Ť Denuncia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

Sigue la tortura de policías a indígenas en Chiapas

Ť Las amenazas de muerte, el robo y el abuso de autoridad, otros de sus métodos

JUAN BALBOA CORRESPONSAL

San Cristobal de las Casas, Chis., 29 de diciembre. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas asegura que la tortura, las amenazas de muerte, el robo y el abuso de autoridad continúan siendo "el modus operandi" de los cuerpos policiacos en Chiapas, llegando al extremo de recurrir a métodos utilizados en la guerra sucia de los años setenta para obtener información.

En un informe especial, el organismo que preside el obispo emérito Samuel Ruiz García hace referencia al desalojo, en julio pasado, ocurrido en la comunidad de San José, municipio de Marqués de Comillas, y los métodos contra líderes campesinos capturados ese día: bolsas de plástico en la cabeza para asfixiarlos, presión sicológica y amenazas de tirar a dos de ellos al vacío desde un helicóptero.

Después de cinco meses de investigación, indica el documento, "se pudo constatar que en el desalojo fueron violados los derechos a la libertad, la integridad personal, la propiedad y la seguridad jurídicas de los habitantes" y de que "se utilizó la tortura como método para obtener información de los dirigentes del Movimiento Campesino Regional Independiente, causándoles además daños sicológicos que será necesario valorar clínicamente".

Indica que al indígena Rosalino Torruco Etsón, de 18 años, los policías "le metieron la cabeza en una bolsa de plástico para que se ahogara. Le preguntaban si era guatemalteco, le tomaron sus datos y luego lo tumbaron en el suelo y le pegaron con sus cinturones, junto a otros, teniéndolos así como dos horas".

Transcribe también el testimonio de José Sánchez González, quien indica que los policías "me subieron en helicóptero, porque me van a volar. Me decían que si no encontraban a los retenidos (funcionarios del gobierno que se encontraban en poder de los campesinos) yo iba a pagarlo. Respondí que no sabía, y me golpearon con el cañón de un rifle, me siguieron volando y golpeando a bordo de un helicóptero".

El Centro Fray Bartolomé recomienda al gobierno de Pablo Salazar hacer una reparación de daños integral: por un lado, investigando a los cuerpos policiacos, de tal manera que haya un saneamiento de las diferentes corporaciones que han actuado en otros gobiernos en operativos, violentando los derechos humanos; por el otro, indemnizando a los habitantes de San José por los robos y destrucción de que fueron objeto.

El informe pide al gobernador que exponga públicamente su plan para la reforma integral del sistema de procuración y administración de justicia y sobre su política de derechos humanos, dando con esto, precisa, cumplimiento cabal a sus compromisos contraídos en campaña.

Defensa de ex procurador realiza un ayuno

Roberto Muñoz Liévano, hermano y abogado del ex procurador de Justicia estatal, Eduardo Montoya Liévano, presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violación, amenazas e intimidación por parte del procurador de Justicia del estado, Mariano Herrán Salvatti, y de los cuerpos policiacos, e inició, junto con familiares, un ayuno frente al Congreso local.

Muñoz Liévano, también ex procurador y ex subsecretario de Gobierno, anunció que el principal objetivo de su huelga de hambre es denunciar las irregularidades legales en el proceso penal que se le sigue a su hermano, preso en la cárcel de Cerro Hueco por peculado y asociación delictuosa.

Dijo que junto con sus hermanos, Fernando, Cruz Esther y Leticia
Montoya Liévano, se les pretende involucrar en delitos, además que supuestos agentes policiacos merodean y toman fotografías de sus domicilios. Herrán Salvatti, aseveró, intenta amedrentarlo para que abandone la defensa de su hermano, quien fungió como procurador en el gobierno de Roberto Albores Guillén.

Herrán Salvatti negó que exista averiguación o indagación contra Muñoz Liévano y rechazó que existan presiones de esa institución para hacer desistir a los abogados defensores.