La sociedad y el Consejo de la Judicatura

Como un sabueso escudriña mejor el objeto cuando éste se mueve y al moverse envía al aire su aroma, "...así la percepción y pensamiento captan mejor lo variable que lo constante. Los que habitan junto a una catarata no suelen oír su estruendo, y, en cambio, si acaso cesa el torrente, perciben lo que menos pudiera creerse: el silencio" ?Ortega y Gasset?, y no es que lo movible sea mejor que lo persistente, sino que la potencia conceptual del ser humano se agudiza ante la diversidad.

En el Consejo de la Judicatura Federal estamos ciertos de lo puntual de dicha afirmación; sabemos que lo estable y lo permanente enturbia la capacidad connatural del hombre para percibir heterogeneidad. A virtud de ello instrumentamos distintos programas de acercamiento a la población mexicana para hacerles manifiestos los servicios que este órgano de gobierno y administración del Poder Judicial de la Federación proporciona en materia de justicia, pues ante el hábito de saber que se cuenta con ellos, en ocasiones se relativiza su utilidad y se rebaten las ventajas que representan a las clases económicamente menos favorecidas del país, pues es precisamente a ellas a las que preferentemente se destinan estos servicios, como sería a desempleados, jubilados o pensionados y sus cónyuges, trabajadores eventuales o subempleados, indígenas y personas con ingresos reducidos, o los que, por cualquier razón social o económica, tengan necesidad de patrocinio jurídico.

Entonces es precisamente a ese "poder de percepción" de la sociedad al que el Consejo de la Judicatura Federal se dirige ?a través de los espacios radiofónicos, de los carteles publicitarios y de este escrito periodístico, entre otros? para dar a conocer los servicios al alcance a la población mexicana, para llamar su atención sobre los beneficios de que pueden disponer en materia de justicia, como sería el caso de la defensoría pública, la asesoría jurídica, así como del sistema de quejas y denuncias, que si bien no todos de reciente creación, sí debe destacarse que han sido reforzados, ampliados y perfeccionados a favor de los justiciables.

Muestra de ello la constituye el incremento de defensores públicos y asesores jurídicos, distribuidos en las regiones de mayor demanda de justicia, donde se ha procurado acentuar estos servicios; el ascenso del nivel técnico-jurídico y humano de las personas destinadas a estas tareas, a través de una mejor selección, vía la acreditación de conocimientos y experiencia en las materias en que han de prestar sus servicios, y el impulso y mejora que se ha dado a los procedimientos de quejas y denuncias puestos a disposición de quienes pudieran considerar deficiente el servicio de administración de justicia.

Por ejemplo, el objetivo de la Defensoría Pública Federal consiste en garantizar el derecho a la defensa en materia penal y el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en materias administrativa, fiscal y civil. Al 15 de noviembre de 2001 ?fecha de corte que abarca el último informe de labores del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal?, el servicio de defensoría pública en materia penal se proporcionaba en la totalidad de las agencias investigadoras del Ministerio Público de la Federación, juzgados de distrito y tribunales unitarios de circuito que conocen de asuntos penales, los cuales están ubicados en 165 ciudades y en diversas poblaciones del país. A tal fecha, 210 defensores actuaban en la fase de averiguación previa, 199 en primera instancia y 77 en segunda instancia, y dos estaban adscritos a una dirección general diversa, haciendo un total de 488. Al 15 de noviembre de 2000, se contaba con 88 asesores jurídicos, mientras que al 15 de noviembre de 2001 son 105 asesores jurídicos.

Las cifras son elocuentes, la pretensión es simple: que el torrente constante de la prestación habitual de estos servicios de defensoría pública y de asesoría jurídica no obstruya la posibilidad de apreciar el valor y el beneficio que en sí mismos sustentan y reportan a quienes demandan justicia; que no esperemos un cambio desfavorable que tienda a disminuirlos, para poder percibirlos y hacer uso de ellos, pues no constituyen una gracia ni un dispendio, se trata de servicios públicos de justicia que constituyen derechos de los mexicanos; se trata del cumplimiento de una obligación del Estado, orientada a asegurar a los ciudadanos las mayores garantías para que accedan a los servicios de justicia.

Lo estable y permanente suele cegar la facultad innata del hombre para percibir diferencias, el Poder Judicial de la Federación las tiene, sólo falta apreciarlas.