Ť Ahora las revisiones se harán de acuerdo con las posibilidades de cada empresa, anuncia

Amaga la IP con romper acuerdos salariales

Ť La medida, como forma de protesta por el aumento a minisalarios en las zonas B y C

HUMBERTO ORTIZ MORENO

El sector empresarial anunció que romperá durante el año entrante con el patrón de revisiones salariales contractuales de los últimos cuatro años, que preveía aumentos de 3 a 5 puntos por encima de la inflación, a fin de emprender ahora negociaciones empresa por empresa conforme a las condiciones financieras de cada una, si es que se pretende mantener la fuente de empleo y las inversiones.

Como forma de protesta por el incremento salarial de las zonas B y C, de 5.7 y 6.9 por ciento, representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguraron que aun cuando también están interesados en mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, los incrementos aprobados ayer por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM) son "una mala señal" que contraviene las expectativas económicas de crecimiento e inflación previstas para el 2002, y atenta contra la creación de fuentes de trabajo, especialmente de aquellas de alta calificación.

Por ello, las revisiones contractuales continuarán "con la más amplia libertad de las partes" y dentro de las condiciones específicas de cada negociación.

El sector privado habría propuesto aumentar los mínimos entre 5 y 5.5 por ciento para la zona B, y entre 5.5 y 6 para la C. En la A, el 4.5 acordado no recibió objeciones.

Según los empresarios, en esas regiones hay "menos desarrollo relativo" y el alza ocasionará un desestímulo a la creación de nuevos empleos.

Raúl Picard del Prado, presidente de la Canacintra, y Arturo González Cruz, dirigente de la Concanaco, indicaron que la iniciativa privada está dispuesta a contribuir para resarcir el poder de compra de los obreros, pero no a costa de sacrificar las fuentes de ocupación y el aparato productivo. Ahora, dijeron, tendrán que concretarse acuerdos que permitan un equilibrio entre los factores de la producción sin menoscabo de ninguna de las partes.

"Analizamos los últimos años de revisiones de los mínimos y los contractuales, y está clarísimo que cuando las negociaciones están cerca de la inflación el resultado final es que hay un aumento del poder adquisitivo de los trabajadores, pero al contrario, cuando se elevan muy por arriba de la inflación, el resultado al final del camino es que hay una pérdida real de la capacidad de consumo, como ocurrió en los setenta y ochenta", expuso Gabriel Funes, director de Estudios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quien acudió a la sesión de la CNSM.

Destacó que el incremento aprobado ayer es poco realista y no va acompasado por un aumento de la productividad ni por niveles de calificación aceptables.

Es por ello que el CCE resolvió, conjuntamente con el sector obrero, no tomar en cuenta el aumento en los salarios mínimos sino negociar en adelante conforme a la realidad de cada empresa, a fin de procurar su sobrevivencia, mantener las fuentes de trabajo, ganar mercado y, a final de cuentas, que los trabajadores recuperen su poder adquisitivo.

"Queremos que haya un incremento del poder adquisitivo, pero con realismo y prudencia", subrayó.

Habrá presiones inflacionarias: Coparmex

Más tarde, la Coparmex emitió un comunicado en el que razona el voto del CCE en contra del acuerdo de la CNSM y afirma que las alzas nominales por encima de la inflación, como las acordadas en las zonas geográficas B y C, generan presiones inflacionarias que necesariamente conducen a la caída de los ingresos reales y del empleo.

Para fundamentar esta postura, expuso que esas áreas se caracterizan por un menor desarrollo relativo y, por ende, requieren que el costo salarial que en ellas prevalezca sea más competitivo que en la A, es decir, que " estimule la localización de empresas y la contratación de mano de obra".

Un incremento salarial "que ignore las condiciones de oferta y demanda de las regiones de menor desarrollo relativo -insiste- ocasionará un desestímulo a la creación de nuevos empleos".

Según el Consejo Coordinador Empresarial, el incremento de precios, que significa inflación, "es el impuesto más caro e injusto que un país puede pagar y a quien más daño hace es a las familias de ingresos más bajos".

En consecuencia, se manifestó por que los sectores productivos y el gobierno otorguen la máxima prioridad a la conservación y creación de fuentes de ocupación, y al robustecimiento de la competitividad del aparato fabril.

Concluyó que la mejora sostenible y responsable del poder de compra del salario sólo puede originarse en un ambiente de estabilidad de precios, crecimiento económico y ganancias productivas.