Documentos oficiales entregados por una fuente anónima a este diario comprueban lo que durante 33 años negó el gobierno mexicano: el Campo Militar Número Uno sirvió como centro de detención tras los sucesos del 2 de octubre de 1968.

En este lapso, los gobiernos priístas negaron los abusos cometidos en contra de civiles, encubriendo a los responsables de la matanza de Tlatelolco y de la guerra sucia, no obstante que la sociedad mexicana, gracias a testimonios de sobrevivientes y víctimas de la represión de Estado, no tenga la menor duda de la irracionalidad y exceso de violencia con que éstos actuaron, apoyados por las fuerzas armadas.

Las fotografías que muestran a grupos de estudiantes en esa instalación militar son prueba irrefutable que desmiente la versión oficial y devela el rostro de un régimen autoritario que no escatimó recursos en el uso de la violencia.

En otras gráficas pueden observarse detenciones de civiles "sospechosos", que dan testimonio de las acciones del Batallón Olimpia, comandado por el coronel de infantería Ernesto Gutiérrez Gómez Tagle, en el interior del edificio Chihuahua, frente a la Plaza de las Tres Culturas.

Asimismo, en documentos adicionales, que reafirman las imágenes, aparecen listas de detenidos en el Campo Militar Número Uno, elaboradas por la Dirección Federal de Seguridad, bajo el mando de Fernando Gutiérrez Barrios, que forman parte del expediente de detenidos que actualmente se encuentra resguardado --y debidamente catalogado-- en el Archivo General de la Nación.

¿Por qué se ocultó la existencia de estos documentos durante tantos años? ¿Por qué sacarlos a la luz pública hasta ahora y como filtraciones, precisamente cuando el tema de los abusos a derechos humanos y el tema de los desaparecidos durante la guerra sucia son dos de los puntos más cuestionados del gobierno?

Al margen de las razones para hacer pública esta información, destaca el valor documental de los testimonios históricos que hoy publicamos, mismos que quizá sirvan para esclarecer parte de lo ocurrido el 2 de octubre, sobre todo en el caso de los familiares de los jóvenes que fueron remitidos al Campo Militar Número Uno y que hoy están desaparecidos.

Si en la reciente conmemoración de la matanza de Tlatelolco, el presidente Fox reconoció al movimiento estudiantil del 68 como uno de los antecedentes más importantes de la lucha democrática de los mexicanos, es de esperar que en un acto de congruencia se haga público el archivo de la Secretaría de la Defensa Nacional, para que finalmente se pueda esclarecer lo sucedido y se lleven a cabo los procedimientos penales en contra de los responsables.

El gobierno de Vicente Fox tiene la oportunidad de demostrar a la sociedad mexicana que está dispuesto a resolver los casos de las atrocidades perpetradas por gobiernos anteriores y garantizar que no volverán a ocurrir jamás. Esto se logrará entregando la información a instancias con atribuciones para llevar a cabo procesos penales.

Parte de esa información ya es pública y nadie puede negar lo que se pretendió ocultar durante tantos años. Parece que ha llegado el momento de la verdad.