Ť Agentes de la PGR intimidaron a Abel Barrera

AI: falta seriedad en investigación sobre amenazas contra defensor de derechos

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

Ante las amenazas de muerte que recibió en octubre pasado Abel Barrera, presidente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Secretaría de Gobernación decidió otorgarle protección. Sin embargo, el 4 de diciembre éste fue interceptado en las calles de Tlapa, Guerrero, por cuatro agentes de la Procuraduría General de la República, quienes en vez darle garantías, lo intimidaron y lo interrogaron acerca de los casos que defiende.

Denunció lo anterior Rupert Knox, encargado del equipo de investigación y acción sobre México de Amnistia Internacional, con sede en Londres. Señaló que esa es la prueba del estado de vulnerabilidad en el que se encuentran los defensores de derechos humanos en México, particularmente los que se encuentran en el estado de Guerrero, donde trabaja Barrera.

Luego de una visita a esa entidad, indicó que en las mesas de negociación que organismos civiles han sostenido con la Secretaría de Gobernación después del asesinato de Digna Ochoa, Barrera había solicitado garantías para desarrollar su trabajo, debido a que había recibido amenazas de muerte que no fueron atendidas en su momento por el gobierno de la entidad.

Sin embargo, la semana pasado ocurrió lo contrario. Knox explicó que en las calles de Tlapa, Barrera fue interceptado por cuatro agentes de la PGR, quienes "de manera intimidante" le preguntaron sobre los casos que defiende, en vez de auxiliarlo o de tratar de indagar el origen de las amenazas.

Esta no es la primera vez que es amenazado de muerte. En noviembre de 1998, el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos hizo un llamado urgente para que se investigaran las intimidaciones en contra de Barrera, antropólogo que ha documentado casos de violaciones donde se han visto involucrados efectivos del Ejército Mexicano y policías judiciales, tantos estatales como federales.

Con base en estos testimonios, el enviado de Amnistía Internacional consideró que las pláticas en Gobernación han servido para "abrir un espacio" de diálogo, pero no han ayudado a modificar las prácticas de los agentes policiacos, que siguen tratando a los defensores de derechos humanos como si fueran sospechosos de haber cometido algún delito.

A unas horas de concluir su visita, en la que presentó un informe especial de AI sobre la situación de los defensores de derechos humanos en el mundo, Knox consideró que en México no se ha advertido que la participación activa de las organizaciones civiles es crucial para el desarrollo de la nación.

Con la información que recabó en los estados de Oaxaca , Tabasco, Tamaulipas, Nuevo León y Guerrero, señaló que se busca demostrar que tanto las autoridades federales como las estatales han fallado en la protección de los defensores de derechos humanos.

Explicó que AI estará al pendiente de lo que suceda con Abel Barrera, ya que hasta ahora ha habido "falta de seriedad" en las indagaciones sobre los actos de intimidación en su contra. Tenemos que evitar, dijo, que se repeta el caso de Digna Ochoa, quien fue asesinada porque no se investigaron a fondo las amenazas en su contra, y ello provocó la impunidad.