La obligatoriedad de transmitir dicho contenido es una “imposición del Estado”. Atenta contra derecho a la diferencia de las comunidades originarias.

Se aparta del marco constitucional e internacional de derechos de los pueblos indígenas, afirman organizaciones.

Preserva la obligación de las concesionarias de uso social y comunitarias e indígenas de transmitir los espots de partidos político.