Ť Dos de los detenidos durante la Operación Crudo de la PGR trabajaban para el SAT

Presunto desvío de fondos de Pemex a campaña del PRI; tres arraigados

Ť La Comisión de Fiscalización del IFE podría solicitar informes del caso

GUSTAVO CASTILLO Y ENRIQUE MENDEZ

La Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) mantiene bajo arraigo domiciliario desde los últimos días de diciembre a tres colaboradores de ex altos funcionarios de la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa, por el presunto desvío de mil millones de pesos de Petróleos Mexicanos para financiar las actividades del PRI durante las pasadas elecciones. La PGR denominó la investigación Operación Crudo.

La investigación involucra -según fuentes oficiales- al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), a ex funcionarios de la paraestatal y a personajes de primer nivel de la campaña labastidista.

En diciembre fueron detenidos y posteriormente arraigados Melitón Cázares, Andrés Heredia y Alonso Beraza, a partir de una autorización dictada por el juzgado tercero de distrito en materia penal con sede en el Distrito Federal, para determinar si tienen o no responsabilidad penal en la desviación de recursos de Pemex.

La situación legal de ellos aún no se determina, dado que uno de sus abogados estaría negociando con las autoridades federales la posibilidad de convertirlos en testigos protegidos, figura que está permitida en la actual Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Sin embargo, se presume que sólo son la punta de una larga madeja que enreda a la clase política priísta. De hecho, Marco Antonio Zazueta Félix, representante del PRI ante el IFE durante la elección presidencial de 2000 e integrante del Grupo Sinaloa, es abogado defensor de dos de los arraigados.

Anomalías financieras

A raíz de las auditorías practicadas a Pemex por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), la dependencia que encabeza Francisco Barrio presentó la denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por supuestas anomalías financieras durante la administración de Rogelio Montemayor Seguy.

La indagatoria, que las autoridades consideran "incipiente", ya trascendió de la esfera judicial a la política, tanto que el próximo lunes la Comisión de Fiscalización del IFE discutirá la posibilidad de que el Consejo General pida a la Secodam y a la PGR "los informes que obren en su poder relacionados con hechos que pueden operar como indicios sobre posibles irregularidades relativas al financiamiento del Partido Revolucionario Institucional".

La información obtenida revela que en 2000 Pemex dio cumplimiento a un convenio celebrado con el STPRM, y pagó un supuesto "adeudo" que tenía con el sindicato. Ese monto sumaba 5 mil millones de pesos; sin embargo, se llegó al acuerdo de que la cifra a cubrir sería sólo de mil millones de pesos.

El pago se habría hecho con la anuencia de la Secretaría de Energía, entonces a cargo de Luis Téllez, y por acuerdo del Consejo de Administración de Pemex.

El dinero fue pagado en efectivo vía la empresa de resguardo y transporte de valores Cometra, y llevado a la sede nacional del PRI, donde se entregó como parte de los recursos que esa organización política utilizaría en las campañas electorales de ese año.

La Secodam detectó que en esos movimientos participaron Melitón Cázares, Andrés Heredia y Alonso Beraza. Al momento de su detención, los dos primeros colaboraban en el Sistema de Administración Tributaria (SAT), y a Beraza se le ubica en las indagatorias como "particular".

Cázares y Heredia trabajaron en la subsecretaría de Finanzas priísta -cuya cabeza era el ex oficial mayor de Labastida en Gobernación, Jorge Cárdenas Elizondo- durante la campaña presidencial, y posteriormente se integraron al SAT.

El STPRM fungió como "intermediario" para la transferencia de mil millones de pesos, y ante la presunción de que el convenio y los supuestos adeudos fueron utilizados para disfrazar el desvío de recursos, la Secodam pidió la intervención de la PGR, con la que trabaja en el estudio de la legalidad de los adeudos de Pemex con el sindicato, y el acuerdo por el cual se liberó ese capital.

El caso fue turnado a la UEDO, pues se considera la posibilidad de que las transacciones pudieran tipificarse como operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), delito definido en el artículo 400 bis del Código Fiscal de la Federación.

Esa unidad especializada de la PGR tiene entre sus facultades conocer no sólo casos de narcotráfico, sino de otros ilícitos.

El arraigo servirá para determinar la responsabilidad de los tres detenidos o decretar jurídicamente que no existen elementos para proceder en su contra y se les dejaría en libertad.

En estos casos, donde se presume delincuencia organizada, la ley permite a la PGR solicitar el arraigo de los presuntos inculpados hasta por 90 días para determinar su situación jurídica.

Los gastos del PRI

Oficialmente, el PRI gastó durante ese año mil 386 millones 300 mil pesos, de los cuales la Comisión Nacional de Financiamiento del partido informó que 66.45 por ciento correspondieron al monto que recibió del IFE, y 20.97 por ciento a aportaciones privadas.

Curiosamente, al cierre del año, el tricolor ejerció la misma cantidad, mil 386 millones 300 mil pesos, según los reportes del entonces secretario de Administración y Finanzas del CEN, Jorge Cárdenas Elizondo, quien fue oficial mayor de la Secretaría de Gobernación con Labastida Ochoa, y que permaneció un año más en el PRI para "sanear" sus finanzas.

