1.html
DIGNA Y LA PGR: ESCLARECER EL PASADO
La
Procuraduría General de la República (PGR) informó
ayer que, de acuerdo con una evaluación interna realizada por su
Visitaduría General, el Ministerio Público Federal archivó
de manera precipitada e injustificada la denuncia interpuesta en septiembre
de 2000 (un año antes de ser asesinada) por la abogada Digna Ochoa,
defensora de derechos humanos, por secuestro, robo y amenazas.
De esa evaluación se desprende la posible responsabilidad
administrativa y penal de dos directores generales de Control de Procedimientos
Penales, de dos agentes del Ministerio Público, de tres agentes
auxiliares y de cinco elementos de la Policía Judicial Federal.
"Se advirtió -señala el comunicado correspondiente- que el
Representante Social de la Federación incurrió en omisiones
injustificadas en el cumplimiento de sus obligaciones" y que "actuó
de manera precipitada en determinar la reserva de la indagatoria en un
tiempo muy corto".
Por principio de cuentas ha de señalarse que la
investigación referida, así como la determinación
de publicar sus resultados, constituyen decisiones saludables y positivas
por parte de la actual dirección de la PGR que, lejos de poner en
entredicho la integridad de la institución, la fortalece y la consolida.
En otro sentido, cabe apuntar que el señalamiento
de la Visitaduría General de la PGR tiene implicaciones gravísimas,
no sólo por la ineficacia y la torpeza de los elementos que archivaron
las denuncias de la litigante asesinada, sino porque con sus omisiones
e irresponsabilidades crearon las circunstancias propicias para que los
todavía anónimos asesinos de Digna Ochoa perpetraran, un
año más tarde, el repudiable homicidio.
El comunicado de la dependencia abre, asimismo, la terrible
posibilidad de que los funcionarios del Ministerio Público que incumplieron
con su deber hayan actuado en complicidad con --y a las órdenes
de-- los ámbitos e intereses en los que, a la postre, se gestó
el asesinato de la abogada.
Como quiera que sea, resulta fundamental que la PGR vaya
hasta el fondo y hasta las últimas consecuencias en la investigación
y procuración de justicia, e independientemente de la jerarquía,
el fuero o la posición económica y social de los implicados,
tanto en las omisiones e irregularidades señaladas, como en el crimen
perpetrado un año después.
Finalmente, cabe esperar que se intensifique la colaboración
entre la PGR y la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal, principal encargada de esclarecer ese asesinato que agravia a
la sociedad en su conjunto.
|