Aparte de la elección de juzgadores estatales en el año 2027, los diputados sostuvieron que con la reforma al Poder Judicial local, habrá “mayor rendición de cuentas, recuperar la confianza social en la justicia".

Acusaron que la presidenta Olga Regina García no hace nada por remediar la dilatación del 90% de las promociones y acciones judiciales.

Estas tendrán que estar relacionadas a comparecencias en materia de alimentos y violencia contra la mujer, adolescentes, niñas y niños.