l comienzo de un nuevo ciclo escolar, que significó la vuelta a los salones de clases de millones de alumnos en miles de planteles públicos de los ciclos de prescolar, primaria y secundaria, representa un innegable y enorme esfuerzo familiar, social e institucional que debe ser reconocido, e involucra, además de a los propios educandos, a padres de estudiantes, docentes, funcionarios, entornos familiares e incluso sistemas de transporte y vialidad, lo mismo en los niveles municipal y estatal que en el federal.

El reconocimiento a la magna organización empeñada en la realización de cada regreso a clases y durante el año lectivo siguiente no debería soslayar, sin embargo, que el sistema educativo nacional se encuentra en medio de una polémica que ha ido mucho más allá de las aulas y de las oficinas del sistema de enseñanza pública: el debate en torno de la reforma educativa. En la medida en que en su momento las modificaciones legales correspondientes se llevaron a cabo sin una verdadera discusión previa y sin tomar en cuenta la opinión pedagógica y laboral de un sector significativo del magisterio que percibió la reforma mencionada como un agravio a sus derechos laborales y a sus propuestas educativas, habría sido imposible que la aplicación de las leyes modificadas se realizara sin conflictos. En efecto, éstos han estado presentes desde el momento mismo en que inició la reforma.

El pulso de fuerza entre corrientes sindicales de los profesores y las autoridades tuvo sus momentos más críticos durante todo el año pasado y se ramificó en confrontaciones y episodios trágicos, entre ellos la incursión policial del 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, que dejó varios muertos, decenas de heridos y una herida social que sigue sin cerrarse. Y aunque las expresiones más agudas del diferendo han amainado, el conflicto dista mucho de haber sido resuelto y en varias regiones del país el regreso a clases se da con el telón de fondo de la inconformidad magisterial por diversas disposiciones laborales y de contenidos pedagógicos incluidas en una reforma legal que en casi un lustro no ha podido ser aplicada a plenitud, un objetivo de difícil consumación en los 15 meses que le restan al sexenio en curso.

En tales circunstancias sería deseable que las partes emprendieran un nuevo esfuerzo negociador e hicieran acopio de voluntad política para efectuar concesiones y alcanzar acuerdos que garanticen un ciclo escolar fluido y armónico.