Ť Se están auditando partidas sobre las que aún no se presenta denuncia: Secodam

Superaría $1,100 millones el desvío en Pemex

Ť Confía en que se finque responsabilidad penal a quienes transfirieron recursos al PRI

JOSE ANTONIO ROMAN Y GUSTAVO CASTILLO GARCIA

El secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), Francisco Barrio Terrazas, informó ayer que el presunto desvío de recursos en Pemex podría superar los mil 100 millones de pesos, dado que "hay otras partidas" (que se están auditando) sobre las que no se ha presentado todavía denuncia.

Tras confirmar la información dada a conocer por La Jornada, en el sentido de que la Procuraduría General de la República (PGR) investiga a ex funcionarios priístas y la participación del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) en la presunta transferencia de recursos, precisó que la actual querella sólo involucra dos partidas presupuestales de Pemex.

Barrio Terrazas fue entrevistado durante los trabajos del Consejo Político del PAN, realizados en la sede nacional de este partido. El funcionario detalló que hasta el momento existe una denuncia por dos partidas que suman mil 100 millones de pesos, mismos que la empresa destinó irregularmente al STPRM.

Reveló que "hay otras partidas sobre las que no hemos presentado todavía denuncia. Pudiera haberla o no, eso dependerá de las conclusiones a las que se llegue".

Dijo que la dependencia a su cargo y la PGR han "trabajado bastante en este asunto", pero aclaró que todavía no puede afirmar que los recursos se utilizaron para financiar de manera directa la campaña del entonces candidato presidencial priísta Francisco Labastida Ochoa.

Precisó que será hasta que las indagatorias del Ministerio Público Federal hayan concluido cuando se llegue a alguna conclusión en cuanto a la responsabilidad de algún o algunos ex funcionarios.

No obstante, dijo que la denuncia de hechos presentada ante la PGR está destinada a esclarecer las entregas que Pemex hizo al sindicato petrolero, a través de la firma de un convenio y el pago de supuestos adeudos con la organización gremial, que a juicio de la Secodam "no están justificados".

El contralor federal expresó su confianza en que se pueda fincar cargos penales a los responsables de las irregularidades cometidas en Pemex durante la gestión de Rogelio Montemayor Seguy.

Sin embargo, indicó que "no se puede tener la certeza de que un asunto finalmente se resuelva de tal o cual forma. Los asuntos se litigan".

Recordó el caso reciente de los ex funcionarios del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), en el que el juez determinó que las pruebas presentadas por las autoridades no probaban los ilícitos que se les imputaron.

Las investigaciones

Fuentes oficiales revelaron que la Secodam "aún tiene tres auditorías en las que está por determinarse si hubo otras desviaciones de fondos de la paraestatal a campañas electorales de candidatos del PRI", aunque aclararon que no necesariamente están relacionadas con la Operación Crudo, investigación por la que la PGR mantiene bajo arraigo a tres ex empleados del PRI que participaron de manera directa en la transferencia de los mil 100 millones de pesos.

En la Procuraduría General de la República se mantiene absoluto hermetismo en torno a las investigaciones contra ex funcionarios de la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa y los encargados de sus finanzas.

Sin embargo, la interposición de la denuncia por parte de la Secodam se ha constituido en una averiguación previa conocida como Operación Crudo.

La indagatoria se guarda en la más estricta confidencialidad en la dependencia que dirige el general Rafael Macedo de la Concha, a tal grado que "no más de tres personas estarían enterados de su existencia y desarrollo", dijeron funcionarios de la procuraduría.

Como lo dio a conocer La Jornada en su edición de ayer, a finales de diciembre la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) tomó conocimiento de que el Consejo de Administración de Pemex y la Secretaría de Energía autorizaron el desvío de mil 100 millones de pesos al STPRM.

Ese dinero fue cobrado en efectivo en la empresa de resguardo y custodia de valores Cometra y, posteriormente, entregado de manera directa en la sede nacional del PRI para incluirse como parte de los gastos de campaña a la Presidencia de la República del año 2000.

En cuanto a la Operación Crudo, el asunto no fue turnado a la subprocuraduría A de Procedimientos Penales como ha ocurrido en anteriores denuncias de la Secodam, porque se estimó la "posibilidad de que existan elementos constitutivos de delitos tipificados como delincuencia organizada", señalaron las fuentes consultadas.

