lunes Ť 10 Ť diciembre Ť 2001

Miguel Concha

Respeto debido a los defensores

Considerando que las arbitrariedades contra los defensores de los derechos humanos en México son un problema grave que conforma un patrón de violaciones contra su labor, sus organizaciones y sus personas, porque se producen en un contexto generalizado de vigilancia, acusaciones públicas infundadas, amenazas reiteradas e incluso la ejecución de una ejemplar luchadora por los derechos humanos -cuya vida podría haberse salvado si se hubieran tomado las medidas adecuadas para garantizar una investigación exhaustiva e independiente sobre las amenazas que pesaban sobre ella-, y haciéndose eco de la preocupación de la comunidad internacional por las dificultades específicas que afrontan en el país, Amnistía Internacional (AI) -de conformidad con su mandato de identificar y denunciar las prácticas reiteradas que sufren los defensores de los derechos humanos en todo el mundo, así como de facilitar la mutua interacción entre activistas y fomentar la creación de mecanismos que faciliten su labor- da a conocer a la opinión pública un documentado informe sobre las graves violaciones a los derechos humanos que sufren los defensores de los derechos humanos en México, y una acción internacional que tiene como objetivo respaldarlos en su intento de conseguir que se pongan en práctica medidas concretas en los ámbitos federal y estatal, con el fin de detener el acoso que sufren y garantizar que puedan desempeñar su labor sin represalias ni obstrucciones. El excepcional hecho, pues en 1999 había publicado un informe sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en toda América Latina, y en 1996 otro sobre la importancia de su labor en México y América Central, coincide con el tercer aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos, y se lleva a cabo al cumplirse el 40 aniversario de AI, y a los 30 años de su presencia en México.

La declaración, firmada por México, exige que los Estados se ocupen de estos derechos y libertades para garantizar que los defensores de los derechos humanos realicen su labor en libertad, sin injerencias y sin temor a amenazas, represalias ni discriminación.

En la introducción AI expresa que el informe "no documenta la rica historia del activismo pro derechos humanos en México, ni presenta las numerosas y diversas organizaciones hoy activas en el país", sino que destaca "las prácticas generalizadas de represión y control de los defensores de los derechos humanos que han utilizado las autoridades del gobierno anterior y utilizan las del gobierno actual, para intentar desbaratar sus esfuerzos por denunciar a los funcionarios públicos -y a quienes actúan en su nombre o con su conocimiento- implicados en violaciones de derechos humanos y por garantizar que comparezcan ante la justicia".

Sobre la base de algunos casos típicos, y argumentando con autoridad moral que "lleva muchos años trabajando con activistas de derechos humanos de todo México, para exponer sus motivos de preocupación en los foros internacionales y proporcionar apoyo internacional a las iniciativas nacionales y locales de derechos humanos", AI expone con detalle las principales restricciones que los afectan: cargos penales falsos o políticamente motivados, campañas públicas de desprestigio, vigilancia y robo de información, tortura y malos tratos, atentados contra su vida, intimidaciones y amenazas y, por fin, la ominosa ejecución de Digna Ochoa.

Expone también las principales causas por las que la impunidad de quienes cometen las violaciones de derechos humanos "es endémica" a pesar de la retórica. "Este informe muestra cómo la retórica sobre los derechos humanos que han utilizado los gobiernos anteriores de México y que utiliza el actual gobierno, tanto en el ámbito nacional como en los foros internacionales, no tiene su reflejo en el debido respeto a la importante labor que realizan los defensores de los derechos humanos en el país".

En consonancia con las recomendaciones hasta ahora casi incompletamente cumplidas de la propia organización y de diversos organismos de la ONU y de la OEA, propuestas al gobierno en otras oportunidades, para salvaguardar la vigencia de los derechos humanos y los de los defensores en México, al final se ofrecen al gobierno 17 puntuales recomendaciones para garantizar las personas y la labor de los defensores de derechos humanos, con el fin de pasar de la retórica a los hechos, añadiendo ocho recomendaciones mínimas a la CNDH, para que cumpla con su obligación en este sentido.

Recordando obligaciones asumidas por México como república federal, al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el llamamiento a la acción incluye gestiones políticas y diplomáticas ante el gobierno nacional y los gobiernos de los estados, pues con frecuencia las autoridades mexicanas han tratado de eludir su obligación de investigar las violaciones de derechos humanos y procesar a los responsables "ampárandose en la separación de poderes entre las autoridades federales y estatales". Pide, por lo mismo, que se actúe ante la CNDH y las comisiones estatales de derechos humanos, teniendo en cuenta que la labor de los defensores es fundamental para el fortalecimiento del estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, así como la importancia de la sociedad civil para vigilar la política y práctica gubernamentales en materia de derechos humanos. Ojalá las autoridades estén a la altura de estas exigencias.