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Ť Fue sorprendido cuando realizaba la exoneración ilegal de una multa
Detienen a funcionario del Instituto del Taxi
Ť También se aprehendió a otros 2 empleados y 4 particulares por incurrir en irregularidades
ANGEL BOLAÑOS Y LAURA GOMEZ F.
El subdirector jurídico del Instituto del Taxi, Rafael Martínez Hernández, fue consignado ayer ante un juez penal por delito fiscal cometido por servidor público, mientras que otros dos empleados del organismo y cuatro particulares que también fueron detenidos el miércoles pasado en un operativo encabezado por la Contraloría General quedaron libres bajo las reservas de ley, aun cuando la investigación continúa.
Juan Guillermo Ramos Espinosa, encargado de la Fiscalía para Delitos Fiscales de la PGJDF, explicó que la tarde del miércoles personal de la contraloría sorprendió al funcionario al entregar al gestor Carlos Herrera un expediente para liberar una unidad, con lo que lo exoneraba de cubrir una multa de 11 mil 800 pesos, en una inspección a las instalaciones del instituto en El Coyol, de avenida Eduardo Molina 1639.
"Se trata de acuerdos políticos que se tenían para sacar los carros sin el pago de una multa equivalente a 280 días de salario mínimo vigente", argumentó Martínez Herrera, mientras se solicitaba el apoyo de la Policía Judicial y se procedía a la revisión de las oficinas, con el auxilio de personal de Atención Ciudadana, lo cual provocó que se suspendieran actividades y varios concesionarios resultaran afectados.
En una oficina se descubrió una fotocopiadora, propiedad de Guillermo Gallegos Rojas, que estaba ahí junto con Guadalupe Lizbeth Lerma Valencia, Jenifer Alhelí Casillas y Ericka Rebeca Casillas Trujillo, a quienes se les encontró una caja con documentación apócrifa para la realización de trámites de vehículos del servicio público, tarjetas de circulación, títulos de concesión y órdenes de liberación.
Ante el hallazgo, comentó, los funcionarios de la contraloría solicitaron a los elementos policiacos su detención y presentación ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades. En esos momentos se percataron de que dos empleados del Instituto del Taxi, Oscar Irving Reyes Vera y Eligio Juárez Pérez, salían de otra oficina con documentos, para "revisarlos en su casa", por lo que también fueron remitidos.
Los hechos quedaron asentados en la averiguación previa FAF/04/02-01, pero sólo se procedió a consignar al subdirector jurídico del organismo, Rafael Martínez, y liberar a las otras personas, con las reservas de ley, al no encontrárseles ninguna responsabilidad, aunque la investigación sigue, precisó el funcionario de la PGJDF.