La explicación que se dio respecto de que el PRI no gastó ni un peso más de lo que recibió, fue que "se logró el equilibrio entre ingresos y egresos, asociado al principio fundamental de transparencia financiera".

El reporte, que presentó el actual secretario de Finanzas del gobernador mexiquense, Arturo Montiel, Héctor Luna de la Vega -quien presidió la comisión de fiscalización en el proceso interno de 1999 para elegir candidato presidencial-, detalló así los gastos del PRI en la campaña: "Actividades específicas: 6.2 millones de pesos (0.45 por ciento). Operación del partido, 425.5 millones de pesos (30.69 por ciento). Gastos de campaña 950.5 millones de pesos (68.56 por ciento). Y una disponibilidad expresada en sus estados financieros de 4.1 millones de pesos (0.30 por ciento)."

De los 950.5 millones de pesos reportados como gastos de campaña, 486.5 millones se destinaron a la de Labastida y el resto a las de los candidatos a legisladores federales.

El informe de actividades administrativo-finacieras de 2000 fue avalado y suscrito por la Comisión Nacional de Financiamiento y presentado tanto al CEN como al Consejo Político Nacional en febrero pasado.

Dicha comisión estaba integrada por los actuales coordinadores parlamentarios del PRI, Enrique Jackson Ramírez y Rafael Rodríguez Barrera; la ex secretaria de Derechos Humanos del PRI, Cristina Alcayaga; el ex subsecretario de Gobernación con Labastida, Dionisio Pérez Jácome; el dirigente del Frente Juvenil Revolucionario, Alejandro Guevara Cobos; el coordinador de la campaña de Labastida en el Distrito Federal, Joaquín Alvarez Ordóñez, y Luna de la Vega.

Este reporte también fue entregado al IFE por el diputado Felipe Solís Acero, luego de que Cárdenas Elizondo entregó los dos informes financieros del partido, los correspondientes al origen y destino de los recursos ejercidos por el PRI, y el anual de gastos ordinarios del instituto político, aprobados y sancionados por el Consejo General.

Anoche, fuentes del CEN afirmaron que para el PRI "cualquier asunto relacionado" con los gastos de la campaña presidencial de 2000 "está cerrado"; recordaron que en 2001, cuando PAN y PRD presentaron pruebas adicionales sobre el financiamiento de Carlos Cabal Peniche a la campaña de Ernesto Zedillo, tanto el IFE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desecharon los recursos.

Ť Francisco Barrio asegura que en breve se "van a freír pescaditos de buen tamaño"

RUBEN VILLALPANDO CORRESPONSAL

Ciudad Juarez, Chih., 18 de enero. El secretario de la Contraloría, Francisco Barrio Terrazas, anunció aquí que en breve se van a "freír pescaditos de buen tamaño", entre ellos tres "ex funcionarios federales de primer nivel a los que se les integran expedientes, en un caso que traerá serias implicaciones políticas".

Barrio Terrazas precisó que "el pasado diciembre vieron a uno de los ex funcionarios platicando con el presidente Vicente Fox, previo a las discusiones sobre la reforma fiscal, y que al informarle sobre la acusación contra esa persona por actos de corrupción que le detectaron, el mandatario dijo que aunque no saliera la reforma, no van a cambiar este tipo de asuntos, que son como una bolsa de cacahuates, por lingotes de oro".

Al hablar en un acto al que asistieron más de mil empresarios sobre el combate a la corrupción en el transcurso de un año de la administración de Fox, el ex gobernador de Chihuahua señaló que se "ha detenido a gente cercana al ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León" (sin embargo, los funcionarios a los que se refirió no han sido detenidos ni se encuentran fuera del alcance de la ley. Se ha informado que Secodam realiza indagaciones sobre presuntos malos manejos durante sus respectivas gestiones).

Además, continuó Barrio Terrazas, se han girado órdenes de detención "contra ex directivos de la PFP, así como de Enrique Cervantes (sic), de la Comisión de Telecomunicaciones, y 14 ex servidores más que eran mandos medios en diversas dependencias."

El funcionario agregó que "la corrupción es un problema tan grave que estudios serios realizados en México han concluido que por este concepto la nación pierde alrededor de 30 mil millones de dólares al año", y refirió que las cifras más optimistas de la reforma fiscal proyectaban ingresos extras de 14 mil millones de dólares, "con lo que se puede hacer el comparativo y darse cuenta del grave daño que causa este problema"

En el combate a este mal, dijo, se creó "una comisión nacional de transparencia y corrupción, en la que participan 18 secretarías de Estado, (empresas) paraestatales y la PGR (Procuraduría General de la República), la cual cada 90 días se reúne para tratar los problemas y revisar las áreas de mayor riesgo".

"Esta comisión -añadió- permite ahora que todas las dependencias federales combatan la corrupción, que antes era responsabilidad sólo de la Contraloría".

El procurador general Rafael Macedo de la Concha aseguró por su parte que "los ejes fundamentales del combate a la delincuencia y criminalidad se dan en el ataque a la corrupción, la impunidad y la prepotencia de los agentes".

Añadió que la PGR se ha "coordinado con la Contraloría para recibir las denuncias contra ex funcionarios y funcionarios corruptos, y cada expediente se investiga e integra para solicitar las órdenes de aprehensión".