LUNES Ť 10 Ť DICIEMBRE Ť 2001

Ť La organización internacional presenta informe sobre quienes se atreven a alzar la voz

En México se trata a defensores de derechos como delincuentes o subversivos, sostiene AI

Ť La muerte de Digna pudo evitarse si se hubieran investigado amenazas que padecidó, apunta

VICTOR BALLINAS

En el tercer aniversario de la declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Defensores de los Derechos Humanos que se celebra hoy, la organización Amnistía Internacional (AI) hará público el informe denominado México: se atreven a alzar la voz, en el cual se destaca que el acoso a los defensores de los derechos humanos es un problema grave en el país y que "las autoridades los tratan como si su labor de defender y promover estos derechos fuera una actividad delictiva o subversiva".

A los defensores de derechos humanos en México se les somete a formas degradantes de persecución, que van desde acusaciones falsas de delitos, como asesinato, narcotráfico o robo, hasta calumnia, humillaciones y acusaciones públicas "de estar relacionados con el terrorismo o la corrupción". Se les amenaza, hostiga, se interfieren sus teléfonos, se les saquea sus oficinas o se allanan sus domicilios, incluso se les asesina, asevera AI en el informe.

El alcance de la persecución que sufren estas personas en el país se evidenció trágicamente con el homicidio de Digna Ocha y Plácido, el 19 de octubre de este año. "La muerte de Digna podría haberse evitado si se hubieran investigado debidamente las amenazas y los ataques de que había sido blanco", apunta AI.

Y los abusos que sufren los defensores de los derechos humanos en el país "no son obra de individuos aislados, sino que se cometen con la aquiescencia o la complicidad de un gran número de funcionarios públicos. Tampoco son responsabilidad de un solo organismo oficial, pues entre los responsables hay autoridades federales y de los estados, funcionarios policiales y miembros del Ejército, procuradores, personal médico y jueces", abunda la organización.

Sostiene que "las autoridades pasadas y presentes, han tratado de silenciar a los defensores de los derechos humanos mediante actos generalizados de hostigamiento que han revestido la forma de cargos penales falsos, campañas públicas de desprestigio y operaciones de vigilancia".

Incluso -apunta AI en el documento que se difunde hoy en el 53 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos- las autoridades no sólo obstaculizan la labor de los defensores, sino que también desvían la atención de los abusos que se denuncian y debilitan la autoridad moral tanto del movimiento de derechos humanos como de las normas internacionales que protegen esos derechos.

Resalta que entre la diversidad de abusos que se cometen contra los defensores sobresalen la utilización del sistema legal con fines espurios, tortura, malos tratos, intentos de homicidio y amenazas, en los cuales están involucrados funcionarios públicos de todos los niveles, así como personas que actúan en su nombre.

Los objetivos de esos ataques contra defensores de derechos humanos, acusa AI, es silenciar o debilitar sus denuncias para que sus autores puedan eludir el enjuiciamiento penal. Llama la atención, subraya, que "altos cargos gubernamentales hayan y estén tolerando los ataques, al adoptar medidas insuficientes para impedirlos, para condenarlos o para garantizar el derecho a la justicia de las víctimas asegurando el castigo a los responsables. "Con esta actuación, las autoridades consienten en encubrir violaciones a los derechos humanos."

La constante en estos casos es la impunidad, sostiene AI. "No obstante que la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han reiterado a México sus recomendaciones para poner fin a la impunidad, pocas son (las acciones) que se han aplicado, aparentemente."

El informe señala que numerosos estudios muestran que una de las principales causas de la impunidad en el país es la forma en que está estructurada y cómo funcionan actualmente los servicios de procuraduría civiles. Otra es la debilidad del Poder Judicial, pues los tribunales suelen admitir como prueba confesiones obtenidas bajo coacción, y es el procesado quien ha de demostrar que ha sido torturado.

Insiste esta organización que otras de las causas de impunidad son que los jueces tienden a dar un peso excesivo a las pruebas que presenta la procuraduría, cuyos intereses suelen identificarse con los del gobierno en materia judicial, y el hecho de que las violaciones graves de derechos humanos en las que están implicados miembros del Ejército, pese a que formalmente están sometidos a la jurisdicción civil, invariablemente son remitidos a la militar.

El caso de la abogada veracruzana

El 19 de octubre de 2001 fue asesinada la abogada Digna Ochoa. Sus asesinos dejaron una amenaza de muerte en la que advertían a los defensores de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez que si continuaban con su labor, "correrían una suerte similar".

Ochoa era una defensora de los derechos humanos, que había obtenido premios internacionales como reconocimiento a su labor. "Llevaba varios años trabajando con el Prodh en los casos en que estaban involucrados funcionarios públicos, incluidos miembros de las procuradurías generales de justicia y de las fuerzas armadas, en violaciones graves de derechos humanos. Llevaba años sufriendo, como muchos defensores, amenazas de muerte, agresiones y actos de intimidación", señala AI.

Pese a que el 1o. de diciembre de 2000 el presidente Vicente Fox en su discurso de toma de posesión prometió que su gobierno respetaría plenamente los derechos humanos y el estado de derecho, y que dos meses después anunció varias reformas a la Constitución, y a que el gobierno firmó acuerdos y tratados, "las violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad siendo siendo generalizadas".

El informe subraya que en el país es habitual que se abuse del sistema judicial para castigar o perjudicar a una persona, o para vengarse de ella. Las expresiones de disidencia o de oposición de la sociedad civil se suelen silenciar con cargos penales falsos o políticamente motivados.

Durante sus trabajos de investigación, la organización comprobó que "Luis Menéndez Medina, miembro del Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo estuvo detenido ilegalmente junto con otras 15 personas los días 11 y 13 de abril de 1998, en una operación conjunta del Ejército y la policía en el ejido de Taniperla, Chiapas.

"Varios detenidos fueron dejados en libertad, no así Luis Menéndez, quien fue acusado formalmente de delitos (como) rebelión y asociación delictuosa. Según los informes -en la investigación- varias personas fueron coaccionadas para que hicieran declaraciones falsas, de las que posteriormente se retractaron. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recomendó la liberación de todos los detenidos, pero Menéndez permaneció en prisión hasta el 15 de septiembre de 1999."

Subraya que el encarcelamiento de Menéndez estaba relacionado con el trabajo en favor de los derechos humanos que desarrollaba en las comunidades que se oponían a la militarización, y por tanto, eran consideradas bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Entre los casos de que da cuenta AI en el informe sobresale el de los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, "condenados y encarcelados por cargos falsos con el único objetivo de poner fin a sus actividades". Detenidos por el 40 Batallón Militar en la comunidad de Pizotla, en el municipio de Ajuchitán, Guerrero, fueron torturados, incomunicados y encarcelados por delitos contra la salud y posesión de armas. Hace unos meses quedaron libres, pero no se sancionó a los responsables de esos abusos.