Detectan faltantes de $2 mil 539 millones en el erario de Chiapas

Ť Se iniciaron mil 23 procedimientos administrativos y 43 denuncias penales contra ex funcionarios

ANGELES MARISCAL CORRESPONSAL

Tuxtla Gutierrez, Chis., 14 de diciembre. La contraloría general del gobierno del estado detectó en diversas dependencias irregularidades administrativas que afectan al erario por un monto de 2 mil 539 millones de pesos, por lo que se iniciaron mil 23 procedimientos administrativos y 43 denuncias penales.

En su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso local -poco antes de abandonar el cargo-, la ahora ex contralora de gobierno, Socorro Zebadúa, explicó que en diversas auditorías practicadas a servidores públicos federales, estatales y municipales, se detectaron irregularidades en 33.4 por ciento del total del monto auditado. Es decir, "existen más de 2 mil 539 millones de pesos que faltan por solventar".

Del total de auditorías, 266 corresponden al ejercicio administrativo de 2000, durante el último año de gestión del ex gobernador Roberto Albores Guillén; 47 son de 2001.

Por todas las irregularidades detectadas después de aplicar las auditorías, sostuvo Zebadúa Celorio, se iniciaron mil 23 procedimientos administrativos, de los que se derivaron 14 destituciones, seis sanciones, 14 apercibimientos, 69 amonestaciones, 40 suspensiones y cinco inhabilitaciones de servidores públicos.

Aunado a esta cifra, por no cumplir con su declaración patrimonial se sancionó a 46 servidores públicos, de los cuales 24 recibieron sanción económica y 23 fueron amonestados.

En cuanto a autoridades municipales a las que se encontraron cuantiosas irregularidades, se han efectuado diversas acciones de solventación para reintegrar al menos 46 por ciento de estos recursos. Es decir, con el propósito de no enfrentar un proceso penal los ediles determinaron por cuenta propia reintegrar al erario público un monto de 479 millones, 960 mil pesos.

En cambio, de ex funcionarios estatales o ex secretarios de Gobierno sólo se iniciaron acciones de reembolso o solventación en 26.5 por ciento de los casos detectados.

Socorro Zebadúa añadió que el llamado Organo Estatal de Control tiene implementadas 89 acciones de carácter fiscal para la recuperación del daño patrimonial causado al erario público.

Durante el tiempo en que duraron las auditorías al menos unos 20 funcionarios del gobierno de Roberto Albores Guillén -entre ellos los secretarios de Salud y Ecología, Humberto Córdova y Romeo Orantes- tuvieron que ser citados a comparecer a través de edictos públicos porque al abandonar el cargo huyeron de la entidad.

Otros comparecieron, como el ex jefe del departamento de recursos financieros de los servicios educativos para Chiapas (SECH), Romeo Alfaro Ruiz, quien "no soportó con documentos" varios millones de pesos en efectivo, durante el periodo en que dirigió esa dependencia Luis Alfonso Utrilla Gómez, que argumentó: "yo sólo cumplí órdenes, no me robé nada, en todo caso que llamen a comparecer a mis jefes como Utrilla Gómez, quien posteriormente fue secretario general de Gobierno, pero todavía seguía disponiendo de los recursos para gastos extraeducativos".

En éste y otros casos se interpusieron ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) 43 denuncias penales. Entre los funcionarios que ya fueron detenidos como resultado de estas denuncias penales se encuentra el ex director de la Comisión Estatal de Caminos, Arturo López Martínez, quien fue el primer ex funcionario del gobierno de Albores Guillén acusado de los delitos de fraude, asociación delictuosa y ejercicio indebido de funciones.

López Martínez es acusado, según el primer expediente penal de 13 acumulados que tiene en su contra, por el desvío de cuatro millones 900 mil pesos. En su momento Zebadúa Celorio sostuvo que en este caso se dejaron de construir diversos tramos carreteros que comunicarían localidades de difícil acceso, así como obras de pavimentación y drenaje.

La última detención realizada hasta el momento corresponde a la del ex procurador de Justicia Eduardo Montoya Liévano, quien actualmente se encuentra preso en el penal de Cerro Hueco acusado de los delitos de asociación delictuosa y peculado por unos ocho millones de pesos del Fondo Federal de Seguridad.

Como resultado de este proceso se giraron otras órdenes de aprehensión contra ex funcionarios de la Procuraduría y del ahora desaparecido Consejo Estatal de Seguridad, entre ellas la del ex titular de este último organismo, Florencio Madariaga.

El nombre de los ex funcionarios que están siendo investigados se mantiene en reserva, "con el propósito de no entorpecer las investigaciones y evitar que se den a la fuga", informó Zebadúa a los diputados de la Comisión de Justicia, durante su comparecencia que fuerealizada hoy a puerta cerrada.