La gestión de paz emprendida en Colombia por el gobierno del presidente Andrés Pastrana y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha llegado a su fin. En El Caguán las mesas de negociación han sido remplazadas por los aviones de bombardeo que machacan las posiciones rebeldes para allanar el paso a las tropas de tierra del Ejército colombiano y con ello se desvanecen las esperanzas que despertó en Colombia, en América Latina y en todo el mundo, el ahora extinto proceso de pacificación.

El detonador de este nuevo ciclo de guerra fue el secuestro de una aeronave de pasajeros y del diputado Jorge Eduardo Gechem Turbay, quien viajaba en ella; hechos atribuidos por el gobierno a la organización guerrillera que era, hasta anteayer, su interlocutora en San Vicente del Caguán.

Puede que la versión oficial sea cierta --las FARC niegan su participación en el aerosecuestro--, pero puede ser también que los delitos referidos hayan sido una provocación montada por los propios militares, por los sectores oligárquicos colombianos, por los paramilitares o por una conjunción de esos actores.

En la guerra recrudecida quedan, de un lado, una dirigencia guerrillera que comanda a las fuerzas rebeldes más antiguas de América y que ha sido duramente cuestionada, no sólo desde la derecha, sino también desde diversas izquierdas y desde la sociedad civil; del otro, un gobierno en su trayecto final que, a todas luces, no fue capaz de desembarazarse de sus compromisos con la oligarquía colombiana, con los militares y, sobre todo, con el gobierno de Estados Unidos, el cual resulta ser, al menos a corto plazo, el gran ganador en el fracaso del diálogo de paz: con la intensificación de las hostilidades en gran escala, Washington ve concretado su designio de inaugurar un frente bélico en este hemisferio y, con él, un vasto mercado para su armamento y sus servicios de asesoría militar.

La Casa Blanca tiene, adicionalmente, una oportunidad para materializar en el continente americano un escenario bélico que puede adicionarse a su "cruzada contra el terrorismo", así como circunstancias específicas para hacerse de un nuevo enemigo --más ficticio que verdadero, por supuesto--: lo que el Departamento de Estado llama, sin mucho rigor conceptual, la "narcoguerrilla" o "narcoterrorismo".

En medio de la guerra permanecen las víctimas de siempre: los civiles inermes, en su inmensa mayoría pobres, para quienes no existe escapatoria de las múltiples violencias que azotan su país. Atrapados entre las organizaciones guerrilleras, los paramilitares, los narcotraficantes y los militares, los moradores de la ahora cancelada zona de despeje --cinco municipios, 42 mil kilómetros cuadrados y más de 80 mil habitantes-- aportarán la mayor parte de las bajas en esta nueva guerra que, como todas las anteriores en Colombia, no va a resolver nada.