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Ť Los documentos recién publicados, pruebas
de la responsabilidad castrense en la matanza
Debe Fox abrir los archivos del Ejército, dicen
líderes de 1968
Ť Coinciden en que la sociedad tiene que organizarse para
exigir el castigo de los culpables
CLAUDIA HERRERA BELTRAN Y RENATO DAVALOS
Raúl Alvarez Garín, Raúl Jardón
y Enrique Avila, ex dirigentes del movimiento estudiantil de 1968, coincidieron
en que las fotografías y los documentos publicados sobre la detención
de estudiantes, hace 33 años, son evidencias concretas y palpables
sobre la responsabilidad del Ejército Mexicano en estos hechos,
y deben servir para reabrir una investigación y castigar a los culpables.
Alvarez Garín, militante del PRD y director del
periódico Corre la Voz, señaló que ésta
es la muestra de que los archivos del Ejército Mexicano tienen mucha
información que debe ser desclasificada, lo que, señaló,
es responsabilidad del presidente Vicente Fox como comandante supremo de
las fuerzas armadas.
En entrevistas por separado, coincidieron en que la sociedad
tiene que organizarse para exigir el castigo de los responsables de la
matanza de Tlatelolco y, a su vez, el gobierno debe tomar en cuenta que
este tema sigue provocando interés y mucho dolor en distintos sectores
del pueblo mexicano.
Alvarez Garín, quien en esos años era estudiante
del Instituto Politécnico Nacional, consideró que es importante
que a más de tres décadas de lo ocurrido se abra la información
y se confirmen las versiones de los estudiantes, las cuales no fueron consideradas
en su momento en los procesos judiciales ni en la vida política
nacional.
En referencia a las declaraciones del senador Diego Fernández
de Cevallos, quien consideró que el Ejército no debe rendir
cuentas por los hechos del 68, porque muchas veces el poder político
usó soldados, pero como instrumentos de una institución militar,
dijo que no pasan de ser opiniones superficiales.
Lo que se necesita, señaló, es que se abran
los archivos del Ejército, para que más allá de estas
opiniones se investigue a los funcionarios que comprometieron a las instituciones
nacionales.
"Las salvedades que el propio Diego Fernández
de Cevallos establece ya están cubiertas, y ahora no existe ningún
impedimento, ni político, ni legal ni por razones de seguridad nacional
para negarse a abrir los archivos. Esto es responsabilidad del presidente
Vicente Fox", reiteró.
Explicó que es muy doloroso para quienes participaron
en el movimiento estudiantil que después de 33 años no pueda
dilucidarse un crimen de esas dimensiones, siendo que el reclamo de justicia
se ha mantenido todo ese tiempo.
En opinión de Raúl Jardón, quien
en esa época era dirigente estudiantil preparatoriano, estos documentos
son evidencias concretas de todas las "falsedades" que entonces se dijeron
para exculpar al Ejército, y también demuestran que los estudiantes
tuvieron la razón en las denuncias que formularon en aquellos días.
El paso siguiente, indicó, es que se promueva una
investigación para que se finquen responsabilidades y se castigue
a quienes ordenaron y ejecutaron la matanza de 1968, porque no se puede
decir que fueron instituciones, sino personas muy concretas quienes cometieron
crímenes de lesa humanidad.
Jardón aseguró que ver estas fotografías
le provoca indignación, pero también optimismo, porque en
esos años nadie se hubiera imaginado que iban a terminar publicándose
en los medios de comunicación, y que esto podría servir para
investigar y castigar a los responsables.
Sin embargo, calificó de preocupante la difusión
de estos materiales, porque pareciera que existe la intención de
algunos políticos o militares que estuvieron involucrados en los
hechos de buscar exculparse y responsabilizar a otros.
Enrique Avila, quien entonces estudiaba en la Escuela
Normal Superior, señaló que estos testimonios gráficos
son la mejor prueba de que el Ejército actuó con alevosía,
premeditación y ventaja en un mitin de estudiantes que no iban armados,
y que antes de la intervención de los militares habían decidido
suspender movilizaciones posteriores.
Con las evidencias que se han publicado, dijo que la sociedad
civil puede organizarse para exigir el castigo de políticos como
Luis Echeverría, quien en esos días era secretario de Gobernación,
y después fue responsable del asesinato de estudiantes, el 10 de
junio de 1971, y de la guerra sucia en las décadas de los
70 y 80.
Las declaraciones de Fernández de Cevallos:
"torpes y mentirosas"
Humberto Zazueta, preso en el Campo Militar Número
1 a finales de los 60, planteó que Fernández de Cevallos
no tiene más que defender al sistema al que sirvió. La fiscalía
especial, como muchas otras que se han creado, no resolverá nada.
Tendría que conformarse una comisión de ciudadanos con autonomía
y recursos para llegar al fondo de este asunto, sugirió.
Y el coordinador perredista en el Senado, Jesús
Ortega, dijo que las declaraciones de Fernández de Cevallos son
mentirosas y torpes. Es una "tontería" decir que fueron unos militares
en lo individual quienes participaron en la guerra sucia; "el Ejército
intervino como institución".
Zazueta, ex integrante del Movimiento de Acción
Revolucionaria, quien fue aprehendido en Torreón y remitido al Campo
Militar Número 1 en abril de 1979, para ser liberado en diciembre
de ese año, dijo que no importa saber quién escribió
la historia, si fueron de izquierda o no. Lo trascendente es que la realidad
va imponiéndose poco a poco.
Aunque no se debe acusar al Ejército de manera
genérica, no puede soslayarse que los altos mandos militares fueron
los que aprobaron cárceles clandestinas o los que giraban órdenes
a la Brigada Blanca para sus operaciones.
Incluso, Zazueta refirió que en su estancia en
el campo todavía vio vivas a personas como Eduardo Hernández
o Juan Chávez, quienes fueron "citados" recientemente por la PGR.
También confió en que el resto de panistas
no hagan eco de los señalamientos de Diego Fernández. No
es nueva esta postura, que sólo responde a los intereses del sistema
al que sirvió durante mucho tiempo, dijo.
"El Ejército debe tener disposición para
aclarar esos expedientes, en un ejercicio de autocrítica, pero pretender
desconocer su participación es intentar tergiversar la realidad."
Ortega, entrevistado en el encuentro juvenil de Nueva
Izquierda, que convocó a representantes de 20 entidades, también
se refirió al paquete presupuestal y fiscal que se negocia en el
Congreso. No haremos una reforma para "contentillo del Presidente, de la
Concanaco o de la Coparmex"; estos últimos quieren una reforma,
pero "en las vacas de su compadre", es decir, que el peso del ajuste recaiga
en las clases más desprotegidas.
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