Simultáneamente fueron retirados los bloqueos que desde el 22 de agosto mantenían habitantes en las tres entradas a la cabecera municipal.

Fernando José y Luis Armando López Méndez, así como el tesorero Erasto Velasco Velázquez, fueron retenidos la noche del domingo por habitantes de Oxinam que exigen la entrega del dinero para el mejoramiento de viviendas.

Habitantes de Nurió exigen mayores participaciones para la comunidad, la cual se rige por medio de usos y costumbres desde 2001.

Los habitantes de la localidad exigen a los acusados el pago de 335 mil pesos por su liberación.

La Fiscalía de Chiapas publicó la lista con los nombres y la fotografía de los 19 desparecidos.

Presuntos comuneros exigen la liberación de 164 personas que realizan labores de autodefensa

Aún permanecen retenidas sietes personas, cuatro iraníes y tres venezolanos, quienes están bajo investigación.

Los pobladores fueron retenidos y desaparecidos por el grupo de Autodefensas El Machete hace un año. Familiares de las víctimas acusan que la investigación no avanza.

Los inconformes hicieron destrozos en la presidencia municipal y se llevaron a cinco burócratas a la comunidad de Urapicho, Michoacán.

Familiares de 19 trabajadores pidieron la intervención de las autoridades estatales para lograr la liberación.

Habitantes de diversas comunidades iniciaron un bloqueo en las salidas de la comunidad de Puerto Rico para apoyar a los familiares de los campesinos detenidos.

Familiares de las personas detenidas se encuentran desplazados en San Cristóbal bajo amenazas de integrantes de los autodenominados El Machete.

Sus familiares colocaron cadenas con candados en los accesos del Congreso de Chiapas a modo de protesta.

Con la intervención de funcionarios de la Secretaría de Gobierno, ambos grupos se comprometieron a desistirse de las denuncias presentadas.

Los acusan de intentar secuestrar a un menor de edad y exigen a las autoridades realizar una auditoría a la administración del edil, Roberto Pinto Kánter.

Tres de los retenidos pudieron denunciar los hechos y la policía logró liberar a resto y detener a tres posibles responsables.

Después de dos horas y media de negociaciones y del pago de 40 mil pesos, los pobladores liberaron a los uniformados y cinco civiles.

Un familiar de los apresados señala que estos fueron detenidos por profesar otra religión y no cooperar para las fiestas patronales.

Ignacio Meza Echevarría y Deyanira Rosales, director general y encargada de carreteras, respectivamente, fueron retenidos y obligados a caminar.