Ť Asegura que el sector público no tiene la capacidad técnica para extraer gas

Apertura energética y menor rigidez laboral, condiciones para crecer: Gil

Ť El titular de Hacienda considera necesaria mayor flexibilidad para descontratar trabajadores

Ť Plantea que el Congreso avale como deuda pública los $800 mil millones del rescate bancario

ROBERTO GONZALEZ AMADOR Y ANTONIO CASTELLANOS / II Y ULTIMA

Para el gobierno federal, la discusión sobre la reforma fiscal es un tema superado. La prioridad ahora, establece Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda, es "empujar" las modificaciones legales que permitan mayor inversión privada en generación de electricidad y explotación de yacimientos de gas natural, así como "hacer más flexible" la legislación laboral.

Considera que, en ambos casos, se trata de reformas "necesarias" para lograr un crecimiento económico sostenido. En particular, asegura que los cambios que impulsará el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada para abrir a la inversión privada el sector energético son necesarios para que el Estado cuente con más dinero destinado al gasto social. No es un tema de discusión sobre la soberanía nacional sino de eficiencia económica, afirma.

Mayor participación privada

En la última parte de la conversación con La Jornada, el titular de Hacienda habla, "desde el punto de vista económico", sobre los cambios que requiere el sector energético; de la eliminación de los costos de contratación y despido de trabajadores en el mercado laboral; y de la forma en que la administración enfrentará en los siguientes años el pago de los pasivos heredados del pasado.

Gil Díaz entra de lleno al tema de la reforma energética: "es indispensable -asegura- avanzar en materia de desregulación en el sector a fin de permitir una mayor participación privada. Parte de los problemas de productividad de las empresas es que exigen confiabilidad y calidad en el suministro a un costo aceptable. En la medida que haya más participación del sector privado, que tiene capital y tecnología para hacerlo, en cuanto a la explotación de gas, va a ser posible para el país aprovechar oportunidades de crecimiento, que de otra manera no se lograría si sólo se cuenta con los recursos públicos".

Afirma que el sector público no cuenta siquiera con la capacidad técnica para extraer gas.

El propio funcionario se pregunta: "ƑQué es más nacionalista? Ahora, nuestros yacimientos de gas son explotados por compañías de diversos países, asentadas del otro lado de la frontera, porque nuestros yacimientos son comunes con los de Estados Unidos. O la otra opción es que nos complementemos con capital privado extranjero para invertir en la exploración y explotación de yacimientos de gas, lo que haría posible un crecimiento rápido de la producción y de la economía, generaría empleo y divisas. La otra alternativa es no tener progreso y que el gas lo estén sacando compañías extranjeras o que son incluso propiedad de mexicanos, pero asentadas al otro lado de la frontera (con Estados Unidos)".

Francisco Gil Díaz, desde su óptica, no duda en señalar que lo más nacionalista es aprovechar lo que el país tiene y sacar adelante las reformas legales para permitir la participación de extranjeros "porque son clave para lograr un crecimiento rápido".

La otra preocupación del gobierno está relacionada con el mercado laboral, un tema que al igual que la desregulación energética o como ya lo fue la reforma fiscal, anticipa una fuerte polémica.

"Desde el punto de vista económico es necesario abrir el mercado laboral, que haya mayor flexibilidad para la contratación y la descontratación de los trabajadores."

No lo dice así el funcionario, pero en la práctica, esas propuestas implican reducir el costo que un empleador tiene que pagar por las obligaciones que asume al contratar o por despedir a un trabajador.

En visión del titular de Hacienda, las economías que tienen mayor flexibilidad en la legislación laboral son las que generan más empleo en el sector formal y también en las que los trabajadores devengan mejores salarios y gozan de mejores prestaciones. "Las economías con rigidez laboral tienen grados altísimos de desempleo, lo que sucede en la mayoría de países desarrollados de Europa. En cambio, en ese mismo continente, donde no hay rigidez, como en Inglaterra y Holanda, están mucho mejor. En esto, como en todo, pues hay que aprender de lo que vemos fuera. Hacer esos cambios ayudaría a que haya más inversión en México."

El titular de Hacienda llega al punto de lo que hará el gobierno en materia presupuestal y de manejo de los pasivos del sector público. Asegura que la principal diferencia con las administraciones anteriores es que este gobierno pretende dar mayor énfasis a la atención de necesidades sociales en el diseño de los presupuestos para cada uno de los siguientes años.

Pero en el diseño del presupuesto de la Federación gravita cada año el peso de la deuda pública. En 2002, por cada 100 pesos que gaste el Estado, 14.1 pesos irán al pago de los intereses de esos pasivos, que incluyen los contratados en el exterior, los emitididos en el mercado interno y los derivados de programas de saneamiento, como los de bancos y carreteras concesionadas.

"Es un tema que debemos analizar", establece al hablar sobre el monto real de la deuda pública. En primer lugar, dice, es importante conocer el monto total y definir los distintos conceptos de deuda.

Esto, porque hasta ahora no se ha contabilizado como deuda pública la generada por el rescate bancario, el apoyo a empresarios que construyeron autopistas y otras, como los fondos de pensiones de la burocracia nacional y estatal.

Pasivos públicos por 123% del PIB

Algunos especialistas estiman que el total de los pasivos públicos equivale a 123 por ciento del producto interno bruto.

Gil Díaz anticipa que el gobierno mexicano ha invitado a organismos internacionales y a otros países latinoamericanos a participar en este análisis sobre el nivel real de la deuda pública mexicana. Sin embargo, deja clara su postura de que, al menos en el caso de los pasivos del rescate bancario, que suman casi 800 mil millones de pesos, el Congreso debe avalar que sean considerados como deuda pública.

La propuesta para convertir esos pasivos en deuda pública no la va a hacer el gobierno, anticipa el secretario de Hacienda. Las razones: "Yo he comentado muchas veces que es necesario hacer ese cambio, que generaría algunos ahorros en el pago de intereses, pero cuando sumo los posibles votos de los partidos sé que no lo van a aprobar. Entonces Ƒpara qué lo propongo?"