En México persiste la violación de los derechos humanos de sexoservidores, denuncian ONG

Ť Algunas autoridades no respetan la confidencialidad de la detección del sida, aseguran

Ť Reclaman que las comisiones defensoras de las garantías personales intervengan

ANGELES CRUZ

Contraviniendo lo establecido en convenios, normas internacionales e incluso nacionales, en México persiste la violación de los derechos humanos de los trabajadores sexuales, quienes para poder ejercer su actividad en diversos municipios y delegaciones son obligados a llevar un "control sanitario" que supuestamente certifica un buen estado físico, libre de enfermedades.

La tarjeta, credencial o carnet de citas médicas que deben portar los sexoservidores y que en la década de los 80 y principios de los 90 fue muy útil para observar la proliferación del VIH/sida en ese sector, se convirtió en un mecanismo de control que pasa por alto el respeto a la voluntariedad y confidencialidad de la prueba de detección.

Así lo afirma Griselda Hernández Tepichín, directora técnica del Centro Nacional para la Prevención y Control del Sida (Censida), dependencia que no apoya esos exámenes obligatorios.

Debido a que la Norma Oficial Mexicana (NOM) para la Prevención y Control del VIH/sida no establece ninguna sanción para quien viole las disposiciones que contiene, su aplicación depende de la buena voluntad de las autoridades municipales.

Según la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, es indispensable la intervención de las comisiones de derechos humanos, así como un acto de autoridad que obligue a funcionarios y médicos a respetar la NOM. No basta, señala la agrupación, con que el Censida "se la pase tratando de convencer a los gobiernos municipales".

Las directrices internacionales de la Organización Mundial de la Salud, asumidas por México en la NOM, establecen el derecho de las personas a realizarse el examen clínico para detectar el virus y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) previo consentimiento informado.

De ninguna manera, señalan ambos preceptos, deberá ser obligatoria o condicionante para obtener un trabajo, tener acceso a bienes y servicios, contraer matrimonio o recibir atención médica.

Sin embargo, en varios municipios de Guanajuato, Tabasco, Veracruz, Hidalgo, estado de México, Oaxaca, Morelos, e incluso en el Distrito Federal, entre otras entidades, los sexoservidores deben portar la credencial o carnet de citas médicas, a riesgo de ser aprehendidos por las autoridades en caso de no traerla consigo.

En la ciudad de México, particularmente en la delegación Venustiano Carranza, la autoridad justifica la existencia del carnet de citas como "la forma para saber quiénes son las personas que practican el sexoservicio, (a fin de) evitar que sean menores de edad o que se filtren homosexuales".

Martín Bermúdez, director de Desarrollo Social, explicó que el interés de la delegación Venustiano Carranza es "tener un control del sexoservicio en colaboración con las mujeres que lo practican", quienes a cambio tienen acceso a servicio de guardería, capacitación en otro tipo de actividades, servicio médico y apoyo sicológico.

Bermúdez subrayó el interés de la demarcación por respetar los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y apoyarlas si se les detecta alguna enfermedad, aunque admitió que "ellas cooperan con nosotros asistiendo a los chequeos médicos y portando el carnet de citas".

El Gobierno del Distrito Federal publicó en la Gaceta Oficial del 25 de mayo de 2000 su determinación de suspender el uso de la credencial para trabajadoras y trabajadores sexuales.

No obstante, aunque con algunos matices, en la delegación Venustiano Carranza continuará vigente ese instrumento, una vez que se firme el convenio con las representantes de las sexoservidoras.

La decisión del gobierno capitalino se originó por el reconocimiento de que la credencial expedida por Censida y resellada cada tres meses para acreditar la ausencia de VIH/sida se utilizó con fines ilícitos, contrarios a los de prevención o control sanitario.

Problema nacional

La problemática de las tarjetas de control sanitario es de alcance nacional. Cada municipio tiene la potestad de imponer sus propias normas en esta materia, las que, además, cambian igual que lo hacen las autoridades locales, cada tres años.

Convenios entre autoridades y organizaciones de trabajadores sexuales; decretos que reforman y adicionan las leyes estatales de salud, y bandos municipales son algunos de los ordenamientos utilizados por las autoridades para "controlar" el ejercicio del sexo comercial.

