¿Quién cuida a quién?

Si el Presidente es quien nombra al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ¿por qué toda la responsabilidad de la seguridad en la ciudad de México recae en el jefe de Gobierno? ¿Y por qué este último asume irresponsablemente toda la carga? ¿Por qué tan mal pleito? ¿Quién cuida a quién? ¿Quién vela por los ciudadanos más allá de la disputa del poder por el control de la policía?

La reforma política de 1994 para el Distrito Federal fue de transición y por ello dejó como facultad del Presidente de la República el control de la fuerza pública y, a manera de matiz, se aceptó que el jefe de Gobierno pudiera proponer ?sin dar el nombramiento? al titular de la SSP (artículo 34, título tercero, capítulo III, del Estatuto de Gobierno). No obstante, en aquel momento la negociación no determinó qué sucedería en caso de que la propuesta del jefe de Gobierno fuera rechazada o vetada, y ni siquiera preveía un escenario político-jurídico como el que hoy presenciamos.

La indefinición en estas atribuciones ha sido un punto delicado de inflexión en las relaciones entre el Presidente de la República y el jefe de Gobierno a partir de 1997, pues no queda clara la responsabilidad y facultad del primer mandatario en los problemas de seguridad de la capital; si así fuera, todos los males y problemas señalados en los últimos cuatro años no serían responsabilidad del jefe capitalino, sino del Presidente.

La confusión existe no desde que Leonel Godoy dejó la secretaría de SPP, sino desde 1994, cuando se profundiza, desde que todos, incluido el PRD, abandonaron la posición por el estado 32, la cual determinaba claramente que la fuerza pública y su titular deben ser parte del gabinete del gobernante local.

La confusión nace estrictamente en el momento en que Ernesto Zedillo declinó sin comentario la propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas, quien postuló a Rodolfo Debernardi.

El ex presidente presentó la declinación como un gesto discrecional de "buena fe", renunciando a su facultad de otorgarla íntegra al jefe de Gobierno. Este fue un regalo envenenado, pues a partir de ese día las fuerzas opositoras ?PRI, PAN y medios de comunicación? hicieron de la inseguridad el problema número uno de la ciudad, muy por encima de los que generan el desempleo, los bajos salarios y la contaminación que reinaron durante años.

Hoy lo que está en juego es la lucha por el control de la fuerza pública, con el antecedente de que ya desde hace meses las calles de la ciudad son patrulladas por la Policía Federal Preventiva (PFP). Es decir, que el acto discrecional ha terminado y el pragmatismo del actual jefe de Gobierno terminará entregando a jirones lo que, a pesar de todas las presiones y vacíos de la Federación, estaba bajo el mando del gobierno local.

El jefe de Gobierno y el PRD piden que "Fox no intervenga", cuando el sentido común plantearía o una reforma al Estatuto de Gobierno o comprometer al gobierno federal en su responsabilidad compartida en los problemas de seguridad pública del Distrito Federal, que no son de ninguna manera asuntos que puedan resolver la buena voluntad o una sana intención local, sino que tienen un origen estructural y constituyen parte de los grandes problemas nacionales.

Paradójicamente, la responsabilidad difusa del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal "ayuda" a involucrar al gobierno federal y local en la seguridad de la capital, al tiempo que obliga a ambos a la colaboración y a compartir la responsabilidad, lo cual no han hecho ni el jefe de Gobierno ni su partido. Si de oponerse se trata, el PRD debería tener desde hace meses una iniciativa de reforma al Estatuto demandando el uso exclusivo de la facultad y la responsabilidad como parte de la reforma política, lo cual no se hizo ni se tocó en la mesa de partidos, encabezada por Ortiz Pinchetti.

Con la estrategia actual de todas maneras pierde el jefe de Gobierno, pues lo más probable es que Fox, a lo juarista, utilice contra su rijoso adversario su facultad "en apego estricto de la ley" para nombrar al titular de la fuerza pública despojando de todo control al jefe de Gobierno; pero si ganara el gobernante local sería un triunfo pírrico, pues el nuevo titular quedará aislado y deberá concentrar solo la responsabilidad de la inseguridad, sin ningún apoyo y sí con muchas declaraciones de guerra.

Hoy sabremos cuál fue el acuerdo pragmático entre Fox y López Obrador, que se disputan la manzana envenenada. Por ahora podríamos adelantar, dados los antecedentes, que ninguno tiene un proyecto estratégico respecto al uso de la fuerza pública, y que si alguno gana, será porque la ciudadanía pierde.