Raquel Gutiérrez Aguilar *

Sobre derechos, obligaciones e impunidad

Las recientes declaraciones de Diego Fernández de Cevallos en torno a los sucesos del 68, la guerra sucia y la impunidad de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, exhiben de cuerpo entero una manera de entender la realidad social, curiosamente compartida por torturadores, personal militar, miembros de la Procuraduría y políticos varios no sólo de México, sino de toda América Latina.

Los fundamentos del argumento expuesto por Fernández en su asombrosa defensa no del Ejército Mexicano, sino de los criminales que delinquen vestidos de uniforme y amparados en la privacidad de sus cuarteles, coinciden uno a uno con los de cualquier autoridad que practica la arbitrariedad en el mundo: "la guerra la inician los transgresores de la ley; los organismos de seguridad estatal combaten en esa guerra y, en ella, no están obligados a ceñirse a alguna regla o a respetar normas".

No es la primera vez que oigo estas ideas. La primera vez que las confronté provenían de voces de oficiales de inteligencia militares y policiales, que "me preparaban" para enviarme a la justicia ordinaria después de siete días de secuestro-desaparición en Bolivia en 1992.

En aquel entonces, tras ser detenida en la ciudad de El Alto, fui remitida al Regimiento Policial 4, ubicado al sur de la ciudad de La Paz; mi captura fue negada por los voceros policiales y militares durante una semana.

En ese lugar fui torturada en prácticamente todas las formas clásicas: imposibilidad de orientarte en tiempo y espacio, privación de agua, alimento, sueño y derecho a relajar esfínteres, y por supuesto, golpizas, quemaduras, vejaciones de contenido sexual, picana y otra serie de "lindezas" de la experiencia acumulada por las policías argentina, chilena, israelí, española, etcétera, con los específicos rasgos alto peruanos del caso en cuestión.

Las corporaciones de inteligencia bolivianas -Centro Especial de Investigaciones Policiales, Sección 2 del Ejército y otros cuerpos de asesores- decidieron, en algún momento de mi secuestro-desaparición, que admitirían que estaba en su poder y sería remitida a instancias de la justicia ordinaria. La última noche en el Regimiento 4 y la mañana antes de mi remisión, desfilaron por el cubículo donde me encontraba varios personajes, tanto más siniestros cuanto tenían más formación que los verdugos e interrogadores con los que hasta ese momento me había enfrentado.

Su intención era convencerme que la denuncia de la tortura era una acción de cobardía. Su discurso era más o menos el siguiente: "Como tú perteneces a una organización guerrillera en actividad, entonces estamos en guerra. Por tanto, no hay motivo de queja en el trato que has recibido: es lo que merece un enemigo de guerra. Nosotros participamos en ella no por gusto y estamos expuestos a que ustedes nos maten". Cualquier parecido con la manera en que Fernández piensa no es mera coincidencia.

Modalidades análogas de razonamiento fueron expuestas por diversos funcionarios judiciales, del Ministerio Público, policiales y militares, convocados dos años después a rendir declaraciones ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Bolivia: "Ellos -los guerrilleros- son los que se insubordinan y agreden a las instituciones... saben el trato que merecen, saben a lo que se atienen".

Como si este "conocimiento" de lo que puede pasarte fuera suficiente argumento para legitimar y, peor aún, legalizar cualquier atrocidad que puedan cometer en tu persona las autoridades uniformadas: de la violación a la muerte o de las quemaduras a la extorsión con la detención de familiares.

Esto es justamente lo preocupante: la ignorancia, desprecio, o ambas, de que el punto básico de cualquier estado de derecho es el compromiso de los funcionarios públicos -especialmente de los que conforman las corporaciones de seguridad y que no puede romperse bajo ningún argumento- cumplir la ley. Ley que, entre otras cosas, incluye los derechos básicos de las personas y las garantías constitucionales de los ciudadanos.

Así, en estos momentos de impunidad global televisada, vale la pena dar una mirada a los fundamentos mínimos de la convivencia social democrática:

1. Los individuos, en caso de violar la ley, cometen delitos. Los funcionarios y autoridades de seguridad, en su condición de tales, no pueden alejarse del cumplimiento de la ley, mucho menos en la lucha contra quienes delinquen. La discusión acerca de qué es un delito, por el momento, la dejamos fuera.

2. Los individuos tienen derechos y el Estado, a través de sus funcionarios, debe respetar esas garantías. No hacerlo es otra modalidad de criminalidad y delincuencia.

3. Los funcionarios de seguridad que abusan de su poder; los que se arrogan el derecho de vida y muerte sobre ciudadanos -delincuentes o no, transgresores o no-, cometen delitos de lesa humanidad.

4. No hay justificación ni moral, ni legal, ni pragmática alguna para volcar toda la fuerza represiva de una corporación sobre un individuo solo, atado, impotente. Hacerlo es no sólo cometer delitos, sino tocar el fondo de la bajeza humana. Punto.

ŤMatemática mexicana, activista social detenida en Bolivia durante varios años. Desde hace seis meses vive en México. Autora, entre otros libros, de Desandar el laberinto (1999).