La Red Mexicana de Trabajo Sexual, conformada por 22 agrupaciones de hombres y mujeres sexoservidores y organizaciones de apoyo, en igual número de entidades federativas, ha vivido esos hechos. Ellos mismos aseguran que "cuando alguien sale positivo a alguna enfermedad tiene dos opciones: dejar de ir al servicio médico y seguir trabajando bajo su propio riesgo frente a las razzias o pagar una cuota para obtener el sello en la credencial".

Así, la tarjeta de control de sanitario o credencial únicamente promueve la corrupción y está muy lejos de ser un instrumento para disminuir el riesgo de contraer enfermedades, afirmó Griselda Hernández Tepichín, directora técnica de Censida.

La funcionaria admitió que la problemática es compleja, porque en ocasiones las propias sexoservidoras no perciben como una violación a sus derechos el tener que contar con la credencial o carnet de citas.

Por su bajo nivel socioeconómico y la indefensión en que se encuentran, ese documento con fotografía es para muchas de ellas el único de carácter oficial que pueden tener como identificación.

Hernández Tepichín aseguró que los servicios estatales de salud buscan métodos más efectivos para sensibilizar a las autoridades administrativas, así como a las mujeres y hombres que practican el sexo comercial, sobre el cuidado de la salud, en particular con el uso del condón.

El convenio internacional promovido por Naciones Unidas y suscrito por México sobre la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena indica que los países están comprometidos a derogar o abolir cualquier ley o reglamento por los cuales las personas dedicadas a la prostitución "tengan que inscribirse en un registro especial, que poseer un documento especial o que cumplir algún requisito excepcional para fines de vigilancia o notificación".

La realidad es que, presionados por cumplir con los requisitos impuestos por las autoridades locales, y en la mayoría de los casos sin otra opción que continuar en la actividad, el interés de los sexoservidores se centra en la obtención de la tarjeta y dejan de lado la preservación de su salud, concluye Censida.

Los casos más conocidos, reportados por las organizaciones civiles, relativos a la persecución de que son víctimas los sexoservidores se dieron en Veracruz a mediados del año pasado. Ahí, las autoridades han utilizado de manera inadecuada los resultados de las pruebas de laboratorio, sobre todo cuando han salido positivos al VIH/sida.

Por su parte, la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez argumentó que para terminar con el uso de la credencial se requiere de la voluntad política de la Secretaría de Salud, a través del Censida, así como de la intervención de las comisiones nacional y estatales de derechos humanos.

La brigada existe desde 1995 y su labor es apoyar a las sexoservidoras. Es la primera y única ONG en tener un programa de mercadeo social del condón, dirigido específicamente a la prevención del VIH/sida entre los trabajadores sexuales.

Sexoservicio, trabajo no asalariado

Los integrantes de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, organismo próximo a constituirse jurídicamente, opinan que si se generaliza el uso de la tarjeta de control sanitario también debería reconocerse la actividad como un oficio y, en consecuencia, tendría que modificarse la Ley Federal del Trabajo. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tendría que reconocer esa práctica como un empleo no asalariado.

Está científicamente comprobado que la única manera para prevenir las enfermedades de transmisión sexual (ETS), incluido el VIH/sida, es la promoción del preservativo, señalaron los integrantes de la red, quienes cuentan con la asesoría de la brigada callejera.

Mencionaron el caso de Michoacán, donde el Consejo Estatal para la Prevención y Control del VIH/sida (Coesida) distribuye gratuitamente condones en las estéticas, los centros de salud y entre quienes de manera voluntaria se realizan la prueba de detección del VIH/sida. Además, las personas que resultan portadoras del mal tienen la garantía de que recibirán servicio médico y los fármacos necesarios para controlarlo.

El Coesida de Jalisco promueve el mercadeo social del preservativo, sobre todo en los lugares donde se ejerce el sexoservicio ?bares, entre otros. Para los indigentes la distribución del condón es gratuita.

Una situación similar, aunque con recursos económicos más limitados, se vive en Oaxaca. En esta entidad, sin embargo, y de acuerdo con la información de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, existe un grupo de políticos que promueven la idea de instalar zonas de tolerancia y regresar al uso de las tarjetas de control sanitario.

Por eso, entre las actividades que este año realizará la red están: terminar con el uso de la tarjeta de control sanitario, así como denunciar los sitios donde se venden o distribuyen condones caducos o que no cumplen con las normas de la Secretaría de Salud.