Ť "Despidos arbitrarios" en Chiapas; "intento de imposición" en Campeche

Conflictos en dos comisiones de derechos humanos

JOSE GALAN

Organizaciones defensoras de los derechos humanos de la zona maya de Quintana Roo exigieron a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados que intervenga para evitar una imposición del Congreso local -de mayoría priísta- en la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del estado.

En Chiapas, trabajadores de la Comisión de Derechos Humanos denunciaron que su presidente, Pedro Raúl López Hernández, "nuevamente" ha violado sus garantías y ha "motivado un conflicto interno".

En la zona maya quintanarroense, diez ONG locales expresaron su apoyo a la abogada y maestra Teresa Duch Garay, "pero los diputados nos quieren imponer a un empleado suyo", lamentaron Umaalobil Ti Tu Lakal Mak, que agrupa a 15 comunidades del municipio de Felipe Carrillo Puerto; Kalan Kuxtal Wi It Mako'o, de 30 comunidades del municipio de José María Morelos; Rosa Carranza Sánchez, del organismo Mesomaya; José Bertoldo Tun Tuz, representante del Fondo Regional del municipio de Othón P. Blanco, con 30 comunidades; Faustina Poot Cruz, representante de Uútz Kuxtal y 10 comunidades de Felipe Carrillo Puerto; Andrés Mex Chi, representante de Toksa Kuxtal Wi it Mako'o y 30 comunidades del municipio de Lázaro Cárdenas, y Clemente Kinil Euán, representante del Fondo Regional Ch'íbal Maya, junto con otras 54 comunidades de Felipe Carrillo Puerto.

Los quejosos supieron por la prensa local el 18 de enero -un día después del cierre de la convocatoria para elegir al nuevo titular- de que, según el diputado Angel de Jesús Martínez, secretario de la Comisión Permanente, "sólo hay una propuesta, y es unánime: Armando García Torres".

Ellos proponen a Teresa Duch Garay, quien ha sido juez, catedrática y coordinadora de la carrera de Derecho en la Universidad de Quintana Roo, ha apoyado a las comunidades mayas y coordinó un reciente seminario internacional sobre administración de justicia y pueblos indígenas.

"Nos garantiza que se cumpla el respeto a nuestros derechos humanos y como indígenas, y será capaz de fortalecer la labor de la Comisión Estatal en nuestras comunidades", sostuvieron en un escrito.

Por su parte, trabajadores de la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas acusan en un escrito al presidente de "desviar el verdadero origen de los problemas, al politizar" el conflicto.

"Fuimos despedidos injustamente de nuestros empleos por denunciar las ieregularidades que ha cometido y sigue cometiendo", sostienen los denunciantes, representados por Alba Guadalupe Cruz Sánchez. "Fuimos privados de nuestra libertad y obligados a firmar nuestra renuncia" por Pedro Raúl López, "quien ordenó que fuéramos sometidos a interrogatorios en contra de nuestra voluntad, filmados y grabados, tratándonos como delincuentes" denuncian.

Aseguran que descubrieron que el presidente de la comisión estaba adquiriendo equipo de "espionaje": grabadoras pequeñas y una cámara que filma hasta en la oscuridad.