"La transferencia de recursos está acreditada en la auditoría practicada por la Secodam, al igual que la manera en que el dinero -mil 100 millones de pesos- se pagó al sindicato petrolero y el destino final que tuvo ese capital.

"Pero la investigación que lleva a cabo la UEDO no significa que ya haya culpables; los detenidos están sujetos a una indagatoria en la que se determinará su responsabilidad en los hechos que se les imputan, pero también, en caso de avanzar jurídicamente los elementos de cargo, podrían surgir los nombres de los verdaderos responsables del desvío de recursos", señalaron los informantes.

Melitón Cázares, Andrés Heredia -empleados del PRI en 2000, y actualmente del Sistema de Administración Tributaria- y Alonso Veraza, ex coordinador administrativo de la Secretaría de Elecciones del PRI, son hasta el momento los nombres de los operadores en este presunto desvío de recursos que involucra a Pemex, al sindicato y a la campaña electoral priísta de 2000.

Los tres fueron detenidos a finales de diciembre pasado y sometidos a un arraigo judicial hasta por un plazo de 90 días, en una casa bajo resguardo de la PGR, y de la cual se desconoce su ubicación, "por una medida de seguridad de las autoridades".

Según fuentes consultadas, "no se puede hablar de que ya se tiene acreditado un acto ilícito en el que están involucrados funcionarios del sindicato y el PRI, porque el Ministerio Público tiene que contar con los elementos suficientes para acusar penalmente a las personas que resulten presuntos responsables, y hasta este momento, de acuerdo con la ley, el sindicato puede hacer lo que quiera con su dinero.

"Esto es, la investigación de la PGR primero deberá determinar jurídicamente si funcionarios de Pemex incurrieron en un acto ilícito durante la elaboración, la firma y el cumplimiento del convenio con el STPRM, al entregar de manera irregular dinero de la paraestatal a otra instancia para fines distintos a los de su actividad y requerimientos.

"Luego, establecer si en realidad existía el adeudo que fue cubierto con autorización del Consejo de Administración de Pemex y de la Secretaría de Energía, y que tuvo como resultado final que por el cumplimiento de ambos compromisos se desembolsaran mil 100 millones de pesos", revelaron.

Las fuentes indicaron que "uno de los puntos más trascendentes de la investigación consiste en conocer por qué si el convenio y la deuda eran legales, los funcionarios de Pemex y los representantes del STPRM acordaron saldar los compromisos con el pago de la quinta parte del valor total de ellos, que era de 5 mil millones de pesos".

La Secodam aún tiene tres auditorías en curso, y según las fuentes consultadas, la dependencia podría tener resultados concretos en las próximas tres semanas respecto a si se aplicarán o no sanciones de tipo administrativo.

"Tardará más tiempo encontrar elementos para consignar los expedientes a la PGR, pues las pruebas documentales que acrediten la presunción de delitos que deban ser conocidos por el Ministerio Público tendrán que ser estudiadas a profundidad para evitar descalabros jurídicos ante los tribunales", indicaron.

Aplicar la ley con rigor, exige el PAN

El dirigente nacional del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, exigió que las investigaciones aclaren los presuntos desvíos de recursos a la campaña priísta, y que en caso de probar la comisión de actos ilícitos se aplique la ley con todo rigor.

En conferencia de prensa que concedió junto con el secretario general del PAN, Jorge Ocejo, al término del Consejo Político, Bravo Mena agregó que de probarse estas imputaciones, se evidenciarían no sólo las responsabilidades penales y jurídicas del caso, por el tráfico de dinero ilegal y oscuro que se manejó en la campaña del candidato oficial, sino que el PRI "sangró el presupuesto del país y los recursos de una empresa tan delicada y estratégica, como es la de Pemex, para financiar sus campañas".

-ƑEsta sería una falta tan grave como para solicitar la pérdida del registro del partido responsable?

-Me gustaría analizar legalmente el asunto; revisar la ley electoral, para ver si existe alguna base para hacerlo. En el caso de que así fuera, por supuesto. El que cometa una falta y la ley prevea que esas pueden ser las consecuencias de esos actos, tendríamos que ir al fondo, incluso hasta en ese sentido -respondió el dirigente nacional blanquiazul.