Se trata de reconciliar, no de ajustar cuentas, dice

Revisión del pasado, sólo con pacto político: Alvarez Icaza

Demanda a senadores eliminar reservas a convenios internacionales y ratificar adhesión a la Corte Penal

ANDREA BECERRIL

La revisión obligada del pasado se debe hacer con base en un pacto político, para que no se traduzca en ajuste de cuentas, sino en una reconciliación nacional, dijo el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Alvarez Icaza, en una reunión con senadores, en la que les demandó quitar las reservas que impusieron a convenios internacionales recientemente ratificados, a fin de que exista el andamiaje jurídico para la aplicación de la justicia.

Alvarez Icaza se refirió de manera específica a la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, que el Senado ratificó en diciembre pasado, pero con candados que impiden fincar responsabilidades en torno a la masacre en Tlatelolco y la guerra sucia de los setenta, e impiden juzgar a los militares involucrados.

El ombudsman capitalino subrayó que el debate de la transición en México tiene como eje el asunto de la justicia y obliga a revisar esas declaraciones interpretativas y reservas formuladas a esos instrumentos internacionales para la defensa de los derechos humanos. Insistió también en que el Senado legisle para ratificar la adhesión de México a la Corte Penal Internacional.

Alvarez Icaza aclaró que no se trata de un ajuste de cuentas o de revanchismo político, pero tampoco es la solución el olvido de lo sucedido en el pasado. "Las cicatrices no han cerrado, ahí están las heridas", agregó, y destacó la importancia del encuentro con los distintos actores, ''que incluso llegaron a las armas".

Explicó que se necesita, por supuesto, un pacto político mediante el cual los actores acuerden cómo se revisa el pasado, cuáles son los términos, las formas y los tiempos, pero también actualizar las normas internacionales.

Habló de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, ratificado en diciembre, pero con la reserva de que sólo operará a partir de su vigencia y subrayó a los senadores que ello no resuelve, por ejemplo, el problema de los desaparecidos de los setenta, que sigue vigente; la tortura, las ejecuciones extrajudiciales.

''No lo resuelve porque es un delito continuado. Hasta el día de hoy, mientras no haya evidencia jurídica, sigue siendo un delito, porque la persona sigue desaparecida".

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el priísta Sadot Sánchez Carreño, respondió al ombudsman capitalino. Respecto de la Corte Penal Internacional, le dijo que los legisladores lo ven con preocupación y lo estudian a fondo, porque además de que implica reformar el artículo 21 constitucional, la actuación tenida por Estados Unidos después de los atentados terroristas lleva a pensar en el riesgo de adherirse a tribunales internacionales en que sólo se juzgue a naciones con menos poderío.

Respecto a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, el senador Sánchez Carreño argumentó que no podía ratificarse con aplicación retroactiva, porque lo prohíbe la Constitución.

Alvarez Icaza le indicó que el problema en el tema de los desaparecidos o del 68 es que derive en un ajuste de cuentas. "Yo creo que eso no le conviene al país, creo que tenemos que hacer un proceso ordenado, con alcances, reglas y términos".

Esa fórmula, agregó, juega un papel vital, "porque ni siquiera tenemos la certeza como sociedad, como colectividad, de los alcances de lo que sucedió. Y yo estoy convencido de que ni siquiera es un escenario de buenos y malos".

Aclaró que no comparte los cuestionamientos a las fuerzas armadas, pero debe aclararse qué pasó y se necesita para ello el andamiaje jurídico; salvar ese debate entre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad ?entre ellos el de desaparición forzada? y la retroactividad que esgrimen los senadores.

Antonio García Torres, también senador del PRI, insistió en que adherirse a la Corte Penal Internacional significa ceder parte de la soberanía. El ombudsman del DF le respondió que, por el contrario, es un ejercicio de soberanía y de madurez, ya que se trata de atender ordenamientos internacionales, en la construcción de una globalización basada en la justicia.