Su desaparición está contemplada en el paquete de reformas constitucionales enviado por el presidente López Obrador al Congreso.

La dependencia emitió un comunicado público donde fija su postura tras la propuesta del Ejecutivo para cambiarla de adscripción.

Se proponen estrategias para definir protocolos de inteligencia contra el delito y una política criminal apegada a derechos humanos y de género.