Alberto J. Olvera

Las relaciones gobierno- sociedad civil

Dentro de las muchas omisiones del gobierno de alternancia se cuenta una que no ha sido debidamente analizada en los balances del primer año de ejercicio. Se trata del enorme abismo entre el discurso foxista que glorificó a la sociedad civil como un conjunto de actores centrales de la construcción de un régimen democrático y la completa ausencia de leyes, políticas e instituciones que pudieran materializar aquel discurso. La sociedad civil quedó reducida a una mera referencia simbólica empleada para legitimar alguna decisión o alguna política específica. La sociedad civil misma, de suyo débil y fragmentada, se ha debilitado aún más, lo cual ha fortalecido la tendencia elitista del régimen en formación.

La Coordinación para la Alianza Ciudadana que creó el gobierno de Fox pasó completamente desapercibida en su primer año de existencia. Ni siquiera la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones Civiles, largamente discutida y negociada por representantes de organizaciones civiles con los actores políticos desde el sexenio anterior, pudo ser consensada con las diversas secretarías involucradas. Dentro de la coordinación no se construyó ninguna capacidad analítica ni operativa para planear y ejecutar formas de vinculación novedosas entre el gobierno y la sociedad civil. Esta oficina careció de fuerza legal, institucional y política dentro del propio gobierno. Lo poco que se conoce de una probable ley de participación ciudadana impulsada por esta dependencia demuestra que la participación ciudadana sigue siendo una noción vaga que no se sabe aún cómo aterrizar.

Los programas existentes en algunas secretarías para la vinculación con la sociedad repiten el error común de pensar que la sociedad civil se reduce a las ONG. Esta operación conceptual implica la exclusión de otras formas de asociacionismo civil y de los ciudadanos no organizados de los esquemas participativos. Hay, naturalmente, excepciones, como la de la Semarnat, cuyo modelo reconoce la complejidad de la sociedad civil al incluir a organizaciones sociales, asociaciones profesionales y empresariales, grupos culturales y ciudadanos organizados territorialmente como interlocutores válidos y necesarios de la acción gubernamental.

Sin embargo, hasta la fecha la vinculación entre el gobierno federal y la sociedad civil se ha limitado a la integración de los dirigentes de algunas ONG en los llamados comités de transparencia, cuya función es vigilar el correcto ejercicio de los fondos destinados a la política social. Si bien esta iniciativa es novedosa y apunta en la dirección correcta, la falta de normatividad y de publicidad en las acciones de estos comités implican el riesgo de que su labor sea meramente simbólica y no, como se requiere, proactiva y propositiva. Por otra parte, también se han incorporado algunos dirigentes civiles y académicos en los consejos consultivos de las secretarías de Estado y de ciertas dependencias públicas, pero esto no es una novedad, pues ya se venía practicando desde gobiernos anteriores, y no se ha superado el carácter privado de sus reuniones y de sus actos. La supuesta representación civil tiene que reunirse y trabajar de forma pública, contar con la capacidad de emitir juicios y valoraciones en público e incluso poder denunciar errores y omisiones. Comités sin poder ni responsabilidad frente a la sociedad no sirven de nada.

Puede decirse que el diálogo del gobierno con otras organizaciones de la sociedad civil ha sido virtualmente nulo. Poco ha hablado el gobierno con los sindicatos, menos con las organizaciones campesinas, nada con las organizaciones profesionales y aun con las agrupaciones empresariales sostiene un escaso diálogo, como la experiencia reciente de la reforma fiscal demuestra.

Pero este no es un problema exclusivo del gobierno federal. El sistema político en su conjunto se ha cerrado sobre sí mismo y se ha vuelto autorreferencial. Los partidos políticos y el Congreso de la Unión están igualmente clausurados a las iniciativas civiles. No ven ni escuchan a nadie más que a sí mismos. Los gobiernos estatales actúan de la misma forma y el Gobierno del Distrito Federal, que reclama tener un carácter democrático radical, es igualmente vertical y carece de una verdadera política de participación ciudadana.

La incorporación de algunos cuadros de las organizaciones civiles en el gobierno no representa su apertura a la sociedad si esta colaboración se da en ausencia de leyes, políticas e instituciones que efectivamente propicien y canalicen la participación ciudadana.

Con demasiada rapidez la transición política mexicana ha reproducido el modelo de democracia dominante en el Cono Sur: democracias elitistas, ajenas a la sociedad, volcadas exclusivamente a las negociaciones internas en la sociedad política. Un nuevo ciclo de activación civil y social es urgente para impedir que este destino se nos imponga como algo ineluctable.