En el documento titulado Prospectos Económicos Globales, el Banco Mundial señaló que la desaceleración económica de Estados Unidos, Europa y Japón implica un panorama sombrío para las naciones en desarrollo y destacó los síntomas de recesión que se acentúan en el mundo. 

En el caso de México, la recesión es más que una probabilidad; las previsiones económicas de diversas instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, concuerdan en que nuestro país llegará al final del presente año, en el mejor de los casos, con crecimiento nulo, y muy posiblemente con un decrecimiento de la actividad económica, debido al impacto de la crisis estadunidense en nuestra nación. Ello se traducirá en una postergación --una más-- de expectativas para las clases medias y en una depauperación adicional de los sectores más necesitados.

Ayer, el presidente del país vecino, George W. Bush, apremió al Legislativo de su país a aprobar un plan de contingencia económica, nítidamente orientado a preservar de la turbulencia a los ricos: el proyecto prevé la reducción de impuestos para los empresarios pero no incluye ninguna previsión para fortalecer la asistencia social o aliviar la situación de los desempleados. 

Ese llamado presidencial coincidió con el anuncio del Departamento de Comercio en el sentido de que el PIB estadunidense se redujo 0.4 por ciento durante el tercer trimestre de este año, lo que es el primer anuncio oficial de tasas negativas de crecimiento.

A la vista de los datos mencionados --tanto por el Banco Mundial como por el gobierno estadunidense--, es claro que el gobierno de México debe adoptar acciones para afrontar la recesión en la que estamos ya inmersos. Una consideración fundamental en este sentido es que, en la crisis presente, debe evitarse echar mano de los recursos tradicionales empleados por gobiernos anteriores ante emergencias económicas: la coptación y seducción, a cualquier costo, de la inversión extranjera, la sobrexplotación de los recursos naturales --el petróleo, en primer lugar-- y, sobre todo, el sacrificio social de lo segmentos mayoritarios del país: asalariados, pequeños y medianos empresarios, desempleados, informales y campesinos.

La primera de esas prácticas parece inviable en la presente circunstancia porque casi todas las concesiones posibles al capital extranjero fueron efectuadas ya por los tres últimos gobiernos priístas y porque actualmente, en el marco de una recesión mundial, la disputa por los recursos financieros será reñidísima; la segunda, que implicaría elevar la exportación diaria de crudo, resulta peligrosa e inoportuna en un mercado con oferta excesiva, además de poco practicable con la actual --ruinosa-- infraestructura de extracción; la tercera, en ausencia y desarticulación del viejo sistema de dominación, tendría un costo político impensable para un gobierno cada vez más aislado --hasta de su propio partido-- y errático, que dilapidó en nada su formidable legitimidad y popularidad iniciales.

Lo pertinente parece ser un paquete de medidas que apuesten a la reactivación del mercado interno como impulso inicial para recuperar el crecimiento, que ponga en orden las prioridades trastocadas por lustros de neoliberalismo. Debe recordarse que el principal recurso económico de cualquier país no reside en los flujos financieros, en su capacidad tecnológica, industrial o agraria y ni siquiera en sus recursos naturales, sino en su población.