Antonio Gershenson

Presupuesto y división de poderes

La actual discusión sobre el presupuesto para 2002, y sobre el ingreso fiscal que proporcione parte del dinero para el mismo, se muestra como parte de la necesaria definición de una política económica. En los hechos y debido a que el PAN es la única fuerza política que defiende, en las cámaras legislativas, la política económica de los tecnócratas heredados del antiguo régimen, el Poder Ejecutivo interviene en el proceso de formación de las leyes, limitando la división de poderes que establece la Constitución.

Esta polémica se expresa en diferentes formas: estados o municipios contra la federación, organismos sociales expresando sus demandas, diputados o senadores impugnando a funcionarios del Ejecutivo. Pero estados y municipios, organismos sociales y legisladores quieren más dinero para obras públicas, para escuelas, para salud y otros renglones, mientras que los tecnócratas que hablan en nombre de la federación lo quieren para subsidiar banqueros y financieros y para sus jueguitos de cifras que los hagan quedar bien con sus amigos del exterior. El fondo es la política económica que la ciudadanía repudió el 2 de julio de 2000, pero que se mantiene con la continuidad tecnocrática, y que ya se plantea la urgencia de cambiar.

Si hubiera plena división de poderes, la minoría panista se quedaba en minoría en las votaciones y ya. Se supone que eso es la democracia. Pero el Poder Ejecutivo se mete a la cancha legislativa al lado del PAN y dificulta la solución. Claro, ésta deberá ahora alcanzar un consenso. Se debe considerar esta experiencia en materia de división de poderes.

Venimos del absolutismo presidencialista, del predominio absoluto del Poder Ejecutivo, de la figura presidencial. Se ha avanzado hacia la división de poderes, pero se ve que no lo suficiente. Citamos sólo algunos ejemplos.

Se ha dado el caso de que el Ejecutivo, en este caso a través de la Secretaría de Gobernación, se abstiene de publicar en el Diario Oficial alguna ley, con lo cual ésta ya no entra en vigor. Y es que, desde el punto de vista de la división de poderes, la publicación de una ley es del ámbito del Poder Legislativo. Pero más grave es la facultad, de la que hemos hablado, que la Cámara de Diputados cede a la Secretaría de Hacienda, de cortar y recortar, hacer y deshacer, con el Presupuesto, con lo cual quedan hechos pedazos todos los esfuerzos de la propia Cámara.

Otro elemento de desequilibrio entre poderes es la facultad absoluta del Ejecutivo de fijar a su antojo las tarifas de bienes y servicios del sector público, incluyendo los precios de la electricidad, de los combustibles y muchos más. Esta fuente representa del orden de la mitad del ingreso público. Esta situación también ha sido aprovechada por los tecnócratas. A fines de 1997, a cambio del voto panista en la aprobación del presupuesto, el gobierno federal aceptó mayores participaciones fiscales a estados y municipios. Sin embargo, una vez que entraron en receso las cámaras, publicó las nuevas tarifas eléctricas, en las que, además de los cambios "normales", le subió 10 por ciento a las tarifas de bombeo de aguas negras y potables, y del alumbrado público de municipios que no estén en las principales tres zonas metropolitanas del país (Diario Oficial del 30 de diciembre de 1997, página 9, artículo 4 del acuerdo). Con eso, la federación recuperó el monto concedido. Los diputados del PAN ya no podían recuperar su voto ni el desprestigio asociado al mismo, y los municipios gobernados por este partido no recibieron ni un centavo de más, porque lo que les daban con una mano se los recogían con la otra.

El Poder Legislativo tiene la palabra. No tiene nada de malo el hecho mismo de que las cosas se consensen y se negocien para llegar a acuerdos. Pero si no hay equidad entre los poderes y verdadera división de los mismos, no hay forma de asegurar el cumplimiento de lo acordado. Quien hace las leyes puede suprimir esas distorsiones, incluso como condición para la negociación.