Cubre Argentina, con recursos de jubilación y pensiones, servicios de deuda por 720 mdd

Ť No descarta Cavallo más ajustes salariales Ť Saqueos a supermercados derivan en 20 detenciones

REUTERS, AFP Y DPA

Buenos Aires, 14 de diciembre. El gobierno de Argentina anunció el pago de un vencimiento de la deuda correspondiente a letras del tesoro por unos 720 millones de dólares, con lo que se despejó, al menos por este viernes, un eventual riesgo de default de la tercera economía latinoamericana, que en los próximos días deberá afrontar otros vencimientos.

Los pagos de hoy se hicieron echando mano de fondos de jubilación y pensiones, en lo que fue una medida inédita en la historia del país.

Al hacer el anuncio, el ministro de Economía Domingo Cavallo explicó que se pagaron 300 millones de dólares en efectivo y aproximadamente otros 360 millones en renovación de los bonos.

En rueda de prensa, Cavallo dijo que el Estado tiene previsiones financieras para seguir pagando los servicios de la deuda que se acumulan en diciembre, pero admitió que "nos estamos manejando con presupuesto de caja muy estricto que depende de las recaudaciones".

Admitió que la situación económica y financiera del país es muy complicada, pero resaltó que "si hubiéramos caído en incumplimiento de nuestras obligaciones y si hubiéramos devaluado nuestra moneda estaríamos en el caos".

Cavallo afirmó que está asegurado el pago de los sueldos del mes de diciembre a la administración pública, así como los aguinaldos, pero no descartó que el gobierno aplique el próximo año nuevas rebajas salariales a las ya vigentes del 13 por ciento a los jubilados y empleados públicos, una severa medida para cumplir con el déficit fiscal cero exigido por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por la mañana, el renunciante viceministro de Economía, Daniel Marx, anunció el cumplimiento, a última hora de este día, de un vencimiento de la deuda pública con recursos provenientes de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensión, que fueron canjeados por letras del tesoro.

En este contexto y tras el séptimo paro contra la política económica del presidente Fernando de la Rúa, este viernes se registraron saqueos de alimentos a supermercados del interior del país, que derivaron en unas 20 detenciones y el refuerzo de la seguridad.

Los hechos se produjeron en dos supermercados de la ciudad de Rosario, en Santa Fe, que cuenta con un alto índice de población indigente, y otros dos en la provincia de Mendoza.

El gobierno soportó el jueves otro paro nacional convocado por tres centrales obreras y con fuerte adhesión en todo el país, en coincidencia con el anuncio del último índice oficial de desocupación que ascendió al 18.3 por ciento en octubre, contra el 16.4 de mayo.

La agitada jornada del jueves culminó con la renuncia de Marx a su cargo, la cual confirmó este viernes al alegar razones personales.

Distintas versiones afirman que la causa principal de su dimisión fueron sus diferencias con Cavallo sobre las restricciones financieras y la movilización de depósitos aplicados hace diez días por el gobierno, además de su oposición a la dolarización de la economía. Marx no quiso confirmar ni desmentir que su decisión se debió a estas diferencias, pero admitió que existen varios temas de discusión interna con Cavallo.

Pese al alejamiento de su cargo, el funcionario continuará con las negociaciones para el refinanciamiento de la deuda pública. En declaraciones a radio Mitre, Marx indicó que continuará trabajando como asesor del palacio de Hacienda. "Hemos quedado ayer con el ministro en que yo iba a seguir adelante con el tema de la deuda y que no es conveniente hacer cambios en este momento".

El secretario saliente sería remplazado por Miguel Kiguel, quien ejerció como subsecretario de financiamiento durante la gestión del ministro de Economía menemista Roque Fernández.

En tanto, De la Rúa, sumido en el desasosiego de esta crisis económica-financiera que afecta al país, recibió la advertencia de altos dirigentes de la oficialista Unión Cívica Radical, entre ellos su presidente Angel Rosas, que se opone a una eventual dolarización y nuevos ajustes salariales al considerarlas las peores alternativas para salir de la grave crisis económica y financiera.

Pero el gobierno, en voz del secretario general de la presidencia, Nicolás Gallo, negó tajantemente que piense en la confiscación de los depósitos bancarios, porque son "totalmente intangibles" y atribuyó los rumores en ese sentido a una información "irresponsablemente maliciosa" de un sector de la prensa.

De su lado, el ex ministro de Economía, Ricardo López Murphy, aseguró en Montevideo que la crisis de credibilidad de su país lo pone en al borde de un "default abierto" (cese de pagos) y previó que el futuro ajuste de su economía va a afectar a todos los países de la región.

En este sentido, en Caracas, el secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), Otto Boye, dijo en un informe que la recesión económica estadunidense que arrastra en especial a México, y la crisis argentina, afectan el crecimiento económico de América Latina y el Caribe, que al final del 2001 se ubicará en 0.6 por ciento mientras que el crecimiento del producto interno bruto per cápita a nivel regional será de 0.7 por ciento.

Por lo pronto, este día comenzó una consulta popular de cuatro días en todo el país para promover un seguro social para desocupados. Los ciudadanos podrán votar para expresar su acuerdo o no con la propuesta de fijar un seguro de empleo de 380 dólares para jefes o jefas de hogar desocupados, una asignación de 60 dólares por cada hijo menor de 18 años y de un aporte de 150 dólares para los mayores de 65 años sin cobertura provisional.

Los líderes de la iniciativa, entre ellos el titular de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Víctor de Gennaro, esperan que la consulta se transforme en un instrumento de presión para que el Congreso apruebe los diferentes proyectos sobre seguro de empleo