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Ť Da plazo de 30 días a Fox y secretarios
para que comparezcan en torno al nuevo aeropuerto
Acepta la SCJN controversia del ayuntamiento de Acolman
Ť El gobierno violó la Constitución al excluir
a municipios de la toma de decisiones: síndico procurador
RENE RAMON ALVARADO CORRESPONSAL
Acolman, Mex., 19 de enero. La Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) aceptó la controversia constitucional
presentada por el ayuntamiento de esta localidad y otorgó un plazo
de 30 días hábiles al Presidente de la República y
a los secretarios de Comunicaciones y Transportes (SCT), de la Contraloría
de la Federación (Secodam) y de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), a fin de que acudan a exponer los argumentos que tomaron en cuenta
para construir en la ribera de Texcoco el nuevo aeropuerto internacional
de México.
Al ser aceptada la demanda de juicio, bajo el número
de expediente 2/2002, el magistrado Juventino V. Castro y Castro determinó
que otras autoridades que deberán responder por esta controversia
son las de los ayuntamientos de San Salvador Atenco, Texcoco, Chimalhuacán,
Los Reyes La Paz, Tezoyuca, San Vicente Chicoloapan, Chiautla, Chiconcuac,
Papalotla y Tepetlaoxtoc, además del gobierno del Distrito Federal.
Comparecerán núcleos ejidales
De acuerdo con el oficio 01280-II, de fecha 8 de enero,
la SCJN determinó que deben comparecer como terceros interesados
cada uno de los 13 núcleos ejidales de Atenco, Chimalhuacán
y Texcoco, afectados por los "decretos presidenciales de expropiación
por causas de utilidad pública", difundidos el pasado 22 de octubre.
El mismo procedimiento se aplicó para el gobierno del estado de
México.
De esta manera la SCJN dio paso a la controversia presentada
por el gobierno municipal de Acolman el 6 de diciembre pasado, la cual
no fue aceptada por carecer de argumentos jurídicos. Tras ser corregidas
las fallas, el tribunal decidió que sí procede la demanda
contra el presidente Vicente Fox y los titulares de SCT, Secodam, y SHCP,
Pedro Cerisola, Francisco Barrio y Francisco Gil Díaz, respectivamente.
Juan Francisco Javier García Estrada, síndico
procurador del ayuntamiento de Acolman, asegura que el gobierno de la República
violó la Constitución al excluir en la toma de la decisión
a los gobiernos municipales, que, por ley, debieron ser consultados e incluidos
en el proyecto antes de que se aprobara la edificación de la nueva
base aérea en Texcoco.
Especificó que su demanda se centra en los artículos
115, 52 y 53 constitucionales, que hablan de la autonomía en la
planeación del desarrollo urbano de los municipios, lo cual tiene
que ser democráticamente, y de su participación en los programas
regionales que realice el gobierno federal.
A diferencia de las controversias constitucionales presentadas
por el ayuntamiento de Texcoco y el Gobierno del Distrito Federal, el síndico
procurador asegura que no se oponen a la construcción del aeropuerto.
"Sólo estamos demostrando" que con ella "nuestra localidad será
afectada, principalmente con el crecimiento poblacional", es decir, en
menos de cinco años la población de Atenco, actualmente de
62 mil habitantes según el INEGI, se triplicará "y será
por asentamientos irregulares".
Consideró que si el gobierno quiere edificar la
nueva terminal aérea tendrá que triplicar los recursos asignados
a esta localidad, que para 2002 será de 60 millones de pesos, pues
Acolman tiene jurisdicción, con San Salvador Atenco, a lo largo
de más de 20 kilómetros.
Indicó que el municipio de Acolman tiene cuatro
asentamientos humanos irregulares en los límites con Atenco: La
Laguna, con más de 15 mil habitantes; Las Brisas, con 4 mil; Lázaro
Cárdenas, con 7 mil, y Prados de San Juan, con mil 500 habitantes.
Estas colonias carecen de los servicios básicos,
no hay agua, luz, drenaje y electrificación. "Sólo se convertirán
en los cinturones de miseria en torno a un aeropuerto, como ocurre con
la actual terminal aérea de la ciudad de México".
Sostuvo que sólo para electrificar La Laguna, Luz
y Fuerza del Centro calculó 8 millones de pesos. "¿De dónde
vamos a sacar tanto dinero?", se preguntó, y advirtió que
si el gobierno de la República no incluye en sus planes de desarrollo
a los municipios que colindan con los terrenos que se utilizarán
para construir el nuevo aeropuerto, para la región no habrá
beneficios, sólo la creación de nuevos asentamientos humanos.
Indicó que Acolman cuenta con 180 hectáreas
de parcelas, en 90 por ciento de las cuales se cosecha forraje. Ante esta
situación, aseguró que los ejidatarios ya negocian con las
principales inmobiliarias de la construcción como ARA y GEO, quienes
pretenden construir unidades habitacionales a cinco kilómetros de
la zona donde quedaría edificado el nuevo aeropuerto, "y téngalo
por seguro que el mantenimiento no correrá a cargo del gobierno
federal".
La situación en la cabecera municipal de San Salvador
Atenco se ha mantenido en relativa calma, los campesinos han suspendido
cualquier movilización y sólo mantienen sus rondines, ''porque
queremos guardar fuerzas para la marcha que emprenderemos el próximo
miércoles a la capital del estado".