Doble frontera, doble injusticia

Una de las consecuencias de los graves acontecimientos del 11 de septiembre ha sido un endurecimiento de la política migratoria que el gobierno del presidente Bush se ha planteado aplicar en la frontera con México, medidas que llegaron para quedarse. El objetivo de las nuevas disposiciones, se dice, es "hacer más difícil a los terroristas entrar o quedarse en Estados Unidos".

Entre las estrategias a seguir destacan las que llevará a cabo el Grupo de Trabajo integrado por expertos procedentes del Departamento de Estado, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Naturalización e Inmigración (INS), el servicio secreto, el Servicio de Aduanas y la comunidad de inteligencia. Este grupo de trabajo coordinará los programas federales diseñados para: 1) negar el ingreso a Estados Unidos de extranjeros asociados con actividades terroristas o de sospechosos de participar en actividades terroristas o apoyarlas; 2) ubicar, detener, procesar o deportar a cualquiera de los extranjeros ya presentes en Estados Unidos. El objetivo concreto es tratar de impedir a los terroristas potenciales el fácil acceso al país desde Canadá o México.

Toda esta política tiene un receptor muy concreto: las minorías en Estados Unidos, llámense hispanas, musulmanas, etcétera. Y no puede uno menos que dudar de la efectividad en el logro del objetivo, pero sí es seguro que la vida para todos estos migrantes será cada vez más precaria, sin leyes que puedan protegerlos ante la posibilidad de la más mínima y por supuesto arbitraria sospecha.

¿Cómo se traduce todo esto para la política migratoria de México?

Escuchando al licenciado Zavala Tirado, del Instituto Nacional de Migración (INM), fue fácil comprender que México ha asumido las exigencias que Estados Unidos está imponiéndole, sobre todo ahora que Bush demanda acciones y no palabras en su lucha contra los terroristas. No es extraño que el gobierno mexicano esté implementado un conjunto de medidas que buscan reforzar los controles internos antes de conceder la entrada al país, con una revisión más rigurosa y escrupulosa de los ingresos de personas. Y en lo que respecta a la frontera sur se están impulsando prácticamente las mismas políticas que Estados Unidos instrumenta en su propia frontera sur.

Si bien se plantea que no se trata de sellar la frontera sur, cae por su peso que en la medida en que se busca ejercer un efectivo control migratorio en la frontera reforzando los puentes fronterizos a través del llamado Programa Sur, que propone "una coordinación efectiva entre diferentes corporaciones (Policía Federal Preventiva, Grupo Beta, policía local, INM), nos queda claro que se está haciendo el mismo tipo de trabajo que tanto hemos criticado en la frontera norte, es decir, refuerzo policial, ahora exacerbado por la supuesta búsqueda de terroristas".

Por otro lado se aplica la repatriación de los indocumentados hacia sus lugares de origen y se focaliza la lucha contra coyotes, pero si bien éstos pueden ser bandas de delincuentes, son producto de una política migratoria equivocada que, al final, lo que hace es promover su existencia.

Según las propias palabras de Zavala Tirado, la intención no es militarizar la frontera, pero como "el Ejército y la marina ejercen sus funciones", queda claro que con un incremento de los controles, con repatriaciones y refuerzo policial, México se está plegando a las exigencias estadunidenses y ello traerá en consecuencia mayor sufrimiento para todos aquellos que, igual que los mexicanos, están buscando superar sus lastimosas condiciones de vida.

Luchar contra el terrorismo no pasa por acabar con un país ni por sellar las fronteras, y México, al aceptar la propuesta estadunidense sin la más mínima oposición, no puede ejercer su tan ansiado papel de "autoridad moral", sino de lamentable achichincle, como diría el escritor Carlos Fuentes.