Se trata de Juan Bernardo Corona Martínez, segundo secretario de Seguridad de Michoacán, quien es señalado por el presunto desvío de más de 3 mmdp destinados a la construcción de siete cuarteles de policía.
Hoy se resuelve si quedan vinculados a proceso Carlos Maldonado Mendoza, Mario Delgado Murillo, Elizabeth Villegas Pineda y Antonio Bernal Bustamante por provocar un daño patrimonial al estado por más de 3 mil 400 millones de pesos.
En el caso de los cuarteles investigados no hay proporción entre lo edificado y lo que se pagó por ello, porque cada uno de ellos esta evaluado en 80 millones de pesos, y el gobierno silvanista reporto cinco veces más de su costo.
Los cuatro acusados, del daño patrimonial de más de 3 mil 400 millones de pesos del estado de Michoacán, se acogieron a la duplicidad del plazo constitucional.
El operativo para llevar ante la justicia a Aureoles y sus colaboradores deriva de investigaciones de varios años de antigüedad en torno a la corrupción que marcó al sexenio del último gobernador perredista.
Se espera que en las próximas horas comparezcan ante un juez federal, que determinará si las detenciones fueron hechas de manera legal y se definirá su situación jurídica.
Sus seis años como gobernador de Michoacán fueron motivo de críticas y eran frecuentes las versiones sobre gastos y la frivolidad con que se comportaba.
Supera los mil mdp el desvío de recursos destinados a la construcción de cuarteles de policía que se realizó durante su gestión en Michoacán, indican reportes.
La suspensión del ex funcionario fenece el 1 de junio, así que podrá ejercer el puesto en caso de ganar la diputación federal por la que compite bajo el manto del PAN-PRI-PRD.
El ex gobernador perredista contrató obras a sobreprecio, simulando contratos, para la construcción de cinco cuarteles de la policía, señaló el mandatario Alfredo Ramírez.
El ex gobernador michoacano aseveró que la información que se difunde en medios es falsa y pidió a los gobiernos estatal y federal detener la persecución política en su contra.
El gobierno de Silvano Aureoles pagó 905 mdp por las instalaciones en Lázaro Cárdenas, pero un avalúo del Indaabin reveló que el costo real es de 131 mdp.
A través de una controversia que presentó el ex gobernador Silvano Aureoles, se pretendía que el gobierno federal administrara el sistema educativo ante la falta de recursos estatales.
Frente al Congreso estatal, militantes de Morena informaron que dos de sus legisladores fueron coptados para apoyar la desincorporación de los predios.
La coordinadora se manifestó para exigir el pago de salarios de la primera quincena de agosto y bonos por más de 700 millones de pesos, entre otras cosas.
Señalan que hay presión en el congreso estatal para que los diputados avalen la desincorporan de los seis edificios, cuyo valor es de 427 millones de pesos.
El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, amanezó a María del Carmen Bernal Martínez para que no votará a favor del desafuero de Francisco Cabeza de Vaca.
