Hacienda, dirigida por Gurría, autorizó partida especial para transferir $640 millones

Por carecer de recursos suficientes, Pemex no debió otorgar préstamo al sindicato: Secodam

Informa a la PGR que según el contrato colectivo de trabajo los empréstitos sólo se

deben hacer si hay disponibilidad presupuestal La mayoría de fondos habría ido al PRI

GUSTAVO CASTILLO Y ENRIQUE MENDEZ

La Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) presentó pruebas documentales a la Procuraduría General de la República (PGR) de que el préstamo por 640 millones de pesos de Petróleos Mexicanos (Pemex) a su sindicato -de los cuales 500 millones habrían sido utilizados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa- se otorgó a sabiendas de que la paraestatal no contaba con los recursos presupuestales suficientes.

Además, en la denuncia presentada por la Contraloría el 10 de diciembre de 2001, que motivó el inicio de la averiguación previa PGR/UEDO/182/2001, se señala que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) "adecuó el presupuesto de Pemex" para cubrir el compromiso financiero que dejó la entrega de recursos al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), en 2000.

La dependencia entregó copia de la cláusula 246 del contrato colectivo de trabajo (CCT) de Pemex y el STPRM para demostrar la ilegalidad en que incurrieron el líder del sindicato, Carlos Romero Deschamps; el secretario de Finanzas del mismo, Ricardo Aldana Prieto, así como Rogelio Montemayor Seguy, ex director de Pemex, y los ex directores corporativos de Administración y de Finanzas de la paraestatal, Carlos Juaristi Septién y Juan José Domené.

Hasta el momento, Montemayor es el único de los acusados que defiende la legalidad del acto; aduce que el contrato colectivo le permitía otorgar préstamos, mediante convenios entre la empresa y el STPRM, y que no requería la aprobación del consejo de administración.

Pero la cláusula 246 del CCT del STPRM establece: "En los casos en que proceda y exista disponibilidad presupuestal, el patrón podrá otorgar préstamos a cuenta de cuotas sindicales al STPRM o a sus secciones por conducto del Comité Ejecutivo General; préstamos que serán deducidos de las cuotas que les correspondan conforme a este contrato, en los plazos y las condiciones que se señalen en cada caso en los convenios que se suscriban para tales efectos".

Actuación de Hacienda

En su escrito de denuncia a la PGR, la Secodam menciona que Pemex "carecía de los recursos para hacer frente a dicho pago extraordinario", y argumenta que Montemayor se "excedió en las facultades" que le otorgaban la Ley de las Entidades Paraestatales y la Ley Orgánica de Pemex.

Agrega que no se observaron las prevenciones contenidas en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal "al haberse asumido un compromiso sin que existiera un presupuesto aprobado para ello, además de que con la suscripción del convenio reconoció obligaciones anteriores a esa fecha y al ejercicio presupuestal en curso".

Sin embargo, después del 8 de junio, fecha en que Pemex entregó 640 millones de pesos vía un préstamo al STPRM concedido el 11 de septiembre de 2000, Montemayor aprobó un convenio mediante el cual se proporcionaron el 19 de octubre de ese año otros 460 millones de pesos a la organización gremial. También, sin que existieran recursos presupuestales.

Para cubrir el hueco financiero la SHCP -a cargo entonces de José Angel Gurría- autorizó una "partida especial" el 29 de septiembre de 2000, según la auditoría practicada por la Secodam.

De esos recursos habría salido el dinero para cubrir los 460 millones de pesos entregados al STPRM el 19 de octubre de 2000.

En el oficio 1,103 de la Secodam se señala que la entrega de dinero de Pemex al STPRM fue "el inicio de un conjunto de actos urdidos por el (ex) director general de Pemex y los directores corporativos de Administración y Finanzas, utilizados para distraer fondos públicos al amparo de la relación obrero patronal, que no estaba debidamente justificada".

Agrega: "mediante la suscripción de dos convenios administrativos, cuyo objeto carece de justificación, pretendieron legitimar la distracción de recursos públicos, aduciendo la solventación de obligaciones presuntamente inexistentes".

De acuerdo con versiones oficiales, el 11 de septiembre, ante el coordinador general de Funcionarios Conciliadores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Emilio Gómez Vives, representantes del STPRM y de Pemex se reunieron para negociar el pago de los "incumplimientos contractuales" de la empresa con su sindicato, que supuestamente ascendían a 5 mil millones de pesos.

Pero se acordó que Pemex sólo pagaría mil 100 millones, de los cuales 850 millones correspondían a los adeudos citados y 250 millones más "como ayuda para cubrir gastos efectuados en el litigio con la empresa Arriba Limited".

Sin embargo, los documentos de la Secodam señalan que del monto convenido se "descontaron" los 640 millones que ya se le habían entregado a la directiva del sindicato en junio de 2000.

Lo anterior, pese a que supuestamente el crédito de 640 millones fue otorgado "bajo el argumento de que serviría para hacer frente a los problemas legales de los que era parte el sindicato", que también estaban vinculados con Arriba Limited.

Por otra parte, luego de que la PGR amplió las investigaciones del presunto manejo irregular de recursos en la campaña presidencial del tricolor por medio de los coordinadores estatales de las actividades de Labastida, priístas que participaron en la estructura del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) se deslindaron del caso.

En el año 2000, en el PRI se conformaron dos estructuras de campaña: una coordinada por el ex secretario de Operación Política, el ex priísta José Guadarrama Márquez, y otra por el grupo cercano a Labastida, conocido como el dream team.

Algunos ex integrantes del primer equipo señalaron que no manejaron recursos, sino que lo hizo la estructura constituida por el senador Emilio Gamboa Patrón, ex secretario técnico del Consejo Político Nacional (CPN).

"El, Eduardo Bours (enlace con los empresarios) y Guillermo Ruiz de Teresa (coordinador de Giras) eran los que manejaban el dinero. No nosotros."

-ƑY sobre la información nueva, acerca de que Jorge Cárdenas manejó el dinero?

-ƑCuáles datos? Nada que no supiéramos desde la campaña -declaró un ex delegado regional del CEN.

En tanto, Roberto Campa Cifrián, coordinador en 2000 de la campaña de Labastida en el Distrito Federal, rechazó haber manejado recursos, y dijo que las actividades proselitistas en la capital del país se financiaron "con dos o tres rifas. No hubo dispendio ni manejo irregular de recursos".

-ƑA usted no lo ha citado la PGR o lo ha llamado para pedirle información?

-Nadie. Pero estoy a las órdenes de cualquiera, en cualquier momento.

En una entrevista de radio, la presidenta del PRI, Dulce María Sauri Riancho, consideró que para agotar las versiones sobre el caso, "es necesario que la PGR proceda a consignar ante el juez el asunto relativo al convenio de Pemex, porque no se vale estar virtualmente ordeñando un caso para causar desprestigio" al tricolor.