Es una herramienta previstas en la ley para diseñar e implementar políticas públicas específicas, así como para la protección y reparación integral de las víctimas.
El arreglo de las piezas intervenidas tardó cinco meses y tuvo un costo aproximado de ocho millones de pesos, informó Jesús Esteva, secretario de Obras y Servicios de CDMX.