Miguel Concha

Prioridad de gobierno

Los recientes y dramáticos acontecimientos sufridos por los defensores de derechos humanos en esta ciudad han atraído la atención de los observadores en los ámbitos nacional e internacional. Ya es un lugar común admitir que existe un rezago en la atención de los defensores de las garantías elementales de todo ciudadano, y que debe ser una prioridad en la agenda federal y en la de los órganos de gobierno local, para dar cumplimiento a los compromisos que el Estado mexicano ha contraído en un mundo cada vez más globalizado.

Hace unos días el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal envió a la Asamblea Legislativa el presupuesto correspondiente al ejercicio del próximo año. En él se prevé un sustancial incremento, que tiene como objetivo el dar un nuevo impulso a la defensa y promoción de los derechos humanos en la capital. A partir del trabajo desarrollado hasta ahora, se pretende la consolidación y el fortalecimiento de la comisión, mediante un rediseño institucional armónico, que parta de los avances existentes, tome en cuenta las posibilidades y capacidades ya instaladas, y optimice los recursos. En este primer momento las prioridades son: reforzar la educación y la promoción, dándole rango de dirección general a estas actividades; la restructuración de la Coordinación de Seguimiento de las Recomendaciones, y la creación de una contraloría interna que consolide la autonomía de la comisión, mediante mecanismos propios de control administrativo y contable.

La Dirección General de Educación y Promoción pretende consolidar la labor educativa que se ha venido desarrollando en coordinación con las organizaciones civiles, con el fin de fortalecer una cultura de respeto a los derechos humanos, demanda creciente de la sociedad civil. La formación en derechos humanos de los servidores públicos se incluye como una de las tareas más importantes para prevenir sus violaciones y combatir la impunidad.

La Coordinación de Seguimiento de Recomendaciones es un elemento esencial para propiciar un sistema eficaz de procuración y administración de justicia, así como para fortalecer la confianza de los ciudadanos que acuden a la comisión. El seguimiento riguroso de cada recomendación es indispensable para garantizar su cumplimiento cabal, y para avanzar en el combate a la impunidad. Es muy importante apoyar esta iniciativa, pues el incumplimiento de las recomendaciones sigue siendo una de las principales críticas de los peticionarios, organizaciones civiles y sectores de la opinión pública, a propósito de la eficacia de los organismos públicos de defensa y protección de los derechos humanos.

En un segundo momento está prevista la creación de otras dos visitadurías y cuatro unidades desconcentradas. La creación de una tercera y una cuarta visitadurías obedece a que el promedio anual de quejas recibidas en la comisión asciende a 6 mil. En el último año se ha observado un incremento del 9 por ciento mensual, lo que provoca una saturación significativa en las dos visitadurías existentes hasta ahora. La atención se sigue brindando con la misma rapidez que establece la normatividad, aunque con el riesgo de un posible detrimento de la calidad y eficiencia del servicio, o bien a costa del desgaste del personal de la comisión.

La posible creación de cuatro unidades desconcentradas, una en Iztapalapa, otra en Gustavo A. Madero, y dos más en Alvaro Obregón o Tlalpan, o en Xochimilco o Coyoacán, propiciaría un mayor acercamiento de la comisión a la población. La ubicación de unidades desconcentradas en distintos puntos de la ciudad tiene como objetivo facilitar el acceso de la población que habita en los lugares más apartados, caracterizados por su bajo nivel de ingreso. De acuerdo con los estudios realizados, la creación de estas unidades posibilitaría la presencia de la comisión en los lugares donde hace más falta una labor de atención rápida, de defensoría, mediación y vigilancia de los derechos humanos.

Como puede observarse, la estrategia y la propuesta de acción para defender y promover los derechos humanos en la capital es harto ambiciosa. Parte tanto de las necesidades de la población como de las propuestas y compromisos del actual presidente de la comisión ante la Asamblea Legislativa, durante el proceso de selección que dio origen a su nombramiento. Ahora solamente falta hacerlas realidad, mediante la aprobación de su presupuesto. Los diputados de la Asamblea tienen la palabra.