El enfrentamiento ocurrido ayer en el Centro Histórico de esta capital, entre vendedores ambulantes y policías de dos corporaciones --auxiliares y granaderos--, que dejó más de tres decenas de heridos, es una nueva muestra de la improcedencia de enfrentar u ordenar, mediante procedimientos meramente policiales y administrativos, el ambulantaje en la urbe. 

Mucho se ha insistido en la gravedad del problema del comercio ambulante y en sus nefastas consecuencias en materia de economía, seguridad, salubridad, tránsito y calidad de vida; también se ha señalado, en numerosas ocasiones, las vinculaciones causales de este fenómeno con una política económica más interesada en mantener estables los indicadores macroeconómicos que en generar empleos, así como con el contrabando, la industria de réplicas ilegales de casi cualquier producto imaginable y la persistencia de redes de corrupción corporativa en la ciudad y en el país. 

Sin embargo, se sigue pretendiendo resolver la presencia de vendedores informales en la vía pública mediante acciones parciales e insuficientes y, sobre todo, con una palpable falta de coordinación entre las autoridades urbanas y federales.

Para ilustrar lo anterior, cabe referir el fracaso experimentado ayer mismo, en Tepito, por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) que pretendían incautar copias piratas de discos compactos.

A estas alturas debiera resultar claro para el poder público que enfrentar mediante la fuerza pública el comercio ambulante y la venta de este tipo de mercancía sólo puede desembocar en el fiasco y, como ocurrió ayer en las calles de Moneda y Correo Mayor, en una violencia desbocada, tanto de comerciantes como de policías.

Independientemente de la necesidad de investigar y sancionar las agresiones a los agentes del orden y los excesos que éstos pudieron haber cometido durante el operativo, lo deseable sería desarrollar una estrategia coordinada para atacar los verdaderos núcleos de estos problemas: los grupos delictivos organizados que se dedican a la distribución y comercialización de productos de contrabando y mercancía robada, por una parte, y por la otra, las mafias clientelares que controlan a decenas de miles de vendedores en la vía pública, medran con su necesidad y su desprotección económica y social, y mantienen una intrincada maraña de complicidades en las estructuras gubernamentales urbanas y federales. 

Investigar y detectar a los primeros es una tarea aún pendiente; en cuanto a las segundas, sus líderes y cabecillas están claramente identificados. La desarticulación de ambas clases de mafias es un primer paso, indispensable para hacer posible la reglamentación y ordenamiento del espacio público de la capital.