Miguel Concha

Estados Unidos y la Corte Penal

Es ya un lugar común el afirmar que Estados Unidos es el país que menos instrumentos de protección de los derechos de la humanidad ha ratificado. Esto se puso en evidencia el año pasado con su abandono del protocolo de Kyoto (marzo), el de verificación del Convenio de Armas Tóxicas y Biológicas (julio), así como con el anuncio del retiro del tratado antimisiles (diciembre) y los obstáculos que ha encontrado en su Congreso la ratificación de la Corte Penal Internacional.

La Coalición de ONG por la Corte Penal Internacional (Ccpi), que desde 1995 trabaja por la aceptación y la ratificación de la corte, expresó a comienzos de este mes que la decisión del gobierno estadunidense de no ratificar y obstaculizar la ratificación del estatuto que la crea, es una contradicción con la demanda de cooperación internacional contra el terror.

En un boletín titulado ƑLibertad Duradera o Impunidad Duradera?, la Ccpi califica benignamente esta política imperial como "un acto aislacionista", pero también como "un esfuerzo por influir de manera inoportuna en la política exterior soberana de otros países".

En efecto, el 17 de julio de 1998 la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas aprobó en Roma el Estatuto de la Corte Penal Internacional, con una abrumadora mayoría de 120 votos a favor y siete en contra, entre ellos Estados Unidos, Irak, China e Israel. Sin embargo, el 31 de diciembre de 2000, último día en que el Estatuto de Roma estaba abierto a firma, el entonces presidente William Clinton lo firmó, curiosamente pocas semanas después de que Estados Unidos perdió su sitio en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Ello no obstante, y a pesar de que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece que un Estado que ha firmado un tratado deberá abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustren su fin y objetivo, el 7 de diciembre de 2001 el Senado estadunidense aprobó una enmienda a la ley del presupuesto del Departamento de Defensa, denominada Ley de Protección para los Soldados Estadunidenses (ASPA, por sus siglas en inglés), que fue calificada con irrisión como Ley para invadir La Haya, por autorizar al presidente a utilizar "todos los medios necesarios y apropiados" para lograr la liberación de personal estadunidense o aliado, detenido o hecho prisionero por la corte. La sede de la corte estará en aquella ciudad de los Países Bajos.

La iniciativa, propuesta por el senador republicano Jesse Helms, prohibía también, entre otras cosas, el brindar ayuda militar a los países que hubieran ratificado el estatuto de la corte, excepción hecha de los miembros de la OTAN y otros países aliados como Australia, Egipto, Israel, Japón, Nueva Zelandia y Taiwán, además de que establecía que Estados Unidos no participaría en ninguna misión de mantenimiento de la paz, a no ser que el presidente certificara ante el Congreso que los miembros de sus fuerzas armadas estarían exentos de cualquier investigación de la CPI, y que no era miembro de ésta todo país en el que EU tuviera fuerzas, o en caso contrario se hubiera llegado a un acuerdo para eximir de ser entregados a la misma los miembros de las fuerzas armadas estadunidenses, o se hubieran adoptado otros pasos para garantizar que ningún miembro de éstas fuera enjuiciado. Aun la ASPA le daba discrecionalidad al presidente para levantar bajo determinadas condiciones algunas de sus prohibiciones, el 25 de septiembre el Departamento de Estado le comunicó al senador Helms el apoyo del gobierno a una versión revisada de su iniciativa, y el Senado la aprobó con 78 votos a favor y 21 en contra.

Gracias a que los principales aliados de Estados Unidos ven a la CPI como una institución importante para tratar atentados terroristas como los cometidos el 11 de septiembre, el 20 de diciembre la Cámara de Representantes y el Senado reunidos en sesión decidieron rechazar la ASPA, y aprobar en cambio la enmienda del republicano Henry Hyde, que de cualquier manera contiene una disposición que prohíbe la utilización de los fondos del Departamento de Defensa para cooperar con la CPI.

A pesar de ello la ratificación de la Corte Penal Internacional sigue su marcha en el mundo, y se espera que el próximo septiembre pueda celebrarse la primera asamblea de Estados parte, aunque de ello nos ocuparemos en una próxima colaboración.