Piden suspender consultas sobre la ley indígena
hasta que se resuelvan controversias
Grupos indios anuncian movilizaciones ante la Corte
para ejercer "presión moral" sobre ministros
Demandan a la SCJN que corrija los "errores" de los
poderes Ejecutivo y Legislativo
ROSA ROJAS ENVIADA
Oaxaca, Oax., 24 de febrero. Los 168 diputados
federales que relanzaron la iniciativa de ley Cocopa en el Congreso de
la Unión y los diputados locales de los diez estados que rechazaron
la reforma constitucional en materia indígena deben ser congruentes
con su postura y servir de interlocutores con los ministros de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) -de poder a poder-, para que
invalide dichos cambios.
Autoridades indígenas e integrantes de organizaciones
sociales exigieron lo anterior al término del encuentro Los pueblos
indígenas ante la Corte, además de que se manifestaron en
favor de que los actuales integrantes de la Comisión de Concordia
y Pacificación (Cocopa) -varios de los cuales son también
miembros de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado-
detengan la consulta senatorial sobre modificaciones a la impugnada reforma
constitucional -"que constituye un agravio y una ofensa hacia todos nosotros"-hasta
que la SCJN resuelva las controversias, recursos de inconstitucionalidad
y amparos interpuestos en su contra.
Se
planteó además que el Congreso Nacional Indígena (CNI)
debe llamar a una movilización nacional ante la Suprema Corte, para
hacerle saber a los ministros que los pueblos indios están pendientes
de la resolución que tomen respecto a una reforma que lesiona sus
derechos colectivos. Igualmente se buscará que durante los diez
días que podrían durar las audiencias en la Corte en relación
con las citadas controversias haya manifestaciones de los pueblos indios
de las diversas regiones que interpusieron esos recursos.
Además se harán llamados a la sociedad en
general para que acompañe también estás movilizaciones,
a fin de hacer "presión moral" sobre los ministros de la SCJN.
Al encuentro llegaron más de 150 participantes,
en su mayoría indígenas oaxaqueños, además
de Veracruz, Morelos, Chiapas, Puebla, Guerrero y el Distrito Federal,
representantes de pueblos nahuas, mixes, mixtecos, zapotecos, tzeltales,
tzotziles, choles y mestizos.
En las conclusiones se planteó además la
exigencia a la Suprema Corte de que "actúe con independencia, sensibilidad,
responsabilidad y objetividad para corregir los errores históricos
y de procedimiento" de los poderes Ejecutivo y Legislativo. "Que su análisis
se apegue a los contenidos del Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo, hasta ahora principal ley vigente en materia indígen,
en el que se basa la iniciativa de la Cocopa".
Asimismo, que su resolución final otorgue la razón
a los pueblos indígenas, invalidando la reforma; que la resolución
pueda generar criterios para garantizar el cumplimiento de los convenios
internacionales como el 169 de la OIT "y con ello en especial respetar
el derecho a la consulta que tienen los pueblos y así contribuya
a la construcción de una verdadera democracia".
La resolución debe ser reflejo "de una Corte que
otorgue verdadera justicia a todas las personas, propia de un Estado democrático
y regido por el derecho, resguardando los derechos humanos, individuales
y colectivos" y "que no renuncie a contribuir al proceso de paz".
Las organizaciones sociales presentes, cerca de una treintena,
entre ellas Servicios del Pueblo Mixe, Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro, Movimiento Agrario Zapatista, Unión de Organizaciones
de la Sierra Juárez de Oaxaca, Centro de Derechos Indígenas
Flor y Canto, Red Oaxaqueña de Derechos Humanos, Comisión
Independiente de Derechos Humanos de Morelos, Red de Abogados y Abogadas
por los Derechos de los Pueblos Indígenas, plantearon promover pronunciamientos
de apoyo firmados por los pueblos indígenas del mundo contra la
impugnada reforma y a favor de la iniciativa de ley de la Cocopa.
Durante los trabajos matutinos, tanto en plenaria como
en mesas, se discutieron propuestas para hacer frente a los retos que se
presentan a los pueblos indios: que la Corte admita las pruebas que se
están preparando por parte del equipo de abogados y los pueblos
indios en relación con las controversias contra la reforma impugnada;
que haya audiencias públicas; cómo generar nuevamente el
interés y participación de la sociedad a favor de la demanda
de los pueblos; que el resultado de los recursos contribuya a las posibilidades
de la paz.
