Dentro del proceso de expulsión que realiza el Partido de la Revolución Democrática (PRD) al diputado federal Mauricio Toledo, se le investiga, además de posible corrupción, por extorsión, amenazas de muerte a opositores y por violencia electoral, indicó Ángel Ávila, integrante de la dirección nacional extraordinaria de ese instituto político.

Por su parte, el legislador dijo ser objeto de una campaña en su contra por represión política del grupo que durante años ha medrado con el partido, ante lo cual, la dirigencia nacional del sol azteca dijo que no aceptará chantajes.

La confrontación empezó la semana pasada, cuando fueron difundidos audios en los que presuntamente el alcalde panista de Coyoacán, Manuel Negrete –quien llegó al cargo por una coalición entre el Partido Acción Nacional y el PRD– señala la existencia del cobro de diezmos a los trabajadores por parte de Toledo.

Tras ello, la dirección nacional extraordinaria del PRD pidió al órgano de justicia interno iniciar un proceso para expulsar al ex jefe delegacional.

En el PRD iniciamos procedimiendos sancionatorios contra el diputado federal Mauricio Toledo por su presunta participación en casos de corrupción, extorsión, amenazas de muerte a opositores y por violencia electoral, indicó Ávila.

En tanto, Toledo emitió una carta a la opinión pública en la que señala ser blanco de intrigas y una campaña sucia orquestada dentro de mi propio partido, y aseguró que el proceso en su contra viola el debido proceso al haberse dictado sentencia previa.

La represalia es por razones políticas y proviene del grupo que durante años ha medrado con el partido y es responsable de la salida, entre otros, de los fundadores del PRD, indicó Toledo, además de considerar la reacción de su partido de muy bajo nivel.

Afirmó que buscan sancionarlo por votar en favor del Presupuesto de Egresos de la Federación, de la reforma que crea la Guardia Nacional y las reformas a la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

En respuesta, por medio de un comunicado, la dirigencia perredista negó que se orqueste una guerra sucia y defendió la legalidad del proceso. A quienes se les señale de cometer actos ilícitos, que asuman las consecuencias y no quieran hacerse víctimas argumentando que las decisiones en el PRD son represalias, indicó.