Ť La investigación sobre los sucesos de octubre de 1968, entre los pendientes

La justicia, a prueba en las primeras semanas de enero

JESUS ARANDA

Después del receso de fin de año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminará en las primeras semanas de enero dos controversias constitucionales y un amparo directo que fijarán los alcances de la justicia mexicana en tres temas centrales: la investigación sobre los sucesos del 2 de octubre de 1968, la legalidad de la reforma sobre derechos y cultura indígenas y la controvertida ley Robles, que despenalizó dos causales de aborto.

De acuerdo con información recabada en el máximo tribunal, existen condiciones para resolver estos asuntos en fecha próxima, aun cuando no se han "amarrado" consensos definitivos sobre los proyectos de dictamen. En el caso de los sucesos de Tlatelolco, un grupo de ex dirigentes del Consejo Nacional de Huelga, encabezados por Raúl Alvarez Garín interpusieron en octubre de 1998 una demanda por los delitos de genocidio, privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad ocurridos el 2 de octubre de 1968; sin embargo, el agente del Ministerio Público Federal especializado A, Aquiles Monter Ortega, determinó que el asunto había prescrito, por lo que la fiscalía a su cargo estaba "imposibilitada jurídicamente para conocer los hechos".

Explicó que el delito de genocidio alcanza una penalidad de 20 a 40 años de prisión, por lo que había un plazo de 30 años para que las autoridades ministeriales comenzaran las indagaciones. Curiosamente, los delitos se denunciaron precisamente el 2 de octubre de 1998, fecha "fatal" porque ese día prescribieron los delitos.

Inicialmente había consenso entre los ministros de la segunda sala de la corte en el sentido de confirmar la decisión de la PGR; sin embargo, hubo una serie de consideraciones que llevaron a la ponente, Olga Sánchez Cordero, a aplazar el dictamen, dadas las divergencias que surgieron.

Funcionarios de la Corte no descartaron una sorpresa en este asunto, sobre todo a partir de que el presidente Vicente Fox ordenó que se abriera una investigación sobre los sucesos de 1968.

Respecto de la reforma sobre derechos y cultura indígenas aprobada por el Congreso de la Unión, la Suprema Corte admitió 329 controversias constitucionales en contra, la mayoría presentadas por ayuntamientos de Oaxaca, Puebla y Chiapas.

El razonamiento fundamental esgrimido por los municipios radica en que el Senado de la República -como cámara de origen- violó el procedimiento de conteo de votos de los congresos locales que ratificaron la reforma constitucional, al convalidar dicha ley con el voto de 24 entidades -16 de éstas a favor-, sin esperar la votación de siete estados restantes.

También se cuestiona el incumplimiento por parte del gobierno federal del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece la obligación de México de consultar a los pueblos indígenas toda legislación que los afecte directamente, lo cual no sucedió.

Los municipios demandantes argumentan que, según jurisprudencia de la SCJN, un tratado internacional firmado y ratificado por México -como el 169- tiene validez plena en el país y está por encima de las leyes federales y debajo de la Constitución de la República. De manera que la aprobación de la reforma indígena resultaría inconstitucional porque no se respetó el convenio referido.

Según se comprometió en su momento el presidente de la Corte, ministro Genaro David Góngora Pimentel, el máximo tribunal "está en condiciones" de resolver las controversias en enero, para lo cual se incrementó en 50 personas el personal adscrito a la Unidad de Controversias Constitucionales -encargada de elaborar los dictámenes que posteriormente serán discutidos por los ministros en pleno-, además de que se establecieron turnos nocturnos, sabatinos y dominicales para resolver la controversia lo antes posible.

En cuanto la ley Robles, trascendió que la ministra instructora Olga Sánchez Cordero entregó a sus compañeros el proyecto de dictamen, que es estudiado con total hermetismo.

Según versiones recabadas, las opiniones de los ministros giran en torno a tres aspectos centrales: 1) la constitucionalidad de la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) e impulsada por la ex jefa de Gobierno Rosario Robles, que consistió en despenalizar el aborto en la capital de la República en los casos en que esté en riesgo la salud de la madre, o cuando el producto tenga alteraciones congénitas comprobadas; 2) quienes consideran que la reforma es inconstitucional o que al menos coinciden con el punto de vista expresado en su momento por la Procuraduría General de la República, que consideró que la ALDF no motivó "adecuadamente" dicho acto legislativo, por lo que planteó ordenar a la asamblea "retomar" el tema y "abrir una discusión más completa" al respecto, y 3) quienes consideran complicado que los asambleístas capitalinos aprueben una legislación similar, en razón de que la configuración de las fuerzas políticas en ese órgano legislativo cambió después de la aprobación de esa ley, y que el PRD perdió la mayoría.

En todo caso, los ministros tienen en sus manos el proyecto de dictamen -que en su momento sufrió diversos cambios-, lo que hace previsible una resolución pronta.