Se subrayó en la plenaria que un primer triunfo
de las comunidades y pueblos indígenas fue que la Suprema Corte
aceptara las controversias presentadas, ya que podía haberse cerrado.
Se recordó que nunca se habían usado recursos jurídicos
para manifestar el desacuerdo con una reforma constitucional; se realizaban
movilizaciones y plantones, como ocurrió cuando la reforma al artículo
27, pero no se utilizaron recursos jurídicos.
"Los pueblos indios le están enseñando a
la sociedad mexicana que también usando el derecho se pueden resolver
las cosas que el legislador hace mal. La Corte también tiene que
responder a esta enseñanza", afirmó Carmen Herrera, del área
jurídica del Centro Pro.
En las mesas fue reiterada la referencia a la Marcha
del color de la tierra, efectuada hace un año por la comandancia
zapatista, y al Congreso Nacional Indígena en Nurio, "donde representantes
de más de 40 pueblos indios exigieron el cumplimiento de los acuerdos
de San Andrés y apoyaron la iniciativa de la Cocopa"; se valoró
como "un error que la movilización se paró el 28 de marzo,
cuando los zapatistas entran al Congreso, mientras en el Senado y en la
Cámara de Diputados se generó una correlación de fuerzas
a la derecha" que modifica y desvirtúa la iniciativa de la Cocopa.
"Después que se aprobó la reforma vino una
movilización muy desarticulada, pero se logró que diez congresos
la rechazaran, algo que ocurre por primera vez en la historia, y los legisladores
de derecha se ven obligados a acelerar el proceso y la Permanente hace
el cómputo sin cubrir los requisitos constitucionales, lo que nos
da elementos para presentar las controversias", se planteó.
Se subrayó que la Cocopa "todavía no está
a la altura de lo que su papel histórico requiere, mientras el grupo
de Bartlett-Fernández de Cevallos-Ortega está en plena ofensiva
por sacar su reforma y no están esperando a que resuelva las controversias
la Suprema Corte para ir preparando las modificaciones a 17 leyes secundarias".
Ante ello es necesario "ir construyendo una nueva correlación de
fuerzas al interior del Congreso"; la movilización indígena
para hacer contrapeso y replantear el tema indígena en la agenda
nacional, se argumentó.
Se hizo énfasis en que en el ámbito nacional
"la lucha indígena ha existido desde mucho antes de 1994 (cuando
se levantó en armas el EZLN) y la lucha contra la reforma constitucional
es sólo un capítulo. Es necesario buscar mecanismos y alianzas
para que la sociedad en general se sume a la lucha de los indígenas".
Entre posibles medidas "de resistencia civil" en caso
de un fallo negativo sobre las controversias, en varias mesas mesas se
propusieron bloqueos carreteros, toma de palacios municipales, "movilizaciones
articuladas".
Consulta en la Tarahumara
En vista de que los dos indígenas rarámuris
que habían sido comisionados para asistir al encuentro no llegaron
por problemas logísticos, el sacerdote jesuita Ricardo Robles explicó
que los pueblos rarámuri y tepehuano han estado buscando mayor comunicación
con otros pueblos indios del norte del país, lo que ha tropezado
con grandes dificultades por la incomunicación que sufren.
Mencionó que en la asamblea rarámuri realizada
en mayo de 2001, los pueblos rarámuri y tepehuano rechazaron la
reforma constitucional que entonces estaba en proceso y enviaron una comisión
al Congreso estatal a decirles que no la aceptaran. Los diputados locales
los recibieron, "pero los hicieron menos. Les dijeron que no había
tiempo de hacer consultas, que si los indígenas quisieran hacer
su propia consulta, la hicieran y sería tomada en cuenta".
Las autoridades indígenas decidieron hacer su consulta
en junio. Iban a entregar los resultados al Congreso el 12 de diciembre.
En la capital del estado los recibió primero una abogada que los
regañó "por meterse a hacer eso, porque ellos no son abogados.
Los tontearon. Luego los recibieron los diputados, que todo el tiempo estaban
hablando por sus celulares".
Los rarámuris y tepehuanos "hablan de que hay que
seguir peleando, que con ley o sin ley ellos seguirán viviendo a
su manera, tienen una autonomía muy fuerte que la van a conservar.
Ahora el Congreso del estado está haciendo su ley reglamentaria
otra vez sin consulta, como si no existiera la Suprema Corte, y lo que
es peor, como si no existieran los pueblos indios", comentó Robles
