Compañera de fundador de la Liga 23 de Septiembre presenta denuncia ante él
Ofrece Carrillo indagar recientes casos de desapariciones
VICTOR BALLINAS
El fiscal especial para la investigación sobre desaparecidos, Ignacio Carrillo Prieto, aseguró ayer a dirigentes de organizaciones civiles y familiares de víctimas que no sólo investigará las desapariciones de la guerra sucia, es decir, las ocurridas en los setenta y los ochenta, sino que abarcará "todas las desapariciones de personas registradas hasta un día antes de la fecha del acuerdo presidencial del 27 de noviembre del 2001 que crea dicha instancia".
Al reunirse ayer con Graciela Mijárez, compañera de un fundador de la Liga 23 de Septiembre, Ignacio Arturo Salas Obregón -desaparecido desde el 25 de abril de 1974-, y con las organizaciones Unidad Obrera y Socialista, Fundación Diego Lucero, AFADEM, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Uvyd, Liga de Unidad Socialista y Unios, que demandaron ''la presentación del desaparecido y castigo a los responsables", escuchó dudas sobre la eficacia de la fiscalía, porque según los asistentes, el presidente Vicente Fox en su discurso del 19 le tiró línea. Carrillo Prieto reviró:
"A esta fiscalía nadie le da línea, y no tiene más límites para investigar que los que le establece la ley. Entiendo el enojo y la irritación de familias y organizaciones sociales por estos dolorosísimos hechos, y no creo que nadie pueda permanecer indiferente ante esta situación".
Insistió ante ellos en que la fiscalía a su cargo ''trabajará con transparencia, apertura y cooperación. Claro -matizó-, habrá algunas cosas que deberán manejarse con reserva para la investigación, ustedes deben entenderlo, pero fuera de eso, habrá transparencia, porque eso es lo que nos interesa''.
Carrillo Prieto escuchó primero a Graciela Mijárez, quien -dijo- acudía ante él para presentar y ratificar su denuncia por la desaparición de su compañero Ignacio Arturo Salas Obregón, ocurrida el 25 de abril de 1974 en Tlalnepantla, estado de México.
Lo último que se supo de él, explicó Mijárez, es que "fue detenido por agentes de la Dirección General de Policía y Tránsito del municipio de Tlalnepantla, fue puesto a disposición de las policías Judicial del estado y Judicial Federal adscritos a la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS). A partir de ese momento ya no se supo nada de su paradero".
Mijárez continuó: "estas autoridades tendrán que probar que no son cómplices de los que desaparecieron a nuestros familiares, amigos y compañeros. No tenemos confianza en la fiscalía; no creemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) haya investigado a fondo, incluso, ésta se ha negado a darme copia del expediente de mi compañero".
El abogado del Centro Pro, Jorge Fernández, dijo al fiscal: "esperamos que no sólo se queden en el marco del derecho mexicano, sino que también se apoye en la legislación internacional. Queremos que la fiscalía retome las experiencias de otros países, pues México no es el único país donde hay desaparecidos; ojalá pueda retomar las experiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y podamos conocer la verdad del pasado, conocer la identidad de los funcionarios que participaron en estos y que se den garantías de que no se volverán a repetir".
Carrillo Prieto apuntó: ''no participamos en complicidades. Tenemos conocimiento de la gravedad y la importancia de estos hechos dolorosos, y también quiero decirles que estamos estudiando experiencias del pasado, de Argentina, de Chile, entre otros".
