La necesidad de reformar a fondo los mecanismos y el sentido del sistema impositivo nacional constituye un punto de consenso entre las fuerzas políticas y sociales del país. Ciertamente, ese acuerdo básico no incluye la dirección que ha de darse a la reforma fiscal ni las acciones concretas que deben adoptarse. Los desencuentros a este respecto llegan incluso al interior de las dos principales bancadas partidarias en el Congreso de la Unión --la de PRI y la de PAN-- e incluso a las oficinas del gobierno federal, cuya desafortunada propuesta de imponer el IVA a alimentos, medicinas, libros y colegiaturas pierde rápidamente los apoyos que pudo haber generado en un primer momento. 

Salta a la luz que el Ejecutivo federal y su equipo económico cometieron un error al suponer que la mera popularidad de arranque del presidente Vicente Fox bastaría para lograr la aprobación de semejante reforma; en las circunstancias actuales, no es fácil para el gobierno encontrar, fuera de sus filas, promotores de esos incrementos impositivos, no sólo por el costo político que ello entraña, sino, también, porque la argumentación a favor de tales aumentos no logra convencer a nadie: si es cierta la intención gubernamental de devolver a los pobres del país el impuesto que paguen al adquirir alimentos y medicinas, resulta obligado concluir que sería más sencillo no cobrárselos; el gravamen a los libros es otra medida impresentable, en lo argumental, ya que la recaudación que las arcas públicas lograrían por esa vía sería ínfima comparada con el severo daño que se causaría a la industria editorial y a los bolsillos de los --escasos-- consumidores regulares de libros. 

En el punto al que ha llegado la polémica, sería necesario y pertinente que, tanto el gobierno como sus opositores, realizaran un ejercicio de transparencia y se tomaran el trabajo de calcular, además de los montos adicionales de la recaudación fiscal, los costos administrativos que tendría, por un lado, cobrar el IVA en alimentos, medicinas, libros y colegiaturas y, por el otro, restituir a los pobres parte de lo obtenido. Si se realizara con honestidad, un cálculo semejante podría contribuir a despejar las incertidumbres sobre la propuesta del Ejecutivo e incluso parte de las discusiones, ya que reflejaría con claridad --y al margen de la polémica sobre si la reforma fiscal propuesta es realmente redistributiva o, por el contrario, concentradora de riqueza-- la relación costo-beneficio de la iniciativa, en términos que además resultan familiares para las mentalidades empresariales que proliferan hoy en día en la administración pública. 

Ello, a su vez, permitiría centrar la discusión y avanzar en la conformación de consensos políticos, fundamentados en algo más que la mera ideología, para formular los contenidos de una reforma fiscal que es, sin duda, muy necesaria para el país, y lograr para ella un amplio respaldo legislativo. Pero la construcción de un escenario semejante demanda paciencia y tolerancia política, y no desplantes y apresuramientos tecnocráticos de los que la sociedad ha tenido de sobra en los últimos dos sexenios.