes tribus de la región depositaban las conchas de los bivalvos de los que se alimentaban, por lo que son muy importantes para la antropología e historia locales.

En las aguas costeras hay también destacada recolección de erizos; el tráfico de buques tanque y las modificaciones a la costa por la construcción del puerto pueden perjudicarlos, así como afectar la circulación de las aguas y el crecimiento de algas y otras especies, comerciales o no. Años atrás las autoridades ambientales federales protegieron los erizos de la zona contra "desarrollos" que pudieran perjudicarlos.

El gas iría por un gasoducto desde las instalaciones de Costa azul a la planta generadora de Rosarito y a San Diego, cruzando más de 100 kilómetros del paisaje de la costa norte de Baja California y la ciudad de Tijuana o sus suburbios. Así, el proyecto implica una modificación o destrucción lineal ininterrumpida de los parches de matorral costero, humedales y arroyos de la costa. Además del impacto de los caminos de acceso al gasoducto.

El destino final y más importante de este gas es San Diego. Lógico sería entonces que Sempra, con sede en San Diego, llevara el gas directamente desde Chile al puerto de esa ciudad o a un sitio cercano de California, en Estados Unidos. Cabe preguntar si no lo hace para obviar la legislación ambiental del vecino país o por alguna poderosa razón económica.

Por estos y otros motivos, diversos grupos científicos, así como de arqueólogos y defensores de la naturaleza, esperan que las autoridades ambientales exijan a las empresas estadunidenses los estudios de impacto ambiental necesarios, hechos por profesionales en la materia y no, como sucede a veces, por consultoras que hacen su trabajo a gusto del cliente. Máxime si hay el temor de que un socio de la filial de Sempra en México, el cual patrocina a importante grupo privado en pro de la naturaleza, influya para que éste haga los referidos estudios. De ser así, estaríamos ante un conflicto de interés, asunto que las autoridades federales deben resolver oportunamente.